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Manuel Burga y su última carta para evitar la extradición - 1
Ana Briceño

La libertad del ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) depende de la decisión que tome pasado mañana la Sala Penal de la Corte Suprema, presidida por el juez Javier Villa Stein. 

La corte determinará si procede la extradición de Burga a Estados Unidos para que afronte un proceso por, supuestamente, formar parte de “una organización mafiosa, que involucra el fraude masivo, el soborno y el blanqueo de dinero”.

De acuerdo a la acusación fiscal de Estados Unidos, Burga, como integrante de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) –que forma parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado(FIFA)–, negoció de manera fraudulenta los derechos de transmisión de dos torneos reconocidos internacionalmente: la Copa Libertadores y la Copa América.

Las confabulaciones
Según la acusación, en el 2009 los miembros del grupo de los seis (ex presidentes de federaciones de fútbol, entre ellos Burga) pidieron a Alejandro Burzaco –entonces director ejecutivo de la empresa Torneos y Competencias– sobornos a cambio de que T&T Sports Marketing, afiliada a Torneos y domiciliada en las Islas Caimán, tuviera los derechos exclusivos de difusión de las competencias. Burzaco “hizo los pagos anuales en montos de seis cifras a los acusados”, entre ellos Burga.  

En cuanto a los campeonatos de la Copa América, la acusación señala que de 1999 al 2011, la empresa Traffic celebró contratos con la Conmebol, con sobornos de por medio, para que la compañía tuviera los derechos exclusivos de difusión y mercadeo de todas las ediciones de ese torneo.

En mayo del 2013, la Conmebol le otorgó, a cambio de sobornos, esos derechos exclusivos a la recién creada empresa Datisa para las ediciones de la Copa América del 2015, 2019 y 2023 y la Copa América Centenario del 2016.

“El contrato de la Copa América firmado por representantes de cada uno de los tres accionistas de Datisa y 12 dirigentes de la Conmebol fue por US$317,5 millones”, indica el documento [Ver infografía].

¿Dónde está el dinero?
El último lunes, el fiscal Abel Sánchez y César Nakazaki, abogado de Burga, expusieron sus alegatos en la Corte Suprema sobre el pedido de extradición a Estados Unidos del ex presidente de la FPF.

En esa audiencia, el juez Duberli Rodríguez, integrante de la sala presidida por Villa Stein, preguntó al fiscal: “¿Cuánto dinero recibió el señor Manuel Burga [por los supuestos sobornos]? ¿En qué cuenta se depositó ese dinero? ¿Nos puede ilustrar con datos concretos para tener una base probatoria?”.

Sánchez precisó que la acusación que ha remitido Estados Unidos al Perú sobre el Caso Burga “no contiene esa información”. “El Ministerio Público las buscó en el consolidado, pero no figura. Estos pagos se dan ya por producidos [...] Solo se hace referencia a un testigo encubierto que ha revelado, según la confiabilidad del Gobierno de Estados Unidos, el detalle en que se realizaron los depósitos a los acusados, en este caso al extraditable [Burga]”, manifestó.

Para el Ministerio Público, los delitos compatibles con los que se acusa al ex dirigente en Estados Unidos, y por los que podría ser extraditado, serían: asociación ilícita para delinquir, fraude en la administración de personas jurídicas y lavado de activos.

En opinión de Nakazaki, Estados Unidos no ha cumplido con señalar las pruebas en contra de su defendido y, por lo tanto, carece de sustento.

El pasado 22 de enero, la FPF publicó en su página web los resultados de la auditoría efectuada a la gestión de Manuel Burga durante el 2013 y el 2014. Él había señalado que el dinero que recibió de las empresas que tenían los derechos de transmisión fue transferido a la federación y que él nunca se quedó con esos montos. Sin embargo, esos pagos no aparecen en las cuentas de la federación con el nombre de esas compañías beneficiadas.

Fuentes de la federación indicaron a este Diario que las empresas que tenían los derechos de transmisión transferían directamente el dinero a la Conmebol y esta, a su vez, a la federación.

La Fiscalía de Lavado de Activos investiga las propiedades y los bienes de los familiares de Burga para determinar algún desbalance patrimonial.

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