Luis Silva Nole

Los establecimientos penales del Perú –67 en total– tienen una capacidad para albergar a 33.292; sin embargo, la población penitenciaria hoy asciende a más del doble: 77.379 personas. No obstante, poco se conoce del perfil de los internos.

Es por ello que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) elaborarán por primera vez un censo nacional penitenciario.

Los datos recogidos darán información sobre variables socioeconómicas de los presos, como la estructura familiar y el lugar de procedencia. Así también se preguntará sobre el nivel educativo alcanzado por el reo y su estado de salud. El objetivo del censo es que esta información pueda ser utilizada por el Estado para elaborar políticas públicas de prevención contra el delito y de reinserción social.

El censo, que tomará una semana, se llevará a cabo entre marzo y abril próximos. El sector Justicia definirá la fecha exacta, luego de que analice y apruebe el presupuesto. El censo será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, según el jefe del INEI, Víctor Sánchez Aguilar.

El anuncio fue dado a conocer por Sánchez y por su par del INPE, Julio Magán Zevallos, con ocasión de la firma de un convenio marco de cooperación interinstitucional.
 
Lanzan alerta sobre flagrancia
A través del Decreto Legislativo 1194, a fines de noviembre pasado entró en vigencia el proceso rápido por delito flagrante. Con este nuevo procedimiento, tras la denuncia fiscal, el Poder Judicial dicta sentencia en un plazo no mayor de tres días. 

Bajo este proceso inmediato Silvana Buscaglia fue sentenciada a 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad a fines del año pasado, por agredir a un policía en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Hasta finales de diciembre pasado los juzgados de flagrancia tramitaron 2.047 procesos de este tipo en todo el país.

Julio Magán resaltó la efectividad de los procesos rápidos; sin embargo, lanzó la alerta de que los continuos ingresos por flagrancia a penales harán que colapse aun más la ya atiborrada capacidad de las cárceles.

“El Poder Judicial creará 156 órganos para los procesos por flagrancia. Si al mes cada órgano manda a la cárcel a 10 personas, habrá más de 1.500 reos adicionales cada mes; es decir, más de 17 mil cada año. Será un caos. Deben barajarse otras alternativas de castigo para delitos que no merecen cárcel”, dijo Magán.

Proporcionalidad
El presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo, afirmó a inicios de mes que el proceso de flagrancia es una respuesta eficaz e inmediata de la justicia contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, anunció que ha dispuesto que el Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial elabore una propuesta legislativa para modificar la tipificación y delimitación de la pena en los delitos contra la administración pública, de violencia y resistencia a la autoridad. Ello con el objetivo de que las penas sean proporcionales.

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