Juan Guillermo Lara

Tras la reunión en la que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mantuvo ayer con diferentes gremios de colectiveros que convocaron a las violentas protestas que se desarrollaron en diferentes puntos del país, la cartera firmó un acuerdo en el que anuncia cambios en el sector, según las exigencias de los manifestantes.

En total son siete anuncios que dio al MTC:

  1. Declarar en emergencia el transporte terrestre en todas sus modalidades y en el ámbito nacional.
  2. Reorganizar la Sutran para optimizar y regular sus funciones. También se evaluarán medidas respecto a la ATU y Promovilidad.
  3. Reducción del impuesto al rodaje.
  4. Se establecerá una mesa de trabajo permanente con los gremios de transportistas.
  5. Proceder al congelamiento inmediato de las tarifas de los peajes en rutas no concesionadas a cargo de Provias Nacional.
  6. Convocar a empresas concesionarias de redes viales para revisar y evaluar los contratos de concesión sobre las tarifas de peaje y condiciones técnicas.
  7. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está revisando el Reglamento de ley de autos colectivos para la emisión del decreto supremo.
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Se estableció que el MTC publique la reglamentación de la Ley N° 31096, con las modificaciones que los colectiveros exigieron para acceder a la formalización del transporte de pasajeros en taxi colectivo. Además, que diálogo entre las autoridades y el gremio continuará el próximo lunes 11 de abril.

El MTC acordó siete puntos con los gremios de colectiveros, entre ellos la reorganización de la Sutran.
El MTC acordó siete puntos con los gremios de colectiveros, entre ellos la reorganización de la Sutran.

Durante la reunión en la que participaron el ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante; el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez; el director general de la Dirección de Políticas y Regulación en el Transporte Multimodal del MTC, Lenin Checo; y el director general de Autorizaciones en Transportes, Fabián Susanibar.

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Por parte de los gremios de colectiveros participaron Manfren Ulester y Aldo Velásquez, de la Alianza Nacional de Transportistas M1 y M2; César Suclupe, representante de JUCOTRUSAM; Geovani Diez, representante de UGTRANM y promotor del taxi colectivo en Lima y el interior del país; entre otros.

Fueron precisamente los grupos de colectiveros quienes promovieron las violentas protestas que se desataron ayer en diferentes puntos y que, incluso, atacaron a conductores y unidades que decidieron no acatar el paro.

Manifestantes bloquearon la Carretera Central atacando a algunos carros de transporte público que no acataron el paro convocado. (Fotos: Julio Reaño/El Comercio)
Manifestantes bloquearon la Carretera Central atacando a algunos carros de transporte público que no acataron el paro convocado. (Fotos: Julio Reaño/El Comercio)

Los manifestantes obligaron a bajar a los pasajeros de los buses y desinflaron las llantas de los vehículos que salieron a las calles. En varios puntos se registraron enfrentamientos con la Policía Nacional.

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Más reclamos

En un audio compartido en grupos de WhatsApp de los gremios de colectiveros a los que tuvo acceso El Comercio, se conoció que dentro del pliego de reclamos se exige además la suspensión de los operativos de la Sutran, ATU y la Policía Nacional del Perú, a los que calificaron como “criminales”.

Además, se pidió la incorporación del sistema de taxi colectivo en Lima y Callao en la Ley N° 31096 y la reestructuración en el sistema de puntos en el récord de los conductores. En este punto, los colectiveros reclaman que se incremente de 100 puntos a un “mínimo” de 350 o 400 puntos.

Finalmente, los dos últimos puntos que exigen estos gremios son: la eliminación de las multas de tránsito impuestas durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y la salida de la totalidad del Consejo Directivo de la ATU.

Antes de ingresar a la reunión del Gabinete Ministerial, que encabeza el presidente Pedro Castillo, Bustamante informó que su sector presentará una propuesta al Congreso de la República para condonar las deudas de papeletas.

“Nosotros admitimos la demanda, porque es un pliego que ellos (los transportistas) han formulado como protesta. Lo vamos a presentar”, indicó.

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Perspectiva

Para Lino de la Barrera, ex titular de la Dirección de Transporte Terrestre del MTC, el Gobierno está cometiendo un “error” al mantener conversaciones con un grupo que todavía no ha sido regulado formalmente

“¿Con quién está hablando el MTC? Está dialogando con alguien que no ofrece un servicio autorizado. De ninguna manera pueden considerarse válidos porque están hablando con un interlocutor que no existe. Una vez que ya hayan sido formalizados se pueden sentar a conversar, antes no”, señala De la Barrera a El Comercio.

Por su parte, Alfonso Flórez, presidente de la Fundación Transitemos, explica que, en un principio, la Ley buscaba que los servicios de los vehículos M1 se dieran en el interior del país con un alcance intrarregional en rutas no atendidas; sin embargo, permitir que transiten por Lima y Callao, y otras carreteras produciría un efecto desalentador al sector formal.

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“Si ahora van a modificar el acuerdo para conducir por donde quieran y cómo quieran va a ser un caos. Se presentaría una figura de competencia desleal contra los buses interregionales”, precisó.

Flórez criticó además que sea la Sutran la encargada por el MTC para empadronar a los taxis colectivo, cuando esta entidad se creó “con la finalidad de fiscalizar que solo las unidades que cumplan con las condiciones técnicas que permitan un transporte seguro de pasajeros” al interior del país.

Pese a ello, a finales del año pasado, y tras cambio de directores y gerentes por una serie de personas sin experiencia en el sector, la Sutran inició el empadronamiento de taxis colectivos en todo el país, con exclusión de Lima y Callao.

Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus, aseguró que está situación ocasionará que las compañías formales quiebren y que los empresarios dejen de invertir en los sistemas de seguridad exigidos por el MTC.

“Por cada bus invertimos cerca de 450 mil dólares en temas de seguridad y control de unidades y conductores”, manifestó

Sobre la exigencia de la eliminación de las multas impuestas durante la pandemia del COVID-19, ambos especialistas señalaron que es una medida que busca brindar impunidad y que el Gobierno estaría perdiendo autoridad al aceptar ese reclamo.

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Anular las multas es olvidarse que en el Perú cada año mueren 5 mil personas en las carreteras del Perú. Es jugar con la seguridad vial y el MTC sería irresponsable en ponerlo en una negociación”, precisó De la Barrera.

Flórez precisó que la norma se tiene que cumplir. “Si no incumplen el reglamento entonces no hay problema. Buscan que se les permita seguir siendo infractores”.

Peligro en las vías

Si bien el taxi colectivo se apareció como una respuesta inmediata a una demanda insatisfecha en el transporte público, este sistema no cuenta con rutas establecidas, paraderos regulados ni sistemas de seguridad para los pasajeros, como el GPS para conocer su ubicación real o un control en las horas de sueños de los conductores.

Además, su autorización para circular como medio de transporte terrestre de pasajeros contempla a vehículos M1 y M2; es decir, aquellos con carrocería sedan y las minivan, respectivamente. Esta última, por ejemplo, tiene una carrocería sensible a impactos y no cuenta con sistema antibloqueos.

Durante años han circulado bajo la sombra de la informalidad, acumulando multas por infracciones de tránsito y siendo los actores principales en accidentes de tránsito por todo el país

Pese a ello, su incorporación al sistema formal ha sido una constante en por lo menos los últimos tres congresos y la actual gestión del MTC.