Maranguita: San Miguel y Poder Judicial enfrentados por centro

La Municipalidad de San Miguel aseguró que el Poder Judicial prohíbe que personal de la Subgerencia de Defensa Civil de dicho distrito inspeccione el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima, conocido como “Maranguita”.

A través del Acuerdo de Concejo Nº 114-2015, la comuna de San Miguel declaró de interés y necesidad que dicho poder permita que técnicos verifiquen si el centro reúne o no las condiciones de seguridad, a fin de salvaguardar la salud e integridad de internos y vecinos.

Asimismo, reiteran su pedido de que ‘Maranguita’, al que califican de “bomba de tiempo” sea trasladado a otro lugar de la ciudad pues representa un riesgo ante los constantes amotinamientos, reyertas, fugas y balaceras protagonizadas por los menores internados.

El acuerdo deja constancia que, “de producirse una desgracia dentro o fuera de Maranguita, la responsabilidad será únicamente de las autoridades que impiden el trabajo del personal municipal y de quienes omiten la intervención pese a conocer la gravedad de un centro de tales condiciones”.

PODER JUDICIAL RESPONDE
Sin embargo, en un comunicado, el Poder Judicial aclaró que, por razones de seguridad, las municipalidades no están facultadas para ingresar a realizar tareas de inspección a los centros de rehabilitación de menores infractores.

“Los establecimientos juveniles (que tienen un rango similar al de los centros penitenciarios), son considerados como edificaciones “estratégicas o reservadas” y, por tanto, se encuentran exceptuados de solicitar la licencia de funcionamiento a un municipio”, precisaron.

Respecto a las medidas de seguridad, aseguraron que en una inspección realizada por la Oficina de Infraestructura del Poder Judicial, en junio pasado, se concluyó que “Maranguita” cuenta con áreas de seguridad y evacuación claramente establecidas en cada patio.

Además, señalaron que el titular del centro de juvenil o la autoridad competente, “deberá cumplir con presentar ante el órgano ejecutante (la municipalidad) una declaración jurada consignando el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad en edificaciones”.

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