La Municipalidad de Miraflores anunció que pedirá al Tribunal Constitucional (TC) una aclaración sobre su reciente sentencia que limita la capacidad de la comuna para supervisar proyectos inmobiliarios en el distrito. Según Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica, el municipio acatará el fallo, pero buscará precisar aspectos clave como el plazo de respuesta del Ministerio de Vivienda a solicitudes de nulidad y el margen de actuación de la comuna en el control posterior de obras privadas.
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La reciente sentencia, que limita la facultad de la Municipalidad de Miraflores para intervenir en proyectos inmobiliarios mediante control posterior, ha generado preocupación en la comuna. El gerente de Asesoría Jurídica, Lino de la Barrera, informó que se solicitará una aclaración al TC para precisar dos puntos fundamentales: el margen de la revisión municipal de expedientes inmobiliarios y los plazos obligatorios del Ministerio de Vivienda para resolver pedidos de nulidad en informes técnicos. .
De la Barrera expresó que existe un vacío legal que afecta la capacidad de la municipalidad para supervisar adecuadamente proyectos inmobiliarios que podrían incumplir los parámetros urbanísticos del distrito. Según indicó, ministerio puede tardar hasta dos años en responder solicitudes de nulidad, lo que, en muchos casos, permite que las edificaciones cuestionadas se construyan y se comercialicen antes de que haya una resolución final.
“En el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el plazo de dos años es un límite máximo, pero parece que el Ministerio lo toma como un estándar, lo cual es administrativamente inviable”, señaló.
El funcionario también destacó que, tras el fallo, el mencionado distrito ya no tendrá competencia en la definición de zonas aptas para la construcción de Viviendas de Interés Social (VIS), lo que ahora corresponde exclusivamente a la Municipalidad. Metropolitana de Lima. No obstante, De la Barrera afirmó que se hará respetar la Ordenanza 2361-2021-MML, que establece que Miraflores no cuenta con zonas destinadas a VIS.
En paralelo, la Municipalidad de San Isidro ha iniciado una campaña de recolección de firmas para lograr la inconstitucionalidad de normas que promueven proyectos VIS en su jurisdicción. La alcaldesa Nancy Vizurraga lidera este esfuerzo, argumentando que dichas disposiciones vulneran los parámetros urbanísticos del distrito.
Bajo el lema “San Isidro se respeta”, la comuna ha organizado marchas y mesas de trabajo con vecinos y autoridades para detener lo que consideran una amenaza a la residencialidad del distrito. Según Vizurraga, las firmas recolectadas serán presentadas al TC como parte del proceso que busca derogar el Decreto Legislativo 1675.
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Por otro lado, el Colegio de Arquitectos del Perú celebró la decisión del TC que declara inconstitucional la Ordenanza 610 de la Municipalidad de Miraflores, la cual permitía suspender licencias de edificación. Según la entidad, esta sentencia beneficia a proyectos paralizados y establece un precedente contra lo que calificaron como abusos de autoridad de la comuna miraflorina.
El fallo ha generado un intenso debate entre municipios, profesionales del urbanismo y la ciudadanía, evidenciando las tensiones entre el desarrollo inmobiliario y el respeto a las normativas locales.
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