Huelga judicial ha estancado más de 29 mil procesos de familia
Huelga judicial ha estancado más de 29 mil procesos de familia
Redacción EC

Max Ruiz Rivera, secretario general de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, pidió a Fredy Otárola, presidente del Congreso de la República, agendar el proyecto de exclusión de los trabajadores judiciales de la Ley Servir para que sea debatido en el pleno.

Con esto, los agremiados esperan que se absuelva una de sus exigencias para levantar la huelga nacional indefinida que mantienen desde hace 29 días.

"Somos concientes del daño social que está causando la huelga, pero la solución no depende solo de los trabajadores. Infructuosamente hemos tratado de entablar diálogo con el Gobierno y el Congreso para que se respete la autonomía del Poder Judicial y para que se cumpla lo que está regulado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que su Concejo Ejecutivo regula la normativa laboral de sus trabajadores", señaló Rivera esta mañana en Canal N.

El secretario refirió que la federación que representa también ha explicado su posición en un proyecto de ley de la Carrera del Auxiliar Juridiccional, cuyo debate también espera sea agendado en el Congreso.

PROCESOS TRUNCOS

Hasta el momento, la huelga de trabajadores judiciales ha impedido resolver 29.204 procesos de familia, informó ayer la Corte Suprema de Justicia.

Detalló que entre los casos más sensibles figuran procesos por alimentos (10.976) y de violencia familiar (10.136), lo que juntos significan el 72,3% por ciento de los casos en la especialidad de familia.

Asimismo, refirió que la paralización de labores afecta sensiblemente a madres e hijos que se encuentran a la espera de una resolución que ordene el pago de alimentos, así como el cese de la violencia familiar.

Para el Poder Judicial, la medida de fuerza que acatan 22.000 servidores judiciales representa un significativo retraso para la administración de justicia del país.

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza comentó que “el Ejecutivo debe considerar con mucha seriedad este grave daño a la sociedad peruana”.