Público y privado, por Angus Laurie

En las últimas décadas ha habido muchos casos en los que la inversión privada ha ayudado a expandir redes de infraestructura vial, telefónica o eléctrica en el Perú. Esto va de la mano con el editorial de El Comercio del 14 de noviembre del 2017, que resaltó los “distintos sectores de la economía que crecieron y ganaron eficiencia cuando pasaron del control estatal al control privado”. El editorial fue escrito en repuesta a la propuesta de ley 1875-2017, que busca modificar el artículo 60 de la Constitución con el fin de permitir la actividad empresarial del Estado.

La propuesta plantea que el Estado pueda ejercer actividades empresariales para “promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo”. El editorial de El Comercio tiene mucho sentido en cuestionar la amplitud de esta propuesta, y el hecho de que casi no establecería un límite a la participación del Estado en el mercado.

Por otro lado, con respecto al desarrollo de las ciudades peruanas, hay varias maneras en las que la participación empresarial del Estado podría tener sentido. En el extranjero, existen muchos ejemplos de empresas de desarrollo estatal que han tenido un rol fundamental en la transformación y mejora de las ciudades. El EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) en Colombia, la Agencia de Desarrollo Olímpico de Londres y el MTR (Metro de Hong Kong) son algunos ejemplos donde el Estado tiene funciones empresariales para hacer desarrollos inmobiliarios y, en particular, para participar en la captura de plusvalías generadas por el desarrollo de infraestructura, como las generadas por un sistema de metro.

Hoy en día, la construcción de un metro, por ejemplo, más allá de su función de movilizar a las personas, representa una enorme transferencia de riqueza desde el Estado hacia los dueños de los predios alrededor de las estaciones, debido al aumento de valor de suelos generado por la mejor accesibilidad.

En cambio, en los tres casos mencionados arriba, el Gobierno tiene el rol de planificar y consolidar suelos, mientras el sector privado lidera el proceso de diseñar proyectos inmobiliarios, construirlos y venderlos. Bajo esta modalidad de asociaciones público-privadas, el Estado tiene herramientas para captar plusvalías y garantizar la calidad de la obra. En algunos casos, la construcción de un metro (Hong Kong) o un parque olímpico (Londres) puede volverse una inversión rentable para el Estado en el largo plazo.

Más precisamente, el problema con la propuesta de ley 1875-2017 es que no especifica si su intención es facilitar la creación de un próximo fracaso, como Centromín, o si se trata de algo más progresivo que pueda agilizar el Estado y darle mejores herramientas para trabajar junto con el sector privado en el desarrollo de las ciudades peruanas.

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