Invasión de casas, falsificación de firmas y deudas millonarias: las acusaciones contra José Constantino Heredia

Una de las más graves controversias que rodean a Heredia es una denuncia colectiva presentada por más de 300 adultos mayores, algunos en sillas de ruedas y otros que fallecieron durante la pandemia.

Quienes aún viven han alzado su voz para acusarlo de ser el artífice de una serie de irregularidades legales destinadas a despojarlos de un terreno que debía servir para el pago de sus beneficios laborales.

Los denunciantes son extrabajadores de la empresa Cepsa, firma familiar de la que Heredia fue accionista y que desde 1949 se dedicaba al envasado de la bebida Pepsi. El personal estaba a cargo del proceso de empaquetado, cumpliendo estándares de protección, resistencia y requisitos físicos, químicos y biológicos.

Cepsa funcionaba en el inmueble ubicado en la avenida Venezuela 2231, en Lima, donde decenas de trabajadores acumularon años de servicio. Sin embargo, en 1999, de manera repentina, la empresa entró en un proceso de quiebra y posterior liquidación, dejando a todos los empleados sin trabajo y con beneficios pendientes de pago.

Hasta ese momento, la empresa había sido administrada por el abuelo y el padre de José Constantino Heredia, pero para entonces él ya figuraba como principal accionista. Según explicó a El Comercio el abogado constitucionalista Lucas Ghersi Murillo, representante legal de los extrabajadores, la liquidación de Cepsa fue un duro golpe para los exempleados, pues se trataba de una de las compañías más emblemáticas del país.

“Cuando una empresa entra en liquidación, su principal activo —en este caso, el terreno de la avenida Venezuela— debe venderse para pagar las CTS, gratificaciones y sueldos adeudados a los trabajadores”, señaló Ghersi. Sin embargo, afirmó que eso no ocurrió.

De acuerdo con el abogado, José Constantino Heredia habría ejecutado un arbitraje irregular, sin conocimiento ni participación de los extrabajadores, para retirar a Cepsa como propietaria del inmueble y transferirlo a otras empresas de su propiedad, primero Ciudad Gráfica S.A.C. y luego AMD Holding. “Esto se habría hecho mediante documentos falsificados y la ocupación del inmueble que debía ser vendido para pagar a los adultos mayores”, sostuvo.

Ghersi precisó que, cuando una empresa entra en liquidación, los accionistas pasan a un segundo plano y la prioridad recae en los acreedores, es decir, en aquellos a quienes se les debe dinero.

“Lo único que correspondía era vender el terreno para saldar las obligaciones laborales. Al apropiarse del inmueble, el señor Heredia impide que los extrabajadores reciban lo que les corresponde”, indicó.

El abogado también remarcó que los adultos mayores nunca firmaron ningún acuerdo arbitral, por lo que dicho proceso se habría realizado de manera irregular con el objetivo de transferir el terreno. “En una liquidación, los acreedores pasan a tener el control del destino de los activos. Lo que José Constantino hizo fue sacar el inmueble del patrimonio de la empresa para que pase solamente a sus manos”, explicó.

Durante 26 años, los extrabajadores esperaron un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que finalmente se emitió a su favor. La sentencia declaró la nulidad del arbitraje y restituyó la propiedad del inmueble a los acreedores. “Ahora estamos a la espera de que la resolución sea notificada oficialmente para que el señor Heredia se retire del predio”, concluyó Ghersi.

Entre los afectados por esta situación se encuentra Roberto Villafuerte, de 70 años, extrabajador de Cepsa durante más de dos décadas y uno de los principales voceros del grupo de denunciantes. Durante ese tiempo, se desempeñó como supervisor del producto final en el proceso de envasado de la gaseosa.

“En total, nos deben alrededor de 11 millones de soles. A nivel individual, el monto varía según los años de servicio; hay personas que trabajaron tres, cuatro o cinco años, pero otras lo hicieron durante 15, 20 o incluso 30 años de manera ininterrumpida. En mi caso, me deben 38 mil soles”, declaró a El Comercio.

Villafuerte sostiene que, tras la quiebra de la empresa, José Constantino Heredia habría iniciado una serie de maniobras para beneficiarse. “Cuando la empresa entra en quiebra, él empieza a engañarnos con su papeleo. Todo se volteó a su favor y nosotros fuimos perjudicados. El señor nos quitó el terreno”, afirmó.

Añadió que, en determinado momento, la defensa de Heredia les habría propuesto entregarles el dinero solo si renunciaban a cualquier otro reclamo, lo que fue rechazado por los extrabajadores. “Eso nos pareció un absurdo. Él no quiere pagarnos. Hoy, en ese terreno no se realiza ningún trabajo; solo va él ocasionalmente y hay unas 15 personas, aparentemente de su seguridad privada, vigilando el local”, señaló.

Otro de los afectados es Francisco Mestas, de 59 años, quien trabajó en Cepsa entre 1985 y 1999, tanto en el área técnica como en mantenimiento y fuerza motriz. Si bien considera que la sentencia judicial es favorable, advierte que aún es necesario mantenerse vigilantes para que se cumpla lo dispuesto.

“Esperemos que finalmente se ejecute el proceso de desalojo”, indicó. Mestas agregó que, en su caso, le deben 50 mil soles. “Tengo la ilusión de que me paguen pronto. Cuando Cepsa quebró fue una experiencia muy dura; me quedé sin trabajo de la noche a la mañana. No podemos esperar más; ya han pasado 26 años”, remarcó.

La situación también golpeó duramente la economía de Feliciano Gutiérrez, de 85 años, quien asegura haberse visto obligado a vivir en una choza del asentamiento humano Virgen de Fátima, mientras esperaba el pago de una deuda de 120 mil soles.

“Soy un hombre anciano, en silla de ruedas, y necesito velar por mi salud. No puedo seguir soportando tanta injusticia. Trabajé 34 años en la sección de mecánica de Cepsa. Tengo colegas que ya han fallecido y me dolería irme de este mundo sin recibir lo que me corresponde por derecho”, expresó.

Finalmente, Luis Dávila Cubas, también de 85 años, recordó que desde 1969 trabajó como operador de montacargas en Cepsa, encargado del despacho de botellas de Pepsi. Según indicó, le deben 100 mil soles.

“Fue un gran atropello. Poco a poco iba saliendo adelante con mi esposa; construimos una casa y abrimos una bodega, pero, como muchos compañeros, sufrimos esta situación. Lo que hizo José Constantino Heredia fue quedarse con todo. Muchos se fueron durante la pandemia; yo también puedo irme en cualquier momento, pero ese dinero me permitiría tener una mejor calidad de vida hasta el final de mis días”, concluyó.

El también abogado de los extrabajadores, Aurelio Pastor, explicó que la sentencia del Tribunal Constitucional anuló el fallo arbitral que había transferido la propiedad de Cepsa a una empresa vinculada a José Constantino Heredia.

“Ya se ha logrado la nulidad de ese arbitraje; sin embargo, aún queda pendiente el proceso contra el señor Heredia por la presunta falsificación de firmas. Ese caso ya culminó su etapa intermedia y pasará a juicio, donde se determinará su responsabilidad por la presunta introducción de documentos falsos en los registros públicos. En los próximos meses debería iniciarse ese juicio”, detalló.

Pastor agregó que también existe una denuncia por presunta usurpación del local de Cepsa. “La investigación preliminar de la Policía Nacional del Perú ya concluyó y ahora estamos a la espera de que el Ministerio Público amplíe y formalice la investigación”, señaló.

Ante los cuestionamientos que involucran al señor Heredia, este Diario se comunicó con él para solicitar sus descargos. Se le brindó un cuestionario y se le dieron días para poder obtener sus respuestas. Al respecto, mencionó que niega las imputaciones y que se trata de un asunto judicializado.

“Se trata de un asunto complejo y antiguo, con varios expedientes y afirmaciones de terceros. Adicionalmente, esta exposición se relaciona con manifestaciones de la señora Miró Quesada, quien mantiene vínculo con el grupo/medio. Asimismo, si se va a incluir referencias a reportajes pasados (sobre el caso de Cepsa), en su momento existió un interés directo de al menos uno de los representantes vinculados a ese medio (Panamericana Televisión, donde previamente se emitieron reportajes sobre el caso en 2022 y 2024), en tanto era acreedor de Cepsa. Agradeceré se tenga cautela al tratar materiales antiguos como si fueran hechos actuales. Se trata de materiales difundidos en un contexto donde existían intereses de un acreedor vinculado a ese medio”, dijo.

En diálogo con El Comercio, Paulo Nicanor Seminario Bohórquez, abogado especialista en derecho inmobiliario y director de Alerta Legal, explicó que, para determinar cómo debe manejarse un inmueble cuando una empresa se ve involucrada en este tipo de situaciones, es clave distinguir si se trata de un proceso de quiebra o de liquidación.

“Por un lado, cuando una empresa entra en quiebra, el proceso puede tramitarse bajo el marco de la reestructuración empresarial vía Indecopi. En ese escenario, se conforma una junta de acreedores, que evalúa la situación de la empresa y plantea propuestas frente a las deudas. Eso es lo que establece la ley”, indicó.

“En cambio, cuando hablamos de un proceso de liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, la junta general de accionistas convoca una reunión para designar a un liquidador”, agregó.

El especialista precisó que, una vez designado, el liquidador presenta la solicitud correspondiente, adjunta la inscripción en los Registros Públicos y, finalmente, el juez admite la quiebra. “Lo que hace el liquidador es verificar el patrimonio y los demás activos de la empresa para convertirlos en dinero y así cumplir con las obligaciones pendientes con los extrabajadores”, explicó.

Seminario Bohórquez añadió que, si el proceso se llevó a cabo de manera fraudulenta, los acreedores tienen el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes.