
El 17 de marzo, los estudiantes de primaria y secundaria de colegios públicos regresarán a clases, mientras que en los colegios privados las clases comenzaron en la primera semana de marzo. A raíz de esto, el inicio del año escolar ha generado preocupación en muchos padres de familia, especialmente debido a la incertidumbre sobre qué puede exigir un colegio en términos de recursos y materiales necesarios para que los alumnos puedan estudiar.
Los preparativos para el colegio comúnmente representan un gasto significativo para las familias. Ante ello, el Ministerio de Educación (Minedu) y especialistas en educación han compartido con El Comercio las disposiciones sobre las obligaciones de los colegios privados y públicos.
Y es que, al cierre de 2024, el Indecopi reportó que la infracción más recurrente en colegios privados a nivel nacional fue la falta de idoneidad, que principalmente se traduce en el direccionamiento en la compra de útiles escolares y uniformes. Esta infracción representó el 79% de las sanciones impuestas por la institución.

El uniforme escolar
Según el Minedu, los colegios públicos no pueden exigir la compra del uniforme escolar ni condicionar la matrícula o la asistencia a clases a su uso. Es decir, ningún estudiante puede ser impedido de ingresar a la escuela por no llevar el uniforme reglamentario. Además, no se puede obligar a los padres a adquirir los uniformes en establecimientos específicos, evitando así prácticas comerciales abusivas.
En los colegios privados, la situación es diferente. Estos sí pueden exigir el uso del uniforme escolar, pero solo si está contemplado en su Reglamento Interno (RI) y si esta disposición ha sido comunicada previamente a los padres de familia. Esto incluye no solo el uniforme formal, sino también otros elementos de vestimenta, como zapatillas blancas u otros accesorios específicos. Sin embargo, cualquier requerimiento debe ser informado con antelación, garantizando la transparencia y el respeto por los derechos de los estudiantes y sus familias.

Aunque los colegios privados pueden exigir el uso de uniforme, la compra no puede ser condicionada a un proveedor elegido por la institución. Los padres o tutores tienen la libertad de elegir dónde adquirir los uniformes, por lo que ninguna institución educativa, ya sea pública o privada, puede obligar a las familias a comprar los uniformes en establecimientos específicos o exclusivos designados por el colegio.

Si un colegio incumple esta normativa, los padres pueden presentar denuncias ante las autoridades correspondientes. Las quejas pueden gestionarse a través de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) o el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Compra de útiles
Con el regreso a clases, la compra de útiles y textos escolares se convierte en una preocupación para muchas familias debido a la considerable inversión que representa. El Indecopi ha enfatizado que los colegios privados no pueden exigir la compra inmediata de la lista completa de útiles desde el primer día de clases, ni solicitar productos ajenos al proceso de aprendizaje, como artículos de limpieza o de uso institucional.
Asimismo, el organismo recalca que los padres tienen derecho a participar en el proceso de selección de textos cada vez que el colegio decida realizar un cambio en su material de enseñanza. Este derecho puede ejercerse de manera individual o mediante comités de aula.

Los padres también pueden optar por comprar libros de segunda mano. Es decir, los colegios no pueden obligar a comprar libros nuevos. La única excepción son los cuadernos de trabajo, tareas o actividades, que, por su naturaleza, se completan una sola vez y no pueden ser reutilizados.
Análisis
En una entrevista con El Comercio, el director de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, Luis Quintanilla, explicó que, en lo referente a los útiles escolares, los colegios privados no pueden exigir que todos los materiales sean adquiridos desde el primer día de clases. "Se establece un plazo gradual para la entrega de los materiales, el cual no debe ser menor a 30 días calendario desde el inicio del año escolar. Además, la normativa vigente prohíbe que las instituciones educativas privadas obliguen a los usuarios del servicio educativo a comprar uniformes o materiales en establecimientos exclusivos“, indicó.
Quintanilla también señaló que se prohíben los pagos adicionales obligatorios, como cuotas extraordinarias a través de bingos o rifas. En relación con las instituciones educativas privadas, destacó que existe la obligación de proporcionar información a los usuarios antes del inicio del proceso de matrícula y antes de que finalice el año escolar. Además, recordó que la Ley N.º 26549 establece la obligación de devolver la cuota de ingreso en caso de traslado de matrícula o retiro voluntario del estudiante.

Daniel Alfaro, fundador de Pirka Consultoría y exministro de Educación, indicó a El Comercio que en las zonas de pobreza los padres no tienen acceso a la compra de uniformes para sus hijos, por lo que en esas instituciones educativas públicas se debe proporcionar el uniforme como un recurso para el aprendizaje. "En los colegios donde sí se tiene la posibilidad, no se puede prohibir el acceso al colegio por no tener el uniforme. Por otro lado, en el sector privado, si el presupuesto es limitado, es mejor invertirlo en lo que realmente contribuya a una mejor calidad educativa; muchas veces los uniformes no representan esa mejora“, afirmó.
"En cuanto a los útiles escolares, estos son fundamentales para el proceso educativo. En los colegios públicos, los libros se distribuyen de manera gratuita. Útiles como cuadernos, lápices, entre otros, también son necesarios. En los colegios privados, los útiles deben solicitarse de manera justa y no se debe seleccionar proveedores específicos“, añadió.
Sobre la necesidad del uniforme, Alfaro consideró que existen prendas de mejor calidad que las ofrecidas por los proveedores de uniformes y que, además, pueden ser más económicas y útiles. "Es necesario estar abiertos a la idea de que los estudiantes puedan asistir al colegio con ropa no estandarizada. Como sociedad, nos cuesta aceptar esto debido a nuestra cultura“, concluyó.

Ángela Bravo, educadora y directora general de Enseña Perú, informó a El Comercio que, si bien hay avances importantes en cuanto a la regulación, destacó que es necesario seguir fiscalizando. “En las escuelas públicas, la continuidad del escolar no está condicionada a la compra de uniformes o útiles. En cuanto a las escuelas privadas, entendemos que estas instituciones requieren ciertos materiales para operar, pero aún no está completamente claro hasta qué punto se asegura el derecho a la educación”, comentó.
“Además, no hay una relación directa entre el uso de uniformes y la calidad educativa; es un tema más protocolario e identitario. En cuanto a los útiles escolares, la situación es más compleja. En las escuelas públicas no hay obligación de pedir materiales. En los colegios privados, existen comités de padres que eligen, junto con la escuela, cuáles deberían ser los textos. Por lo tanto, las familias sí pueden participar. No es necesario tener una lista de útiles excesiva; se pueden utilizar materiales más concretos, y los materiales del Estado están disponibles”, agregó.
Por otro lado, el abogado especializado en Derecho Administrativo Económico, Juan Ñahue, comentó que este tipo de prácticas pueden afectar la economía familiar. "La compra de uniformes específicos y útiles escolares puede representar un gasto considerable para las familias de bajos ingresos, que ya enfrentan dificultades financieras. Esto puede llevar a que prioricen estos gastos sobre otras necesidades básicas. Además, las exigencias de uniformes y útiles escolares pueden acentuar la desigualdad entre los estudiantes, ya que aquellos que no pueden cumplir con estas demandas pueden sentirse estigmatizados“, señaló.
En cuanto a la implementación de nuevas regulaciones, Ñahue sugirió que sería beneficioso establecer normativas que flexibilicen estas exigencias, permitiendo opciones más asequibles o la posibilidad de usar ropa de calle que cumpla con ciertos criterios de presentación, lo cual aliviaría la carga económica.

¿Cómo reclamar?
Al cierre de 2024, el Indecopi reportó que la infracción más recurrente en colegios privados a nivel nacional fue la falta de idoneidad, que principalmente se traduce en el direccionamiento en la compra de útiles escolares y uniformes. Esta infracción representó el 79% de las sanciones impuestas por la institución. Durante el año pasado, el Indecopi impuso 75 sanciones a colegios privados de los tres niveles formativos (inicial, primaria y secundaria). Del total, 30 correspondieron a amonestaciones y 25 a multas, todas valoradas por un total de 250.9 UIT (unidades impositivas tributarias).
De acuerdo con la institución, después de la falta de idoneidad, se encuentran la falta de información sobre las condiciones económicas (6%) y la falta o negativa de brindar el Libro de Reclamaciones, ya sea en formato físico o virtual (4%). El 11% restante corresponde a sanciones por cobro de cuotas extraordinarias, casos de discriminación, incumplimiento de obligaciones relacionadas con las normas sobre prevención de acoso escolar, exigencia de la presentación de la totalidad de útiles escolares al inicio del año, entre otros.
Es importante recordar a la comunidad educativa que los órganos resolutivos del Indecopi tienen facultades para imponer sanciones que pueden ir desde una amonestación o llamado de atención hasta las 450 UIT, lo que equivale actualmente a S/ 2.407.500. Precisamente, con el fin de que los padres de familia tomen mejores decisiones de consumo, el Indecopi cuenta con la herramienta “Mira a quién le compras”, para conocer los proveedores del sector educativo que han sido sancionados por la entidad por infringir la normativa de protección al consumidor.
Además, la entidad ha dispuesto un canal de denuncias anónimas. Los padres pueden realizar sus quejas a través del correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe, la plataforma "Reclama Virtual". También está disponible la línea de contacto para Lima (224-7777) y para el resto de las regiones del país, mediante el número gratuito 0800-4-4040.