Advierten graves consecuencias en 68 cárceles del país por huelga de trabajadores del INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha anunciado la ilegalidad de la huelga indefinida iniciada el 16 de agosto del 2024 por el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (Sintrap) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del INPE (SINTPE INPE). La decisión, firmada por Federico Javier Llaque Moya, presidente del INPE, se basa en las resoluciones emitidas en el diario oficial El Peruano, que destacan la improcedencia de la medida de fuerza según la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

“La huelga fue declarada improcedente, y su continuación constituye una acción ilegal”, establece la Resolución Presidencial Institucional Nacional Penitenciario N° 195-2024-INPE/P. Esta normativa subraya que la huelga en cuestión, llevada a cabo por los sindicatos Sintrap y SINTPE, afecta el funcionamiento de servicios públicos esenciales, como los establecimientos penitenciarios, que deben operar conforme a las leyes vigentes.

Demandas de los trabajadores

Los sindicatos que lideran la protesta exigen un incremento salarial y mejoras en las condiciones laborales. Según los trabajadores, sus remuneraciones actuales son insuficientes para cubrir el costo de vida.

En una entrevista con El Comercio, Ángel Llancari Villavicencio, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP-INPE), detalló las principales demandas salariales y laborales que los sindicatos están planteando al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Llancari Villavicencio argumentó que las solicitudes actuales están motivadas por la falta de ajustes salariales durante más de una década.

“El reajuste de nuestra remuneración está pendiente desde hace 12 años”, afirmó Llancari. “Desde esa fecha, no hemos recibido ningún incremento en nuestros salarios. Aunque era necesario un reajuste, hasta ahora no se ha hecho nada al respecto”, dijo. La remuneración actual de los trabajadores penitenciarios, según el sindicato, se ha mantenido en 2.200 soles desde el 2012. Subrayó que el sindicato busca un aumento que lleve la remuneración a un rango de entre 3.000 y 3.124 soles.

Además del incremento salarial, el sindicato ha planteado varias mejoras en las condiciones laborales. Llancari destacó que desde hace años se han negociado mejoras colectivas que aún no se han cumplido. “Estamos exigiendo la entrega adecuada de alimentos al personal administrativo, un asunto que sigue pendiente”, explicó. Asimismo, el sindicato lucha por la compensación de horas extras para el personal de seguridad, que actualmente trabaja entre 200 y 300 horas adicionales sin la debida compensación. Consideró que estas mejoras son fundamentales para garantizar que los trabajadores se sientan valorados y puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva.

Impacto en los centros penitenciarios

La huelga ha tenido un impacto significativo en los 68 centros penitenciarios del país. La situación se ha vuelto crítica en lugares como el Penal de Lurigancho, donde se han reportado restricciones en las visitas, así como en la entrega de alimentos y medicamentos a los internos. Desde el inicio de la protesta, los familiares de los reclusos han enfrentado severas dificultades para acceder a los centros y proveer suministros esenciales a sus seres queridos.

La situación es aún más alarmante para aquellos internos que sufren de enfermedades crónicas. Las restricciones también han causado un desabastecimiento crítico de medicamentos, lo que ha puesto en riesgo la salud de los internos.

Ante ello, Llancari Villavicencio señaló que se han tomado medidas para garantizar que las actividades esenciales continúen. “Nos aseguramos de que la salud, la seguridad y los suministros básicos sigan disponibles, mientras que otras actividades que no son críticas se suspenden o se limitan temporalmente hasta que se resuelva el conflicto”, explicó. Reconoció que estas restricciones causan inconvenientes a los familiares y a los internos, pero defendió que son una herramienta necesaria para presionar por las demandas del sindicato. “Nuestra intención es minimizar el impacto negativo y centrarnos en las necesidades más urgentes durante la huelga”, aseguró.

Descargos

El Comercio se contactó con el INPE para obtener declaraciones sobre sus recientes medidas laborales. En respuesta, el equipo informó que “está atendiendo las diversas demandas de los sindicatos. Hemos gestionado ante la Oficina de Normalización Previsional (ONP) el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) - Pensión para todos los trabajadores a nivel nacional. Este seguro tiene como objetivo otorgar prestaciones económicas en casos de incapacidad o fallecimiento debido a un accidente de trabajo o enfermedad profesional. La cobertura en caso de invalidez total corresponde al 100% de la remuneración promedio, entre otros beneficios, y entrará en vigencia en septiembre del 2024″, comunicaron.

“En el marco de la Ley N° 31657, en el 2023 se incorporaron un total de 1.450 servidores a nivel nacional. El primer proceso de incorporación del año se completará en agosto del 2024, y en septiembre del 2024 comenzará el segundo proceso, con la integración de 1.116 servidores adicionales. Además, se ha gestionado la asignación presupuestal para nuevos procesos en el 2025, habiéndose previsto los recursos necesarios para ello”, añadieron.

El INPE también destacó que ha tramitado un incremento en la Remuneración Integral Mensual (RIM) bajo la Ley N° 29079 para los trabajadores sujetos a este régimen laboral. Este incremento se encuentra actualmente en evaluación por parte del órgano competente del Poder Ejecutivo. “El Consejo Nacional Penitenciario continuará realizando gestiones al más alto nivel para concretar mejoras en las condiciones laborales, que respondan a las justas expectativas de los trabajadores penitenciarios, y que dignifiquen y propicien su bienestar y el de sus familias”, concluyó.

Ángel Llancari Villavicencio consideró que la respuesta del INPE a las demandas del sindicato ha sido insatisfactoria. “Estas medidas parecen ser un intento de confundir a la opinión pública”, afirmó. Añadió que, a pesar de haber sido informado desde el año pasado sobre la implementación de estas medidas, “hasta ahora no se han llevado a cabo”. Llancari Villavicencio acusó al INPE de utilizar estas acciones como un medio para calmar a la población en lugar de abordar las demandas de manera efectiva. “La situación en los penales es crítica y, lamentablemente, el INPE ha mostrado insensibilidad hacia nuestras preocupaciones y ha sido lento en tomar medidas concretas”, sostuvo.

Los problemas

Según Percy Castillo, experto en derechos humanos y seguridad ciudadana, “la principal complicación es que la falta de personal afecta la seguridad y el orden en los centros penitenciarios”. Castillo explica que, cuando los trabajadores no cumplen con sus turnos, se vuelve difícil mantener la estabilidad dentro de los penales, lo que puede llevar a la restricción de alimentos y visitas. Esta falta de supervisión aumenta la tensión y puede comprometer la seguridad general de los establecimientos.

El impacto de la huelga en los derechos de los internos, especialmente aquellos con necesidades médicas críticas, es considerable. Castillo destaca que “la falta de alimentos y medicamentos puede poner en riesgo la salud de los reclusos. Para mitigar estos problemas, es crucial que se mantenga un nivel mínimo de personal encargado de la atención médica y el suministro de necesidades básicas. Aunque la huelga puede limitar algunas funciones, es necesario asegurar que los internos con condiciones médicas reciban la atención adecuada y que sus visitas médicas continúen”, dijo.

Castillo señala que equilibrar las demandas de los trabajadores con el mantenimiento del orden en los centros penitenciarios es un desafío importante. A su juicio, “la inversión en el sistema penitenciario es urgente y necesaria. Los trabajadores penitenciarios han sido históricamente subestimados, y sus condiciones laborales han sido descuidadas”. Castillo recomienda prestar mayor atención a sus necesidades mediante mejoras salariales, contratación de seguros adecuados y una inversión general en sus condiciones laborales. Según él, implementar estas mejoras contribuiría a una mayor estabilidad en los centros penitenciarios y permitiría manejar los conflictos laborales sin comprometer la seguridad y el bienestar de los internos y sus familias.

Escapatoria de interno y su impacto

La huelga también ha tenido repercusiones inesperadas, incluyendo la reciente fuga de un interno del Penal de Chiclayo. Idubis Trujillano Bustamante, un suboficial de la Policía Nacional condenado a cadena perpetua por violación de su hija, escapó del Hospital Regional de Lambayeque, donde había sido trasladado por hemorragia gastrointestinal y síndrome anémico. El escape ocurrió alrededor de las 05:30 horas.

El INPE ha confirmado el escape y ha comunicado a la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar las acciones de búsqueda y recaptura. Además, el Ministerio Público ha sido informado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. La Oficina de Asuntos Internos del INPE también ha abierto una investigación para determinar la responsabilidad administrativa y disciplinaria del personal involucrado en el caso.

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