La inseguridad sigue cobrando víctimas en Marcona, en Ica. Un video grabado antes del asesinato de Luis Miguel Ramírez Rondón, trabajador de una empresa minera, reveló detalles aterradores sobre las amenazas que recibió. En el material audiovisual, un extorsionador con acento extranjero le advierte que conoce todos sus movimientos y exige dinero para dejar en paz a su familia.
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“Si tú de verdad quieres a tus hijos, móntate en la película. Nosotros te tenemos ubicado desde hace rato, sabemos que trabajas en la mina, que frecuenta el muelle, tienes dos hijos y una hija. Los tenemos investigados desde hace una semana”, se escucha en la grabación.
“Necesito una colaboración para mi organización. No te estoy hablando grosero, no te estoy extorsionando, no te estoy pidiendo nada. Simplemente te estoy diciendo que colabores conmigo”, agrega el delincuente.
La noche del 22 de marzo, Ramírez Rondón fue brutalmente asesinado dentro de su vivienda en la Zona P, sector La Merced. Según las investigaciones preliminares, el minero se había negado a pagar a los extorsionadores, lo que habría desencadenado el crimen.
El asesinato ha generado pánico en la comunidad. Vecinos denuncian que la delincuencia organizada ha tomado el control del distrito, obligando a comerciantes y trabajadores a pagar cupos para evitar represalias. A pesar de las constantes denuncias, las acciones de las autoridades han sido insuficientes para frenar la ola criminal.
Horas después del homicidio, la Policía Nacional capturó a tres presuntos sicarios de nacionalidad venezolana: Willian Morillo Contreras (48), Luis Francisco González Molina (29) y Yamile Josefina Castillo Lipez (40). Durante la intervención, se les incautó un arma de fuego abastecida y dos motocicletas sin placa, presuntamente utilizadas en el crimen.
Los detenidos están siendo investigados por homicidio calificado en la modalidad de sicariato y otros delitos conexos. Sin embargo, la población teme que existan más involucrados en la organización criminal y exige una investigación exhaustiva para desmantelar la red de extorsionadores que opera en la zona.
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El gobierno peruano declaró recientemente el estado de emergencia en Lima y Callao debido al incremento de la criminalidad. Esta medida permite la suspensión de ciertas libertades civiles y la realización de arrestos sin órdenes judiciales durante 30 días. Se han desplegado 1,000 soldados adicionales y se han incrementado las patrullas en estaciones de tren y autobús.
Según estadísticas gubernamentales, en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en Perú, en comparación con los 674 de 2017. Además, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que en 2017.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la declaración del estado de emergencia no es suficiente para enfrentar la inseguridad ciudadana y ha instado a implementar medidas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.
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