Inquilina morosa se queda con casa en La Molina y hasta realiza obras ilegales: el drama de los propietarios

La pareja denuncia que una inquilina se niega a abandonar su vivienda, ubicada en la calle Miami, manzana A, lote 5, en el distrito de La Molina, pese a no pagar la renta desde octubre de 2023 y haber realizado modificaciones radicales que habrían deteriorado seriamente la infraestructura del inmueble. A ello se suma que, según indican, la ocupante continúa en el lugar pese a existir una orden judicial de desalojo en su contra.

Además de la deuda acumulada y el daño ocasionado a la propiedad, los vecinos del sector también han expresado reiteradas quejas debido a que dentro de la vivienda presuntamente se estaría criando perros para la venta y se organizarían fiestas de manera frecuente, generando ruidos molestos.

En diálogo con El Comercio, Miguel Ángel Pedreschi explicó que todo se remonta al 29 de febrero de 2012, fecha en la que se firmó el contrato de arrendamiento con la inquilina Sara Silupu Albornoz. Dicho contrato se fue renovando año tras año sin inconvenientes. “Hasta setiembre de 2023 nunca tuvimos problemas. Sin embargo, tras recibir constantes denuncias de los vecinos, decidimos acercarnos al inmueble para pedirles que, por favor, nos lo entregaran en diciembre de 2023”, relató.

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Fue durante esa visita cuando, según el propietario, constataron el estado en el que se encontraba la vivienda. “Nos percatamos de que dentro de nuestra propiedad había perros y gatos, tanto sueltos como enjaulados. La señora y su hija, Zhoe Soledad Silupu Albornoz, nos permitieron ingresar y comprobamos que en el baño de servicio habían retirado el inodoro y que allí permanecían los perros de mayor tamaño. Todo indica que se dedicarían a la venta de mascotas”, agregó.

La situación se agravó en diciembre de ese mismo año, cuando la pareja regresó al inmueble con la intención de dialogar nuevamente. Esta vez, afirman, ya no les abrieron la puerta. “Nos dijeron que no querían hablar con nosotros y que todo lo veríamos con sus abogados. En ese momento entendimos claramente que no tenían la intención de irse de la casa”, expresó.

Ante ello y por recomendación legal, decidieron esperar hasta febrero de 2024, fecha en la que vencía el contrato de arrendamiento, con el objetivo de iniciar una conciliación. Al no llegar a ningún acuerdo, procedieron a presentar una demanda judicial.

La Corte Superior de Justicia de Lima Este ordenó el desalojo de la inquilina y de su hija. Sin embargo, dicha orden no ha sido acatada hasta la fecha. “Ellas alegan que han realizado reparaciones en la casa y que por eso nosotros les deberíamos 15.000 dólares. Dicen que, una vez pagado ese monto, recién se irían. Eso es absurdo, porque lo que han hecho es destruir completamente nuestro inmueble. No tiene ningún sentido lo que afirman”, señaló Pedreschi.

El propietario precisó que tanto él como su esposa siempre han tenido la intención de conciliar. Por ello, están a la espera del 5 de marzo, cuando la Segunda Sala deberá ratificar la orden de desalojo para que el proceso pueda ejecutarse. “Desde que empezó todo este problema no nos han pagado absolutamente nada. En total, desde octubre de 2023 nos deben 137.900 soles”, aseguró.

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Falsificación de firmas

A este conflicto se sumó posteriormente un hecho que los propietarios califican como aún más grave. Debido a las constantes quejas vecinales por el presunto criadero de animales y el ruido ocasionado por reuniones frecuentes, personal de Serenazgo acudió en varias oportunidades al inmueble. No obstante, según la pareja, la inquilina reaccionaba de forma agresiva y exigía que cualquier intervención se realizara únicamente con una orden judicial.

“Lo más indignante es que, pese a que ya existe una orden de desalojo en trámite, la situación continuó. Por las molestias generadas, los vecinos exigieron a la mujer que redactara un documento con sus descargos para presentarlo ante la Municipalidad de La Molina. Sin embargo, con la ayuda de su hija, ese escrito fue presentado con nuestras firmas falsificadas, con la clara intención de hacer creer que nosotros éramos los responsables de todas esas faltas”, denunció.

La pareja sostuvo que este hecho es sumamente grave, ya que se les estaría atribuyendo multas de hasta 3 mil soles por las incomodidades generadas por la inquilina. “Cuando la municipalidad nos mostró el documento, aclaramos de inmediato que esas no eran nuestras firmas. Posteriormente, la Procuraduría presentó una denuncia ante la Fiscalía contra la hija, quien fue identificada como la autora de la falsificación”, explicó.

De acuerdo con los denunciantes, las investigaciones confirmaron la falsificación de firmas, por lo que actualmente la Fiscalía solicita ante el Primer Juzgado de La Molina una condena de dos años de cárcel efectiva contra la hija de la inquilina.

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Antecedentes

Miguel Ángel Pedreschi y su esposa también indicaron que, tras realizar indagaciones posteriores a los conflictos vividos, descubrieron que la inquilina cuenta con denuncias previas por usurpación de propiedad y un caso de estafa. “Es así como nos damos cuenta de que ambas son personas complicadas, que no solo no pagan el alquiler ni se quieren ir, sino que además son agresivas y actúan de mala fe e ilegalmente”, señaló Luz Jannette Mejía.

Finalmente, la propietaria expresó su frustración por la situación que atraviesan. “Nosotros no vivimos en Lima, sino en Arequipa, y estas mujeres se aprovechan de eso para quedarse en nuestro inmueble y hacer lo que quieren. Nos perjudican porque incluso pretenden que asumamos multas que les imponen a ellas. Es lamentable sentir que, pese a existir una orden judicial, no podemos recuperar nuestra propiedad”, concluyó.

El Comercio se contactó con la inquilina y con su hija; esta última no respondió. No obstante, la madre contestó a las 10:30 p. m., pese a que durante el día se le otorgó un plazo prudente para conversar y consignar sus descargos.

“Son dos años en los que no he pagado alquiler, por lo que solo debo S/ 50.000. Ellos, en realidad, me deben a mí porque he realizado mejoras necesarias en la casa; dime, ¿acaso tú vivirías en una casa así? Comunícales que voy a demoler lo que he construido y recién entonces entregaré el inmueble, porque no quieren pagarme por esas mejoras. El día que termine nuestro juicio les devolveré la casa y retiraré todo: el cerco de un metro, el techo, entre otros. Todo será por la vía judicial. Vamos a demandar a los señores por medio millón de soles a cada uno. Sobre las supuestas falsificaciones de documentos, mi hija solo cayó en un engaño. Antes teníamos perros, ahora ya no. La casa debe entregarse tal como se recibió; eso es lo que nos han aconsejado nuestros abogados”, dijo.

Entrevista a Patricia Santillán, profesora de Derecho de la Universidad del Pacífico y especialista en derecho inmobiliario

Con el fin de conocer qué medidas pueden tomar los propietarios para evitar una situación similar, la abogada experta en derecho inmobiliario Patricia Santillán, en diálogo con El Comercio, compartió los puntos más importantes a tener en cuenta.

¿Cuáles son las principales señales de alerta que un propietario debería identificar antes de firmar o renovar un contrato de arrendamiento para evitar problemas futuros con inquilinos morosos?

Una señal clave es verificar si el potencial inquilino cuenta con un trabajo estable, lo que permite tener un primer indicio de su capacidad de pago. También es recomendable solicitar información al Poder Judicial para conocer si la persona tiene antecedentes en procesos de desalojo. Esto no garantiza que no habrá incumplimientos, pero sí ayuda a reducir riesgos.

¿Qué cláusulas mínimas y claves debería incluir todo contrato de alquiler para proteger al propietario frente a incumplimientos, daños al inmueble o negativas a desalojar?

El contrato debe contemplar penalidades económicas ante retrasos en el pago, subarrendamiento no autorizado o la negativa a devolver el inmueble una vez vencido el plazo. Asimismo, se pueden incluir cláusulas de desalojo notarial o desalojo exprés, que permiten agilizar el proceso y brindar mayor protección al propietario.

"Un inquilino puede ser desalojado incluso si alega haber realizado construcciones, ya que ello no le otorga derecho a permanecer en el inmueble".

Patricia Santillán, profesora de derecho de la Universidad del Pacífico y especialista del sector inmobiliario.

Cuando un inquilino deja de pagar y no quiere retirarse del inmueble, ¿cuáles son los pasos legales correctos que debe seguir el propietario para no cometer errores que retrasen el desalojo?

El primer paso es enviar una carta notarial dejando constancia del incumplimiento y de la culminación del contrato. Todo debe quedar documentado por escrito. Si no se llega a un acuerdo, es importante no dilatar la presentación de una demanda, ya que los procesos judiciales suelen extenderse por la carga procesal existente.

¿Qué riesgos asume un propietario si permite que el contrato de arrendamiento se renueve de manera informal o automática durante varios años?

El Código Civil señala que, si el contrato vence y no se renueva formalmente, puede entenderse que sigue vigente. Esto no lo convierte en indefinido, pero sí obliga al propietario a solicitar formalmente la devolución del inmueble. Por ello, es fundamental establecer plazos claros y condiciones expresas en el contrato.

En casos donde el inquilino realiza modificaciones o actividades no autorizadas dentro del inmueble, ¿qué mecanismos legales existen para actuar de forma rápida y efectiva?

El contrato debe prohibir expresamente actividades como fiestas o construcciones no autorizadas. Además, el Cuarto Pleno Casatorio Civil establece que un inquilino puede ser desalojado incluso si alega haber realizado construcciones, ya que ello no le otorga derecho a permanecer en el inmueble.

¿Qué recomendaciones prácticas daría a propietarios que viven en otra ciudad o en el extranjero para supervisar sus inmuebles y evitar abusos por parte de los inquilinos?

Se recomienda incluir cláusulas específicas para estos casos, como la designación de un familiar o representante que pueda visitar periódicamente el inmueble y verificar su estado, así como confirmar que quien ocupa la vivienda sea la misma persona que firmó el contrato.