Así funcionaba la mafia que tomó el control del sur de Lima
Ana Briceño

La policía advirtió hace dos años que en algún momento los cabecillas de las mafias de construcción civil llegarían al poder político para “legalizar” sus ilícitos. El caso del alcalde del distrito de , en Cañete, Richard Ramos Ávalos, parece haberle dado la razón. 

“Ramos no incursionó en política preocupado por las necesidades de los vecinos de Chilca, sino para cumplir sus oscuros objetivos dentro de una organización dedicada a las extorsiones”, sostuvo ayer el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas. 

Ramos o ‘Colita’ fue albañil, maestro de obra y posteriormente formó una empresa constructora, que en la práctica se habría dedicado a la extorsión y al cobro de cupos a inmobiliarias formales, según las indagaciones de la policía. Su afán de convertirse en una autoridad municipal surgió a raíz de una estrecha amistad con Percy Cuya Huapaya, ‘Malambo’, un presunto extorsionador que le financió la campaña del 2014.

‘Malambo’ era socio de Jorge Anable Palacios, ‘Ruco’, dedicado al tráfico de terrenos y al cobro de cupos al sur de Lima. Fue así que, junto a Ramos, formaron la organización Los Rucos, que operaba desde el 2012 y cuyos actos ilícitos se estaban extendiendo hasta Ica. 

–Delincuencia y política–
El día que Richard Ramos ganó la alcaldía con 8.677 votos, la banda Los Rucos “tomó por asalto el municipio”, refirió una fuente de la policía. Desde entonces, el papel del alcalde fue, según el fiscal especializado en crimen organizado, Jorge Chávez, el de “otorgar terrenos de Chilca a los delincuentes de la red”, sin importarle que esas áreas tenían su propietarios legítimos. 

“Los delincuentes usurpaban terrenos y luego iban al municipio para que aparecieran como los posesionarios con fechas de inscripción anteriores a las que tenían los verdaderos dueños. Para eso contaban con trabajadores coludidos en el municipio de Chilca y el mismo alcalde”, precisó. No se sabe hasta la fecha el número de víctimas.

También se habrían apropiado de terrenos baldíos del municipio para traficar con ellos y venderlos a constructoras. Según información policial, cada parcela de mil metros cuadrados se vendía a más de S/5 mil. 

El viceministro Vargas remarcó que la organización manejaba empresas fachada de construcción que ganaban contratos y licitaciones en el municipio para hacerse cargo de las principales obras. “Funcionaban como un sindicato, pero se dedicaban a las extorsiones, cobro de cupos y atentados con armas de fuego. Exigían a las empresas formales que les paguen para supuestamente brindarles seguridad”, resaltó. 

Agregó que una de las empresas que se favoreció con “los servicios” que ofrecía la organización fue Agrícola Chilca. Este Diario intentó comunicarse con la compañía, pero no respondió nuestras llamadas. 

La organización también tenía entre sus integrantes a seis policías de la comisaría de Chilca, quienes se negaron a investigar las denuncias de amenazas de muerte que presentaban los afectados por esta red. No se sabe cuál era el porcentaje de dinero que recibía el alcalde como producto de las actividades ilícitas. 

Lo que sí ha asegurado la policía es que el alcalde habría usado el brazo armado de la organización conformado por sicarios para amedrentar a sus opositores políticos. “La policía está investigando la extraña muerte de un dirigente social de Chilca que promovía la revocatoria del alcalde. Fue atropellado. Habría otros dos crímenes ligados a esta red”, puntualizó Vargas.  

Según fuentes de la fiscalía, algunos detenidos de la organización se acogerían a la confesión sincera. 
 
–El caos del sur–
El ‘boom’ inmobiliario en el sur de Lima en los últimos años trajo consigo el aumento de extorsiones y disputas de las obras entre mafias de construcción civil. En el 2013 hubo 14 asesinatos relacionados a enfrentamientos entre supuestos sindicatos. En el 2014, la cifra aumentó a 24. En el 2015 en Cañete operaban 38 supuestos sindicatos de construcción. Según la fiscalía, las mafias de esta provincia lavan dinero proveniente de las extorsiones en construcciones de hoteles, restaurantes y discotecas. 

Una de las primeras medidas que adoptó Daniel Urresti cuando fue ministro, en el 2014, fue crear la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles, pero nunca fue implementada. “La dirección se desactivó en diciembre y ahora somos un departamento”, aseguró un oficial que investiga a mafias de construcción. 

El oficial remarcó que lamentablemente el Ministerio de Trabajo no hace un filtro adecuado de las personas que forman parte de los sindicatos y por eso “hay hasta homicidas y secuestradores” en estos. Este Diario solicitó información al Ministerio de Trabajo sobre las medidas que adoptan para frenar este ilícito y los resultados que han obtenido, pero no se pronunció. Durante un recorrido por Chilca, los vecinos se quejaron por el aumento de la delincuencia y por las estafas en la compra de terrenos. 

El ministro Carlos Basombrío adelantó que hay más autoridades vinculadas con delincuentes que caerían en los próximos meses.

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