Infractores de tránsito deben más de S/.400 millones en multas
Infractores de tránsito deben más de S/.400 millones en multas

Inaudito. El mismo vehículo pirata que causó un accidente en San Juan de Lurigancho y dejó a 12 personas heridas el lunes 21 de setiembre, fue sin brevete en la avenida Arequipa, cuyo carril es de uso exclusivo del corredor azul.

El conductor Manuel Haylas Supo, de 26 años, se dio a la fuga tras ser detenido por la policía.  La coaster que fue retenida por fiscalizadores de la Municipalidad de Lima recibió más de 350 multas por infracciones graves y muy graves que suman cerca de un millón y medio de soles.

La deuda por multas correspondientes a infracciones vehiculares, de transporte público y privado, supera los S/.400 millones en Lima Metropolitana, según fuentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

LOS MÁS MULTADOS

Orión es la empresa de transporte público que tiene más multas en su haber. Debe más de 12 millones de soles a junio de este año y tiene la autorización de ocho rutas que atraviesan Lima y Callao. Le siguen Solidaridad S.A. y ATCRSA y Translima, cuyas rutas han sido autorizadas por la Municipalidad de Lima.

De las 10 empresas con multas más elevadas sin pagar, 4 recorren rutas autorizadas por el Callao y 6 por Lima. Solo estas 10 empresas deben más de S/.50 millones. 

FISCALIZACIÓN

El SAT solo cuenta con 50 fiscalizadores para realizar intervenciones fortuitas en distintos puntos de la ciudad. Ellos, sumados a los 1.100 fiscalizadores de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, son los únicos autorizados para enviar al depósito los vehículos que tengan multas pendientes. La policía de tránsito no tiene las competencias para intervenir en la fiscalización del transporte público, ya que solo puede sancionar a conductores o detener un vehículo cuando este tiene una orden judicial.

RETRASOS EN EL PAGO

Solo el 20% de la deuda está en medio de un procedimiento de ejecución coactiva. Es decir, el uso de mecanismos coercitivos legales por parte del SAT para embargar los bienes muebles o inmuebles del infractor. El resto está entrampado en una serie de procesos judiciales que los propietarios y conductores inician para dilatar el pago, explicó el gerente de Ejecución Coactiva del SAT, Adrián Zárate, a El Comercio. “Lamentablemente, tenemos normas administrativas muy permisivas. Los dueños de estos vehículos buscan la impunidad a través de estos medios”, declaró Zárate.

Cualquier ciudadano, según la Ley 26979, tiene derecho a presentar una revisión judicial si está disconforme con la manera en que ha sido llevado el procedimiento coactivo. Esto se ve ante las Salas Contenciosas Administrativas del Poder Judicial.

“Cuando esto sucede, el proceso se detiene. Si el vehículo está en el depósito del SAT, este debe liberarlo. El infractor no paga la deuda hasta que haya una sentencia firme en la Corte Suprema, que es la última instancia. Este proceso puede durar muchísimos años”, exclamó una funcionaria del SAT.

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