Lince: Familia acusa a Zeta Gas de pagar defensa a vándalos

Tan insólito como el que una turba de 56 personas haya irrumpido ilegalmente en una vivienda en Lince, el último viernes, fue la decisión tomada ayer por la jueza Haydeé Vergara Rodríguez: dejar que 52 de los procesados afronten el proceso en libertad, a pesar de haber sido intervenidos en plena flagrancia del delito.

Ello suscitó, tras cuestionamientos desde la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, que Vergara –hasta ayer, titular del Juzgado Especializado 54 en lo Penal de Lima– fuera destituida por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Hoy, pesa sobre Vergara, suspendida hasta el fin de la pesquisa, una investigación de la Ofi cina Distrital de Control de la Magistratura (Odecma) de Lima.

Sin embargo, el daño está hecho: los 52 sujetos (de los cuatro que siguen en custodia del Poder Judicial, dos son menores de edad y los otros dos están requisitoriados) que la policía ya había intervenido, identifi cado, trasladado e internado ahora gozan de libertad. La fi scal Ludgarda Tacuri, de la Vigésima Fiscalía Provincial Penal de Lima, pidió el último sá- bado la prisión preventiva de 54 de los detenidos.

Para ello, presentó como prueba el video de la intervención policial a la casa, donde los procesados estuvieron por más de cuatro horas. Ni las imágenes ni el equipo de soldadura incautado en el lugar y empleado para atrincherarse en el inmueble pesaron como evidencia sufi ciente para la suspendida jueza.

En su cuenta personal de Facebook, ayer, pocas horas antes de su destitución, escribió: “La carga de la prueba la tiene el fiscal. Si este no cumple con su labor, el juez... solo decide”. El Ministerio Público apelará el fallo que libera a los acusados.

Alto desencuentro
Con palabras que parecían aludir a recientes iniciativas en redes sociales, que bajo el lema “Chapa a tu choro y déjalo paralítico” incitan a la ciudadanía a agredir a delincuentes, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, cuestionó ayer la medida judicial. “Señores fiscales, jueces: la policía sí chapa a los choros” dijo. Horas después señaló que en lo que va del año la policía ha detenido a 70.000 sujetos en flagrante delito. 

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Oswaldo Ordóñez Alcántara, lamentó los cuestionamientos de Pérez Guadalupe y calificó la decisión de la jueza Haydeé Vergara como un “hecho aislado”.

Asimismo, resaltó que la decisión de suspenderla partió de su despacho. Mientras tanto, la única protección con que cuenta la familia de Efrén Domínguez Vásquez y Janet Alvarado Sarango, ocupantes de la vivienda violentada el viernes, son los dos agentes policiales que desde ayer resguardan el inmueble.

Del gerente general de Zeta Gas Perú, Miguel Monge Alonso –a quien la familia sindica como responsable de la usurpación– no hay rastro. Hace tres semanas la justicia ordenó a la empresa Zeta Gas Perú pagar S/.538.000 a Domínguez tras una sentencia en su contra por despido arbitrario. De acuerdo con Élmer Córdova, abogado de los agraviados, el Poder Judicial y la fiscalía actuaron con poca diligencia en este caso.

Asimismo, señaló que Zeta Gas viene pagando la defensa de los imputados, representados por 15 abogados.