Jesús María alquila vía pública de forma irregular a ministerio

El último 27 de abril, El Comercio recorría las calles de siete distritos para constatar la existencia de una mafia de parqueadores informales que lucran con la vía pública. Pero una de las paradas que más llamó nuestra atención fue la cuadra 7 del jirón Nasca, en Jesús María, donde decenas de conos de color naranja bloqueaban los espacios públicos para estacionar, pese a tener al frente un cartel que indicaba: “zona de parqueo vehicular”.

Dos vigilantes que resguardaban esta calle nos dijeron lo evidente: “No pueden estacionarse aquí, busquen lugar en otra calle”. Lo que no era tan obvio es que se trataba de 50 espacios bloqueados para el uso exclusivo de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, ubicado a pocos metros de esta vía, en la cuadra 6 de la avenida Felipe Salaverry.

Esta concesión de espacios para vehículos está avalada por un convenio entre dicho ministerio y la Municipalidad de Jesús María, la cual recibe desde el 2014 un total de S/15.600 mensuales de parte de la entidad estatal a cambio de “otorgar estacionamientos en las zonas perimétricas de la sede institucional del ministerio”.

El documento cita, en detalle, el otorgamiento de 36 espacios de la calle Nasca y otros 14 lugares en la cuadra 4 de jirón Pablo Bermúdez, a fin de que “el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuente con espacios suficientes destinados a estacionamientos con el fin de cubrir la demanda de la entidad”. Estos espacios, según los propios vigilantes y un agente de seguridad ciudadana motorizado que se acercó al lugar, están bloqueados para los estatales de lunes a viernes en horario administrativo.

Según expertos en derecho municipal, la comuna de Jesús María estaría incurriendo en abuso de autoridad, concusión y cobro ilegal, ya que la calle no es parte del patrimonio municipal, y por ello no puede limitar ni reservar el uso de los bienes públicos únicamente a una institución o persona.

“No se puede alquilar la vía pública. La ley de tributación municipal indica que se puede cobrar por el parqueo en zonas de alto flujo vehicular y comercial, pero no puede hacerlo de forma exclusiva a alguna institución, ya que la calle no es un bien municipal”, anotó Julio César Castiglioni, abogado experto en temas municipales.

—Los descargos—
El mismo 27 de abril, El Comercio se comunicó con la gerenta de Administración y Finanzas de la comuna de Jesús María, Ana María de la Guarda, para conocer más detalles del cuestionado convenio. La funcionaria sostuvo que este pacto fue mantenido desde la gestión municipal anterior, y que “está respaldado por la Ley Orgánica de Municipalidades”.

Sin embargo, la misma ley municipal y la Constitución indican que las calles y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso colectivo. Cinco días después, el municipio indicó que la funcionaria había sido retirada del cargo, aunque no se precisaron motivos.

También obtuvimos la declaración de un representante del área legal de la comuna de Jesús María, quien pidió mantener en reserva su identidad. Este admitió que el procedimiento de otorgar exclusividad en los parqueos es incorrecto, y que su dependencia le recomendará revisar este convenio al alcalde Carlos Bringas Claeyssen para modificarlo o anularlo.

“Como toda entidad, tenemos derecho a equivocarnos y vamos a corregir nuestros errores”, anotó.

El Ministerio de Trabajo, en tanto, no ha enviado sus descargos ni explicado el origen del dinero que invierte en estacionamientos para sus funcionarios, pese a que insistimos en reiteradas oportunidades a su oficina de prensa, a través de la funcionaria Cintya Espinoza.