Universidad Nacional del Callao: pagos a un docente fallecido, intercambio de favores y otras graves denuncias de corrupción en autoridades

En la Universidad Nacional del Callao (UNAC), hasta un profesor fallecido recibió sueldo. Ese es solo uno de los hallazgos que forman parte de una serie de denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos dentro de la novena universidad pública con mayor número de estudiantes del país. Fuentes de El Comercio y la Contraloría General de la República revelaron que los cuestionamientos alcanzan incluso a las más altas esferas de decisión administrativa y académica de la casa de estudios.

El epicentro de estos cuestionamientos tiene un nombre: Juan Carlos Collado Félix, jefe de la Unidad de Abastecimiento de la Universidad Nacional del Callao (UNAC). Diversas fuentes lo señalan como una de las piezas clave dentro de la estructura de gestión de la casa de estudios y como una persona de confianza de la rectora Arcelia Olga Rojas Salazar.

Uno de los principales casos observados está relacionado con la paralización de una obra valorizada en más de S/16,3 millones en la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, en Bellavista. De acuerdo con la Contraloría, el proyecto —que contemplaba la mejora de aulas y ambientes administrativos— fue detenido de manera irregular bajo el ámbito de acción de Juan Carlos Collado Félix. La paralización habría perjudicado a miles de estudiantes y retrasado la entrega de infraestructura clave para la comunidad universitaria.

La Contraloría confirmó a El Comercio que continuará evaluando las presuntas irregularidades vinculadas al proceso que derivó en la nulidad del contrato con la empresa encargada de ejecutar la obra.

A este caso se suman presuntos pagos indebidos a personal de la universidad, entre ellos el de un docente fallecido, así como compensaciones económicas irregulares otorgadas a profesores que asumieron la rectoría entre 2021 y 2024. De acuerdo con la Contraloría, estas observaciones forman parte de un conjunto de hechos que serán materia de evaluación e investigación.

El organismo fiscalizador identificó que el trabajador José Gonzalo Vigo Ambulodigue, quien figura como fallecido desde el 24 de agosto de 2023 en los registros del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), recibió un depósito por concepto de planilla de haberes correspondiente al mes siguiente de su deceso. La entidad verificó además la existencia del acta y certificado de su defunción.

Según la documentación revisada por la Contraloría, en el listado de pagos del Scotiabank figura un abono de S/4.397,44 a favor del trabajador. “Con lo que quedó comprobado que se pagó a una persona su remuneración del mes de setiembre de 2023, pese a haber fallecido el 24 de agosto de ese año, deviniendo en un pago indebido”, señala el informe. Asimismo, el organismo detectó el desembolso de S/442,28 por concepto de aporte a EsSalud para el mismo trabajador.

Por otro lado, como se mencionó más arriba, la Contraloría también informó sobre pagos indebidos de compensaciones económicas a docentes que asumieron la rectoría y los vicerrectorados en años anteriores, incluso durante el periodo en que Juan Carlos Collado ejercía funciones en la gestión universitaria.

“Se pagó compensaciones económicas a decanos encargados del rectorado y vicerrectorados de la UNAC como si fuesen autoridades electas en dichos cargos, contraviniendo la normativa vigente (haciendo alusión a que se trataba de un cargo temporal). Ello generó un efecto adverso a la entidad por la inadecuada gestión de los fondos públicos y un perjuicio económico ascendente a S/108.975,20”, concluyó la Contraloría.

Sin embargo, los cuestionamientos no se limitan al ámbito administrativo. Juan Carlos Collado Félix también enfrenta investigaciones penales preliminares por los presuntos delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y ejercicio ilegal de funciones, según registros del Ministerio Público. Pese a ello, continúa desempeñando un papel central en las áreas de abastecimiento, logística y pagos de la universidad.

Las denuncias también alcanzan a la rectora Arcelia Olga Rojas Salazar, por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

En paralelo, se ha reportado un presunto intercambio de favores entre la rectora y el congresista Esdras Medina. Según la denuncia, mientras el hijo del parlamentario obtuvo contratos con la universidad por S/17.500, pese a encontrarse impedido de contratar con el Estado por su vínculo familiar con un congresista, la hija de la rectora fue contratada en el despacho del legislador. El caso dio lugar a diligencias preliminares por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

En medio de este entramado de denuncias, Collado llegó a ser apartado temporalmente de sus funciones. Sin embargo, posteriormente fue reincorporado al cargo, en medio de cuestionamientos relacionados con su participación en el caso. Ello debido a que documentación de la carpeta fiscal revisada por El Comercio muestra que recibe asesoría legal vinculada a los hechos.

Además, documentación oficial revela que Juan Carlos Collado Félix estaría evaluando anular el actual contrato del servicio de seguridad de la UNAC. Según denuncias recibidas por este Diario, dicha medida podría favorecer a tres empresas presuntamente vinculadas entre sí: Rangers, Optimus y Guardia Civil Company. Estas compañías aparecen integrando consorcios de manera recurrente y formarían parte de un mismo entorno empresarial, de acuerdo con la información consignada en la plataforma de la Ficha Única del Proveedor.

De este modo, lo que hoy se encuentra bajo la lupa no son únicamente hechos aislados, sino el funcionamiento interno de una universidad pública en la que decisiones administrativas, contratos millonarios y recursos destinados a miles de estudiantes aparecen rodeados de presuntas irregularidades que continúan siendo materia de investigación.

En medio de toda esta trama, Jorge Manuel Linares Carjahuaringa, jefe de Administración de la UNAC, también registra, según el Ministerio Público, una imputación por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, así como por desobediencia y resistencia a la autoridad.

El Comercio trató de comunicarse tanto con Juan Carlos Collado Félix como con la rectora Arcelia Rojas y el administrador de la UNAC Jorge Linares. Luego de que este último solicitara la documentación correspondiente, la Secretaría General de la universidad mandó sus descargos de algunos de los puntos.

En relación a la obra paralizada, mencionaron que el señor Juan Carlos Collado Félix “ingresó a prestar servicios en la Unidad de Abastecimiento varios años antes de que la Dra. Arcelia Rojas Salazar sea elegida como Rectora de la Universidad Nacional del Callao. Respecto a que se detuvo de manera irregular la obra llevada a cabo en la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, conforme la Oficina de Asesoría Jurídica, lo cierto es que dicho contrato se declaró nulo debido a que la Contratista presentó para la suscripción del Contrato N.° 024-2025-UNAC una Carta Fianza emitida por la Cooperativa San Lorenzo sin respaldo financiero, hecho corroborado por misivas de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP".

“En dicho proceso de nulidad, no participó la Dra. Arcelia Rojas Salazar, pues el Rectorado se encontraba a cargo del Dr. Jorge Luis Camayo Vivanco”, manifestaron.

Sobre la denuncia de pagos indebidos, la universidad compartió documentos que corroboran que se está solicitando la devolución del dinero pagado indebidamente al exdocente José Gonzalo Vigo Ambulodigue en setiembre de 2023, posterior a su fallecimiento, así como además se está solicitando información de lo ocurrido a la Unidad de Tesorería de la universidad.

Respecto a las acusaciones contra la doctora Arcelia Olga Rojas Salazar, comunicaron que “no es veraz que a la fecha tenga una denuncia en trámite ante la Fiscalía Suprema, hecho que puede ser corroborado en el informe actualizado al 05 de junio del 2026 de dicha fiscalía”. Al revisar el historial de los casos fiscales de Rojas, se constató que estas denuncias se encuentran en estado de notificación.

Sobre el presunto intercambio de favores entre la rectora y el congresista Esdras Medina, la casa de estudios se defendió informando que “lo manifestado ya ha sido materia de diferentes notas periodísticas, incluso, prensa escrita; sin embargo, a la fecha no existe ninguna determinación en contra de la Dra. Arcelia Rojas Salazar. Es preciso manifestarle que las contrataciones de servicios de personas naturales en la Universidad Nacional del Callao, y en toda universidad pública, no es una función a cargo del Rector, pues esta responsabilidad recae en la Unidad de Abastecimiento y debe ser supervisada por la Dirección General de Administración, conforme se podrá observar del Art. 241 del Estatuto de la Universidad”.

“No existe en el acervo documentario de la Universidad Nacional del Callao alguna separación temporal contra Juan Carlos Collado Félix”, continuaron.

Finalmente, sobre la acusación de que Juan Carlos Collado Félix estaría evaluando anular el actual servicio de seguridad de la UNAC para favorecer presuntamente a tres empresas vinculadas entre sí, concluyeron que “se refiere a supuestos que ocurrirían, por lo que se le requiere observaciones objetivas”.