¿A quién le debe Castañeda?, por Raúl Castro

El cruento accidente sucedido el jueves pasado, en la Carretera Central, en el que dos camionetas de la empresa ‘Chosicano’ chocaran por correr desaforadamente, compitiendo por ganar pasajeros, volvió a poner en el tapete no solo la indignación e impotencia de los limeños, sino también la pregunta: ¿hasta cuándo sufriremos por las coasters y combis asesinas?

Un muerto y ¡80 heridos! Otro mortal choque del casi millar de colisiones anuales que el pernicioso sistema de transporte público vigente facilita.

Como en otras ocasiones, el causante principal de la tragedia, el chofer Alberto Gago Rosa, no tenía brevete. Su vehículo tenía orden de captura, el SOAT vencido y deudas por papeletas impagas por la suma de 11 mil soles. Así como lo lee.

¿Quién le explica a la familia de Raúl Huamán Lucero, la víctima, cómo así este descarado delincuente seguía conduciendo libremente en la ciudad? No lo esperemos de las autoridades municipales.

La actual administración ha sido activa en mantener la informalidad imperante. Aprobó la Ordenanza 1876 por la cual se renovó todas las autorizaciones de rutas de transporte público –entre ellas las cuestionadas Orión y ‘Chosicano’– que operan bajo las precarias condiciones conocidas, hasta junio de este año. A fines de ese mes, afirmó, anunciará un nuevo sistema de rutas con permisos de circulación por 3 años más.

¿Qué criterios está formulando para ello? ¿Por qué tanta reserva y favor para estas entidades fantasma cuya negligencia e irresponsabilidad ocasiona tanto perjuicio fatal a los limeños?

Voces en la ciudadanía y la opinión pública se hacen estas preguntas, haciendo eco de sospechas de que estos grupos de transportistas habrían apoyado económicamente a Castañeda en su campaña por la alcaldía. Tanto Castañeda, como la teniente alcaldesa Patricia Juárez lo han negado. Pero la falta de transparencia y el carácter errático de la rendición de cuentas de sus gastos electorales mantienen la duda.

Recientemente el Nobel Paul Krugman, en una excelente columna llamada “La política de la pizza”, sobre los fondos operativos de los partidos en EE.UU., decía que para conocer los temas que las agrupaciones políticas apoyan, hay que ver quiénes las apoyan a ellas.

El problema con Solidaridad Nacional –que ciertamente comparte con casi todos los partidos del país, como Gana Perú, Perú Posible o Diálogo Vecinal– es que no está abriendo sus libros para saber quiénes son sus principales aportantes. Más aun, para Juárez el tema increíblemente “no es relevante”, tal como se lo dijo a El Comercio en setiembre pasado.

El año pasado Solidaridad Nacional no aclaró sus gastos, los que, según la ONPE, superaron los S/.6 millones. Voceros de Castañeda dijeron que apenas superaban los S/.1,6 millones. Dejaron pendientes los detalles para su obligatoria rendición anual de junio.

Los estadounidenses tienen una expresión con la que definen la real politik en su día a día. Dicen “follow the money”: “Sigue los rastros del dinero”. ¿De dónde viene el dinero de Solidaridad Nacional? ¿A quién le debe Castañeda?