Los padres y madres de los jóvenes que fallecieron en el 2002 por un incendio en la discoteca Utopía denunciaron que el juez Ríos Abanto aceptó un segundo hábeas corpus en Cajamarca. (Foto: Archivo El Comercio)
Redacción EC

Luego de que los deudos del denunciaran un nuevo intento de anular la sentencia contra los dueños de la discoteca, el juez que aceptó al trámite un hábeas corpus en Cajamarca fue retirado del cargo.

Mediante una resolución, la Corte Superior de Cajamarca determinó “dar por concluida la designación de Sergio Nirvado Ríos Abanto como Juez Supernumerario del Segundo Juzgado Mixto de San Miguel - La Florida con adición a sus funciones como Juzgado de Investigación Preparatoria el 31 de mayo de 2017”. Asimismo, se le pide hacer la entrega de cargo correspondiente y concluir con los expedientes que se hayan encontrado en su despacho para resolver, de acuerdo al documento al que tuvo acceso El Comercio.

Los padres y madres de los jóvenes que fallecieron en el 2002 por un incendio en la discoteca Utopía denunciaron que el juez Ríos Abanto aceptó un segundo hábeas corpus presentado en Cajamarca por los abogados de Alan Azizollahoff y Edgar Paz Ravines, dueños de la discoteca que fueron condenados a 4 años de prisión efectiva por la muerte de 29 personas.

Roberto Valverde, padre de una de las víctimas, señaló que dicho recurso desconoce el fallo de la Corte Superior de Cajamarca, emitido el año pasado, en el que se señala que el procedimiento legal no puede ser atendido en una localidad distinta a donde ocurrieron los hechos.

REUNIÓN EN EL CONGRESO
Esta mañana, un grupo de familiares se reunió con la presidenta del Congreso, Luz Salgado, para presentar un proyecto de ley que impida que los hábeas corpus sean presentados en cualquier lugar del país, sin importar donde ocurrieron los hechos.

El abogado César Nakasaki señaló que Salgado les ha ofrecido “dar un trámite preferente a este proyecto de ley”. Asimismo, pidió que Alan Azizollahoff y Edgar Paz Ravines sean incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

Los padres y madres esperan que el nuevo hábeas corpus se archive y los responsables de lo ocurrido sean finalmente extraditados para que cumplan su condena. Durante los 15 años que lleva el proceso, 14 han fallecido esperando justicia.

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