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#NiUnaMenos: Una batalla constante contra la indiferencia y la injusticia

Desde las 2 p.m., organizaciones feministas se concentrarán en la plaza Washington. Movilización rechaza la corrupción dentro del sistema judicial. Piden revisar sentencias por violencia física y sexual, feminicidios y tentativas.

#NiUnaMenos: Una batalla constante contra la indiferencia y la injusticia

Ángel y Brayan Olano (a los extremos), Isabel Mayo y Rosario Aybar exigen justicia para sus familiares, víctimas de violación sexual, feminicidio y desaparición, respectivamente. (Alessandro Currarino / El Comercio)

El Comercio

Hoy, bajo el lema “Mujeres por justicia”, cerca de 20 colectivos y organizaciones feministas que conforman la Asamblea de Mujeres y Diversidades han convocado a la tercera movilización anual de Ni Una Menos. Entre los pedidos, se busca que se revisen sentencias por violencia física, sexual, feminicidios, tentativas, entre otros delitos que, principalmente, afectan a niñas, jóvenes y mujeres.

Las organizadoras sostienen que se ha evidenciado la indiferencia de los proveedores de justicia tras el escándalo de los llamados CNM-audios, en los que están involucrados funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ente encargado de nombrar y ratificar a jueces y fiscales.

Entre los casos emblemáticos resaltan los de Brenda Ñahuis (presunto feminicidio), Solsiret Rodríguez (desaparecida), Shirley Villanueva (desaparecida) y el de una mujer de 63 años que fue violada. Hasta el momento no hay ningún condenado a prisión por estos hechos. Sus familiares junto a otras víctimas y sobrevivientes encabezarán la movilización que se replicará en más de 20 ciudades del país.

Brenda Ñahuis Mayo
El 6 de abril del 2016 a las 11:30 p.m. encontraron el cadáver de la suboficial de tercera PNP Brenda Ñahuis Mayo en Los Olivos. Tenía 20 años. Según su pareja, el también policía Katriel Montenegro Cuzco, su arma se disparó durante una discusión. Solo Katriel, quien ahora está libre, dio positivo a la prueba de balística realizada por los peritos. El caso lo ve el undécimo juzgado de Lima norte.

Solsiret Rodríguez Aybar
La joven de 23 años salió el 23 de agosto del 2016 de su casa en el Callao para visitar a una amiga. Desde entonces no se supo más de ella. La nota de alerta por su desaparición se emitió el 1 de setiembre y la primera geolocalización de su celular se hizo cinco meses después. A principios de este año se realizó otra. La data debe ser entregada a la División de Alta Tecnología de la PNP.

Shirley Villanueva Rivera
La ingeniera de 24 años se reunió con tres amigos de la universidad la noche del 23 de marzo del 2017 y hasta la fecha no ha vuelto a casa. Las autoridades presumen que se ahogó en la playa Marbella de San Miguel, pero no se ha encontrado su cuerpo. El caso lo ve el Juzgado Penal 20 de Reos Libres de la Corte de Lima. Su madre aún recorre los pasos de su hija para encontrar respuestas.

Víctima de violación
El 23 de enero de este año, un sujeto llevó a la fuerza a su casa a la mujer de 63 años y la agredió física y sexualmente durante una hora y media. La fiscalía acusa de la agresión a Ariel Soto Picón, quien fue detenido pero salió en libertad bajo comparecencia. El proceso lo lleva el juzgado penal 11 de Lima norte con la jueza Giovana del Pilar Marcelo Reyes. La víctima continúa con tratamiento psicológico.

—Una cadena de errores—
“Hasta el final de mis días voy a buscar a mi hija. Cuando la encuentre, cuando sepa qué pasó, yo sabré cómo afrontarlo”, dice Rosario Aybar mientras sostiene una gigantografía con la foto de Solsiret, quien desapareció hace un año y cuatro meses.
Rosario explica que en el proceso que afronta para encontrar a su hija se ha sentido maltratada por las autoridades y por el sistema, al que califica de indiferente y corrupto.

Para Patricia Sarmiento, comisionada de la Adjuntía Mujer de la Defensoría del Pueblo, las acciones tardías de la policía, jueces y fiscales generan desconfianza. “Reportes de la defensoría evidencian procesos largos y sentencias que no son equivalentes a los delitos cometidos o se encuentran muy por debajo de la ley”, dice.

De acuerdo con la defensoría, no existe una entidad que tenga cifras exactas sobre los casos estancados dentro del sistema judicial. Los reportes solo muestran un panorama respecto a procesos por feminicidios, violencia sexual y trata de personas.

La abogada penalista Romy Chang señala que las autoridades no actúan con celeridad a pesar de las leyes existentes. “Ni siquiera en casos mediáticos se ve que se proceda con rapidez. Los fiscales y jueces pueden actuar para no dilatar los procesos por años”, explica.

Movilizaciones como la de hoy se utilizan como espacios para ratificar el compromiso de las autoridades. El director de la Policía Nacional, general Richard Zubiate, enfatiza que trabajan en conjunto con la fiscalía para garantizar la efectividad de los procesos. “La PNP se encuentra en constante capacitación para dar una respuesta rápida y efectiva que ayude a que los casos se lleven con celeridad”, explica.

Al cierre de esta edición, el Poder Judicial y la fiscalía no llegaron a pronunciarse sobre estos casos.

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