Nuevo mecanismo para expropiar terrenos en bloque: de qué trata y cómo se pueden aplicar a casos actuales

Para concretar esta finalidad, la norma en mención introduce cambios que permiten acelerar la ejecución de obras. Según el texto, se busca incorporar un procedimiento alternativo y más célere que el vigente, orientado a que las entidades responsables de proyectos de gran envergadura puedan liberar predios en conjunto y cumplir plazos contractuales asumidos por el Estado.

Al respecto, la entonces ministra de Economía y Finanzas (hoy primera ministra), Denisse Miralles, destacó que esta norma permitirá optimizar tiempos y recursos mediante procesos conjuntos de adquisición predial y evitar retrasos en la ejecución de proyectos.

El decreto señala que el propósito es promover y agilizar la inversión pública y privada, generar empleo y mejorar la competitividad, creando además incentivos adicionales para favorecer el trato directo como vía de obtención de inmuebles.

“Con esta medida los ciudadanos podrán contar con infraestructuras y servicios públicos del sector salud, educación, saneamiento, vial, ferroviario, energía, entre otros, en menor tiempo, generándoles beneficios económicos y sociales”, resaltó Miralles.

Asimismo, comentó que, de esta manera, se reducirán las controversias legales vinculadas a expropiaciones y valorizaciones, y se hará un uso más eficiente del presupuesto público al evitar rediseños y actualizaciones de expedientes técnicos ocasionados por retrasos.

Entre las principales disposiciones se incluye:

• La valorización grupal de terrenos que compartan características físicas, urbanísticas o de uso, conforme al Reglamento Nacional de Tasaciones, lo que permitirá uniformizar criterios técnicos y acortar los plazos de negociación.
• Se fortalecen los incentivos económicos y administrativos para promover la entrega anticipada de predios por parte de propietarios y poseedores, reconociendo su colaboración en la viabilización de proyectos estratégicos para la prestación de servicios públicos.
• Se crea el Sistema Nacional de Tasación Comercial en Bloque, con el fin de estandarizar metodologías, transparentar procesos y recoger mejores prácticas internacionales en materia de adquisición predial.

“Además, habilita la entrega anticipada de inmuebles de titularidad estatal en un plazo máximo de siete días, facilitando el inicio oportuno de obras, precisó Miralles. Añadió que se incorporan medidas para fortalecer la planificación multianual de liberación de predios, dotar de mayor estabilidad a los equipos técnicos especializados y simplificar procedimientos administrativos.

El urbanista Aldo Facho detalló a El Comercio que cuando el Estado inicia un proceso de expropiación, por más que el reglamento estipule los pasos a seguir, se suele trabar con amparos legales. Es decir, los propietarios de los predios plantean amparos ante el órgano jurisdiccional, lo que traba los procesos haciendo que se vuelvan excesivamente largos. Ese tiempo excesivo impacta en el cronograma de ejecución de la obra y la encarece tremendamente.

“De base tienes gastos generales y también costos operativos. Además, se afecta a las personas, porque si ya la obra ha sido determinada como prioritaria, el que se postergue indefinidamente por amparos judiciales y procesos engorrosos, hacen que esta finalmente no llegue a tiempo. Por eso es importante que se pueda resolver la demanda de los vecinos antes de ir a juicio, a través de conciliaciones", explicó.

En ese sentido, Facho destacó que siempre es importante que el Estado avance en otorgarse a sí mismo herramientas eficaces para poder resolver la expropiación de terrenos para obras de infraestructura pública. Y mejor si ayudan a destrabar entrampamientos legales, agregó.

El experto puso sobre la mesa un caso bastante conocido: el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Este proyecto, precisó, se demoró décadas en poder liberar el suelo y ejecutar la nueva terminal y la pista, justamente por un proceso de expropiación que estaba trabado.

“Entonces, toda ley que mejore los procedimientos dándole más herramientas al Estado en todos los niveles de gobierno, para poder en el marco de un proceso transparente, ordenado y prolijo resolver expropiaciones de terreno y liberaciones de suelo con fines públicos, de infraestructura urbana principalmente, va a hacer que esas obras puedan concluirse en tiempos más eficientes", expresó.

En tanto, Edwin Aquise, director de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Perú, comentó que en términos simples, lo que cambia con este nuevo mecanismo es la lógica del proceso. Tradicionalmente, explicó, el Estado gestiona la adquisición de terrenos predio por predio, lo que implica múltiples procesos administrativos, tasaciones individuales y negociaciones separadas con cada propietario. “El nuevo mecanismo propone que, cuando se trate de proyectos grandes, se pueda agrupar varios predios dentro de un mismo ámbito y gestionarlos de manera conjunta”, dijo.

“Esto podría ayudar a ordenar procesos que muchas veces se vuelven muy largos y complejos. En el Perú, uno de los problemas recurrentes en los proyectos de infraestructura es justamente la demora en la liberación de terrenos. Informes de la Contraloría han señalado que existen más de 2.200 obras públicas paralizadas, estando el problema en muchos casos vinculado a dificultades en la gestión predial”, sostuvo.

Por su parte, Francisco Coronel, profesor de la Facultad de Derecho de la USIL, señaló que bajo el mecanismo tradicional del DL 1192, la obtención de terrenos necesarios para una obra pública se gestiona predio por predio, requiriendo cada inmueble su propia identificación, tasación, negociación y expropiación. Este modelo suele generar altos costos administrativos y retrasos significativos. En cambio, agregó, el nuevo mecanismo busca superar esta limitación introduciendo un enfoque territorial y colectivo.

“La norma permite que la entidad pública responsable del proyecto delimite un “bloque” de inmuebles, es decir, un conjunto de predios ubicados dentro de una misma poligonal y necesarios para la ejecución de la obra. A partir de esa delimitación, el proceso de identificación de afectados, tasación, negociación y liberación de los terrenos se gestiona de manera simultánea, optimizando plazos y recursos. Además, se incorporan incentivos económicos para promover el trato directo", indicó.

Anillo Vial Periférico de Lima y Callao

Aquise detalló que el Anillo Vial Periférico es un proyecto de gran escala que atravesará varios distritos de Lima y Callao, por lo que necesariamente requiere liberar una gran cantidad de terrenos a lo largo de todo su recorrido. En proyectos viales de este tipo, donde la infraestructura se desarrolla en varios kilómetros de extensión, precisó uno de los principales desafíos suele ser justamente la liberación progresiva del derecho de vía.

En ese sentido, resaltó que el mecanismo de liberación en bloque podría facilitar que los predios de determinados tramos se gestionen de manera conjunta, lo que permitiría planificar mejor la ejecución de la obra. “En proyectos viales extensos como el Anillo Vial, la liberación de terrenos suele marcar el ritmo de avance de la obra. Hay que considerar que el proyecto atraviesa zonas urbanas densamente pobladas, por lo que además del aspecto técnico será importante el trabajo de gestión social y coordinación con autoridades locales", dijo.

Por su parte, Coronel destacó la extensión del proyecto, que contempla una autopista urbana de más de 30 kilómetros que atraviesa múltiples distritos. “Para su construcción se estima la adquisición de más de 2.600 predios, lo que convierte la liberación predial en uno de los mayores desafíos del proyecto. En este contexto, la liberación en bloque permitiría organizar la adquisición de terrenos por tramos o sectores, agilizando el proceso y reduciendo los costos administrativos", indicó.

Líneas del Metro

En el caso de los sistemas ferroviarios urbanos, como la Línea 2 del Metro de Lima, así como las proyectadas Línea 3 del Metro de Lima y Línea 4, de acuerdo con Aquise, la adquisición de predios se concentra principalmente en puntos específicos: estaciones, accesos, pozos de ventilación o patios de maniobra.

“En estos casos, un mecanismo de liberación en bloque podría ayudar a que los terrenos vinculados a cada estación o zona de intervención se gestionen de manera coordinada“, expresó.

En tanto, Coronel mencionó que en el caso de la Línea 2, uno de los proyectos de transporte más importantes del país, diversos informes han señalado que su avance se ha visto afectado por demoras en la entrega de áreas, expropiaciones y liberación de interferencias, lo que ha interrumpido la secuencia constructiva de estaciones y túneles.

“Cuando las áreas necesarias para una estación no se entregan en el orden previsto, la tuneladora y las demás actividades no pueden avanzar de manera eficiente, generando retrasos y controversias contractuales", aseguró.

Teniendo esto en cuenta, Coronel manifestó que en este tipo de proyectos, el mecanismo de liberación en bloque permitiría gestionar simultáneamente todos los predios asociados a una estación o tramo de la línea, en lugar de negociar cada inmueble de manera aislada. "Esto podría reducir los tiempos de adquisición y facilitar una planificación más ordenada de la obra", dijo.

Vía Expresa Santa Rosa

En el caso de la Vía Expresa Santa Rosa, que busca mejorar el acceso hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el proyecto requiere liberar franjas continuas de terreno para la construcción de la vía rápida, precisó Aquise. Añadió que en este tipo de obras, el mecanismo de liberación en bloque podría facilitar la adquisición de segmentos completos del corredor vial, lo que ayudaría a ordenar mejor las etapas de ejecución.

“Cuando se trata de infraestructura vial urbana, liberar tramos completos de terreno puede ayudar a que la obra avance con mayor continuidad“, sostuvo.

No obstante, como ocurre con muchos proyectos urbanos en el país, Aquise resaltó que el éxito del proceso dependerá en gran medida de la coordinación entre las entidades públicas responsables, los gobiernos locales y los propietarios de los predios involucrados.

Por otro lado, Coronel señaló que proyectos como la Vía Expresa Santa Rosa, que conectará el Callao con el aeropuerto Jorge Chávez, también enfrentan desafíos asociados a la liberación de terrenos y al traslado de interferencias urbanas como redes de servicios públicos. En estos casos, el nuevo mecanismo podría facilitar una intervención territorial coordinada, "permitiendo liberar simultáneamente las áreas necesarias para el viaducto y sus accesos".

Un tema crítico resaltar es el dela informalidad en el país, vinculada a la ocupación del suelo. De acuerdo, con Facho, esto hace que cuando se plantea la ejecución de obras de envergadura se tenga que sí o sí expropiar inmuebles, lo que muchas veces son viviendas, sitios donde viven cientos de familias.

Refirió que esto ocurre porque no ha habido planificación urbana en el desarrollo de las ciudades y no se han previsto los espacios, las áreas para que se construyan avenidas, hospitales, colegios y demás. "Entonces, cuando el Estado finalmente termina actuando por una evidente necesidad mayor de las personas, tiene que expropiar, no tiene otra opción", manifestó.