Karla Ramírez Camarena

La Contraloría General de la República emitió dos nuevas auditorías en las que se detectaron indicios de corrupción en la construcción de otros dos puentes licitados en el 2009 por la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), entidad de la comuna metropolitana. Estos informes se conocen días después de que El Comercio difundió la investigación que halló graves irregularidades en la ejecución del puente Solidaridad, que se cayó durante las emergencias de El Niño costero en el 2017.

—Puente peatonal-
El puente peatonal ubicado en el km 25+500 de la Panamericana Norte (Puente Piedra) y adjudicado por S/1’154.189 fue el primero de los investigados. Según la contraloría, los funcionarios de Emape “realizaron acciones durante el proceso de selección orientadas por el presunto interés manifiesto de beneficiar a la Constructora e Inmobiliaria AL&M S.A.C.”. Ello a pesar de que la empresa, la misma que construyó el puente Solidaridad ,“no cumplió los requerimientos técnicos mínimos”.

El equipo de auditores detectó que la primera fecha para la presentación de propuestas, el 30 de junio del 2009, se postergó sin justificación formal y sin comunicar a las otras empresas interesadas.
Dos días después, cuando llegó la fecha de la nueva convocatoria, “no se presentó ninguno de los participantes [pero] el comité especial incluyó como postor a AL&M SAC [...]”, dice la investigación. La empresa obtuvo la buena pro a pesar de que “no contaba con registro nacional de proveedores (RNP)”, requisito básico para contratar con el Estado.

La gravedad de la omisión hizo que Emape anule el proceso y vuelva a convocarlo para el 31 de julio de aquel año. En acto privado, Emape “recibió la propuesta del único postor”, AL&M SAC, le dio los máximos puntajes y la firma del contrato “a pesar de que no presentó los 23 equipos mínimos requeridos”, precisa la auditoría.

—Los Libertadores-
En octubre del 2009, Emape dio la buena pro del puente peatonal Los Libertadores por S/3’692.833. Esta estructura buscaba conectar El Agustino y San Juan de Lurigancho.

La contraloría encontró que en la etapa previa a la construcción, el Consorcio Dina Carrillo Parodi-Augusto Muroy Muroy elaboró un “expediente técnico deficiente” al establecer “la construcción de estribos con cimentación [base] superficial, no obstante correspondía un tipo de cimentación” a profundidad.

Además, dicho expediente omitió lo planteado por “el estudio de hidrología e hidráulica que sugería la utilización de enrocado como sistema de protección”. Este requisito “se modificó sin sustento técnico por gaviones [piedras], lo que redujo el nivel de protección de la estructura y la estabilidad del puente”.

Se lee en el informe que ambas razones generaron “la construcción de una estructura vulnerable” propiciándose “la afectación de la estabilidad del puente”. De esta manera, Los Libertadores no resistió los embates de El Niño costero en el 2017 y se tuvieron que invertir más de S/718 mil en “trabajos de reforzamiento”, que incluyeron el alquiler de una grúa para evitar que el puente se desplomara.

Ya en la etapa de ejecución de la obra, el Departamento de Logística de Emape “aprobó el expediente de contratación sin contar con requerimientos técnicos mínimos definidos por su área usuaria, además de no evaluar la existencia de pluralidad de postores”. Luego, se admitió la propuesta técnica del único postor, otra vez AL&M SAC, “a pesar de que no cumplió con la totalidad del equipo requerido en las bases, permitiendo adjudicarse la buena pro sin corresponderle”, indica el informe.

En la fase de “ejecución del contrato”, el equipo de auditores de la contraloría detectó que los funcionarios de Emape “no aplicaron penalidades al contratista por [...] incumplimientos” e incluso realizaron pagos a la empresa por “trabajos no ejecutados”.

Elvis Arguelles Loayza era gerente de AL&M SAC durante las mencionadas licitaciones. La empresa no atendió las solicitudes de entrevistas formuladas por este Diario y, según fuentes de contraloría, tampoco respondieron las consultas del equipo auditor. Emape y el consorcio Dina Carrillo Parodi-Augusto Muroy Muroy también se abstuvieron de dar declaraciones.