Gobierno declara emergencia sanitaria por brote de sarampión en Lima, Callao y otras 12 regiones

El Gobierno peruano declaró la emergencia sanitaria por un periodo de 90 días ante el brote de sarampión con transmisión local confirmada en la región Puno y el elevado riesgo de expansión del virus hacia Lima Metropolitana, el Callao y otras 12 regiones del país.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 008-2026-SA, publicado en el diario oficial El Peruano, y busca contener la propagación de la enfermedad en un contexto marcado por bajas coberturas de vacunación y alta vulnerabilidad poblacional.

La disposición comprende a Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y las regiones de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

Según el decreto, la declaratoria responde a la recomendación del Comité Técnico del Ministerio de Salud (Minsa), que confirmó la transmisión local del sarampión en Puno y advirtió un riesgo elevado de diseminación en distintas zonas del país.

El objetivo central de la emergencia es reducir el impacto sanitario del brote mediante acciones inmediatas de vigilancia epidemiológica, vacunación extramural, comunicación de riesgos y fortalecimiento de los servicios de salud.

La norma encarga la ejecución del plan de respuesta al Minsa, al Instituto Nacional de Salud (INS), a las Direcciones Regionales de Salud y a otras entidades del sector sanitario.

El Ejecutivo sustentó la decisión en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política, que garantizan el derecho a la protección de la salud, así como en la Ley General de Salud y el Decreto Legislativo Nº 1156, que faculta la declaratoria de emergencias sanitarias ante situaciones de alto riesgo para la población.

De acuerdo con el texto oficial, la medida se adoptó luego de que la Alerta Epidemiológica AE-CDC-Nº005-2025, emitida el pasado 7 de abril, advirtiera sobre la transmisión local de sarampión en Puno y alertara sobre el peligro de expansión hacia otras regiones.

La alerta epidemiológica instó a las instituciones de salud públicas y privadas a reforzar la vigilancia de casos, cerrar brechas de vacunación e intensificar campañas de promoción y prevención.

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El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa identificó un alto riesgo de propagación debido al acumulado de personas susceptibles y a las bajas coberturas de inmunización en diversos grupos etarios, además de la presencia de brotes activos en otros países de la región.

El decreto dispone también la contratación prioritaria de bienes y servicios destinados exclusivamente a la atención de la emergencia sanitaria. El financiamiento se realizará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas.

Asimismo, las instituciones responsables deberán presentar un informe detallado sobre las actividades ejecutadas y los recursos utilizados una vez concluido el periodo de emergencia.

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