Vivienda social y residencialidad: ¿qué hay detrás de la controversia entre San Isidro y el Ministerio de Vivienda?

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En un comunicado que ha sido calificado por algunos como discriminatorio, la gestión de la alcaldesa Nancy Vizurraga Torrejón (Renovación Popular) ha sido la primera en expresarse públicamente contra el proyecto de reglamento de Vivienda de Interés Social (VIS) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, orientado a cubrir la brecha habitacional de la población de escasos recursos.

Lo que argumentan es que es responsabilidad de las municipalidades el planificar “lo que mejor corresponde para otorgar calidad de vida a sus territorios” y que el proyecto de reglamento, publicado en noviembre pasado, se contrapone a las propias políticas sectoriales del MCVS y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.

La premisa de la “residencialidad” también ha sido defendida por el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, quien en entrevista con el diario Gestión se ha mostrado en contra de proyectos inmobiliarios que contemplen departamentos de menos de 60 metros cuadrados e incrementen la densidad del distrito.

El proyecto de reglamento propone incrementar la densidad y altura de edificación para proyectos que incluyan al menos el 50% de viviendas sociales, a nivel nacional. Según explica el arquitecto urbanista Aldo Facho, solo en el caso de Lima Metropolitana se pretende multiplicar por 3,5 la densidad máxima y superar la altura máxima absoluta.

“Actualmente, la altura se establece por 1,5 veces el ancho de la vía más los retiros normativos. Si una avenida mide 30 metros y tiene retiros de 5 metros, se permiten 60 metros lineales de altura o 20 pisos. Lo que se busca cambiar es que sea 1,8 veces el ancho de la vía más los retiros normativos. Esto supera la altura máxima nacional″, explica.

Fiscalización

Aunque los alcaldes de San Isidro y Miraflores han sido contundentes sobre su “residencialidad”, Surco tiene una visión un poco más intermedia. El alcalde Carlos Bruce asegura que lo proyectos de VIS sí son bienvenidos, siempre que sean destinados realmente a población de menos recursos.

“He promovido la vivienda social desde hace 20 años, pero la verdadera vivienda social para clases medias y bajas, no engañando. Si te dicen que quieren hacer un edificio de MiVivienda en Chacarilla del Estanque, obviamente es un engaño porque no va a ser rentable para vivienda social”, dice.

En diálogo con El Comercio, Bruce, quien fue ministro de Vivienda en tres oportunidades, señala que el principal problema es que el MVCS no ha establecido la obligatoriedad de que los municipios fiscalicen el cumplimiento de los parámetros que admiten beneficios a los constructores.

“Cuando es vivienda social tienen derecho a más alturas y menos estacionamientos porque apuntan a un segmento social de menos ingresos. El ministerio tiene que ponerse fuerte, dejar de tener una posición pasiva y entender que nos están engañando a todos. Tienen que dar un dispositivo para que eso se fiscalice sino los malos empresarios van a ser aprovechándose”, asegura.

En un mes y medio, la gestión de Bruce ha puesto en revisión 15 proyectos inmobiliarios que excedían alturas. A cuatro de ellos, dos de los cuales estaban enmarcados en la VIS, se les ha suspendido la licencia de construcción.

Bruce fue uno de los alcaldes que participó en la reunión realizada el último lunes con el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro. Además de Surco, estuvieron presentas la autoridades de Miraflores, San Isidro, San Borja y La Molina, así como presidentes de los gremios inmobiliarios y de la construcción. Ese día no hubo acuerdos sobre el reglamento.

“No hablamos del fondo del reglamento porque nos quedamos en el primer tema que es cómo nuestros vecinos nos exigen que no demos licencia a edificios que claramente no son de vivienda social”, explicó Bruce

Planificación y déficit

Para Aldo Facho el problema de fondo es la falta de acceso a una vivienda digna, con acceso a servicios y calidad de vida, para la población de escasos recursos. Según el Ministerio de Vivienda, son por lo menos 500 mil familias sin vivienda y un millón de grupos familiares que residen en viviendas inadecuadas.

En teoría, las VIS buscan atender esa necesidad. Lo que ocurre en la práctica es el problema. Aunque no comparte el concepto de “residencialidad” que defienden San Isidro y Miraflores, Facho enfatiza que el problema con el DS.010-2018, del cual parte la VIS, y el proyecto de reglamento es que no parten de una planificación, no consideran obras complementarias ni carteras de inversión para garantizar que los servicios ya existentes - como agua, desagüe, transporte, etc. - no colapsen al incrementar las densidades.

“La densificación debe ser equilibrada y tiene que estar asociada a la planificación urbana. No se trata de discriminación ni racismo, es un tema de capacidad de soporte del suelo. Se necesita garantizar que todas las familias, residentes y nuevas, tengan igual acceso a agua, luz, transporte público, parques, colegios, entre otros. Para que en una avenida los edificios pasen de 20 a 30 pisos se necesitaría reforzar la red de agua y desagüe, un transporte público masivo, más áreas verdes”, explica.

¿Es posible tener viviendas sociales en todos los distritos? El abogado especializado en temas urbanos Andrés Devoto, miembro del colectivo Despierta Lima, considera que sí porque los municipios tienen el mandato legal de promover una estrategia de vivienda. “Claramente hay algunos lugares mejores que otros porque lo que se busca es tener la vivienda en lugares consolidados que estén cerca de hospitales, servicios de agua, luz, transporte de calidad, etc.”, dice.

“Lo que debe primar es el bien común, no el beneficio de algunos cuando hay un déficit de vivienda enorme que cada año se acumula”, añade.