Fiscalización electrónica: ¿cómo funciona la estrategia de la ATU para sancionar el transporte público informal?

El 21 de agosto, la ATU y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) iniciaron la ejecución de las acciones de fiscalización electrónica desde el Centro Integrado de Comunicaciones (CIC) de la comuna. A través de cámaras de seguridad ubicadas en puntos estratégicos en las avenidas Abancay, Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y Miguel Grau, en una semana se detectó a 97 vehículos que prestaban el servicio de transporte público de manera informal.

“Lo que buscamos desde la ATU no es sancionar, sino formalizar a los vehículos que brindan el transporte público informal para que los ciudadanos obtengamos un servicio de calidad”, sostiene Carlos Salazar, vocero de la ATU, a El Comercio.

Salazar afirmó que los propietarios de unidades que brindan el servicio de transporte público sin autorización pueden ser sancionadas con hasta 4 UIT (19 mil 800 soles).

Salazar explicó que la fiscalización electrónica se implementará progresivamente en las vías donde circula la mayor cantidad de vehículos que no tienen permiso para llevar pasajeros en alianza con distintas municipalidades de la capital.

La ATU ha firmado convenios de cooperación interinstitucional con 29 municipios de Lima, incluyendo a la MML. Estos compromisos permiten mejorar la eficiencia de los procesos de fiscalización del transporte informal: “A través de los convenios, acreditamos a fiscalizadores de transporte de cada municipalidad para que realicen labores de fiscalización en favor de la ATU. Entonces, nuestro de campo de fiscalización se amplía”, explicó Salazar.

Entre los compromisos que asume la entidad y las comunas, está la ejecución del ´Plan de fiscalización con medios electrónicos. Para ello, las municipalidades deben contar con cámaras de vigilancia en las vías bajo su jurisdicción donde circula una gran cantidad de vehículos de transporte público informal.

“La ejecución del plan de fiscalización electrónica corresponde a la segunda parte del convenio. Este año, logramos un acuerdo con la municipalidad de La Molina y San Borja para la fiscalización con tecnología en los tramos de la avenida Javier Prado que están bajo sus jurisdicciones”, detalla Salazar.

El vocero de la ATU señaló también que a fines de agosto y setiembre se concluirá el acuerdo con los municipios de Surco y San Miguel para implementar la fiscalización electrónica. Asimismo, indicó que esperan culminar las coordinaciones con las comunas de Lince, San Isidro y Magdalena a fines de setiembre.

“Tenemos pendiente con ellos terminar los acuerdos y establecer los puntos estratégicos para la fiscalización a través de las imágenes de video”, precisó Salazar.

Alta afluencia de transporte público informal...

Vías por distrito donde la ATU ejecutará la fiscalización electrónica

• Surco: Av. Benavides
• San Miguel: Av. La Marina
• San Isidro: Av. Javier Prado (en el tramo que está en su jurisdicción)
• Lince: Av. Arequipa (en el tramo que está en su jurisdicción).

Salazar explica que, a partir de los convenios de cooperación con los municipios, personal de la ATU trabaja en los centros de operaciones y vigilancia de cada municipalidad. De esta manera, junto con los fiscalizadores de cada comuna que han sido capacitados en operaciones de fiscalización electrónica, empieza la labor de inspección.

“Nuestro personal detecta a los vehículos de transporte informal en tiempo real a través de las cámaras de los municipios. Los fiscalizadores están atentos a una serie de patrones que realizan los conductores informales: abordar y desembarcar pasajeros en las esquinas, utilizar pegatinas donde se indica la ruta que siguen y llamar a pasajeros. Al detectar esta situación, rápidamente, el fiscalizador verifica si el vehículo está en nuestro registro y si es que cuenta con autorización para brindar el servicio de transporte público”, detalla Salazar.

Si se constata que el vehículo está realizando una labor informal, el personal capacitado inicia el informe de inspección: “Las pruebas del informe comprende la evidencia documental, obtenida por un fiscalizador, y las pruebas fotográficas y filmográficas que registran las cámaras de video”, manifiesta el vocero de la ATU.

Salazar señaló que el informe se envía al Órgano instructor de la ATU, que inicia el procedimiento administrativo sancionador. Una vez concluido, declara si el propietario es responsable o no de la infracción. “Si se determina que el titular es responsable, se le notifica para que ejerza su derecho de descargo. Sin embargo, es poco probable que el propietario consiga desvirtuar la sanción ante toda la evidencia que recabamos”, arguye el vocero.

Del total de 2.955 informes de inspección de vehículos de transporte público informal que ha detectado la ATU mediante la fiscalización electrónica, la entidad ha iniciado el proceso sancionador de 2.622 casos.

Asimismo, Salazar indicó que la multa para unidades que brindan el servicio de transporte público sin autorización es de 4UIT’s (19 mil 800 soles) de acuerdo con la infracción N-01 de la Ordenanza N°1599-MM.

“Si el titular no paga la multa, una vez que firme el procedimiento sancionador, el caso se envía al área de ejecución coactiva para que a través de un procedimiento de ejecución coactivo se pueda requerir el pago correspondiente. También se puede aplicar otras medidas que nos faculta la norma, como el secuestro conservativo de vehículo”, detalló.

“Si bien la ATU cuenta con depósitos de vehículos, hemos celebrado convenios con las municipalidades para que podamos usar los suyos. En ese caso, cuando se disponga el internamiento de cualquier vehículo en una fiscalización de campo o a través de medios electrónicos, este puede ser trasladado a los depósitos de la ATU o de los municipios”, agregó.