Paro nacional: las diferencias clave con las anteriores movilizaciones y la posibilidad de una cuarta protesta

El miércoles 23 de octubre, Lima y Callao se convirtieron en el epicentro de una masiva protesta que reunió a transportistas, comerciantes, estudiantes y ciudadanos preocupados por el aumento de la criminalidad. Este nuevo paro nacional, impulsado por un alarmante incremento de delitos como el sicariato y la extorsión, busca exigir a las autoridades acciones concretas en materia de seguridad.

El contexto de la protesta se sitúa en un clima de creciente inseguridad en el país. Dirigentes como Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas del Perú, anticiparon que esta jornada de movilización reuniría a una amplia variedad de sectores. Entre ellos, comerciantes de Gamarra, mototaxistas, bodegueros y universitarios, todos unidos por un objetivo común: exigir un entorno más seguro para trabajar y vivir.

Lo que comenzó como un reclamo de los transportistas se transformó en una exigencia colectiva, donde diversos gremios salieron a protestar bajo el resguardo policial de casi mil efectivos. En la primera convocatoria, participaron un grupo de transportistas; en la segunda, se unieron integrantes de los megamercados de Lima Norte y Gamarra. En este último paro, la participación ya no se limita solo a transportistas, sino que también incluye a un gran número de comerciantes de los mercados de Huamantanga y Unicachi.

La decisión de convocar el paro fue motivada por la constante ola de crímenes que han afectado a transportistas y trabajadores, quienes se sienten desprotegidos ante el avance de la delincuencia. Los gremios organizaron la movilización como una medida de presión hacia el gobierno para que tome en serio la situación de inseguridad que afecta a la población.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, informó a El Comercio que continuarán realizando marchas escalonadas, dejando claro que no se descarta la posibilidad de una nueva manifestación, ya que los transportistas tienen la intención de seguir marchando hasta obtener acciones concretas por parte de las autoridades.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú comunicó a El Comercio que desplegaron 950 policías para resguardar las manifestaciones, incluyendo unidades de servicios especiales, DINOES, SOES y el Grupo de Intervenciones Rápidas.

Uno de los puntos más críticos del paro se evidenció en la Panamericana Norte, donde se registró un bloqueo total a la altura del kilómetro 160. Este cierre de vías provocó la quema de llantas y limitó severamente el paso de vehículos, afectando a miles de ciudadanos que intentaban trasladarse a sus trabajos o realizar actividades cotidianas.

Los distritos más impactados por la falta de transporte público fueron San Martin de Porres, Puente Piedra, Independencia, Los Olivos, Comas y Carabayllo. La ausencia de unidades de transporte generó un caos en la movilidad urbana, con largas filas de personas esperando en vano un bus que los llevara a sus destinos.

La paralización también tuvo un efecto inmediato en los precios del transporte. En Ancón, por ejemplo, el costo de los pasajes se incrementó más del 100% debido a la escasez de vehículos. Los pasajeros señalaron que por cada tramo estaban cobrando hasta 8 soles. La gente, ante la falta de opciones, se vio obligada a recurrir a alternativas poco seguras, como treparse a camiones que circulaban en la Panamericana.

Además, los comerciantes del mercado Huamantanga en Puente Piedra iniciaron su movilización, sumándose a las protestas. La presencia de la Marina de Guerra en la zona fue notable, lo que generó un clima de tensión entre los manifestantes y las fuerzas del orden.

Los comerciantes de Gamarra, uno de los emporios textiles más importantes del país, también se organizaron para marchar hacia el Palacio de Gobierno. Durante la movilización, exigieron no solo un aumento en las medidas de seguridad, sino también la destitución de autoridades locales que consideran ineficaces en la lucha contra la criminalidad.

Conforme avanzó el día, los manifestantes comenzaron a concentrarse en los alrededores del Congreso de la República. Más de cinco mil comerciantes decidieron detener sus actividades durante siete horas para visibilizar su rechazo ante la ola de criminalidad que les afecta directamente. Susana Saldaña, presidenta de la asociación Gamarra Perú, reveló que el 10% de los vendedores había recibido amenazas de extorsión en las últimas semanas, lo que pone en riesgo la campaña de fin de año.

La movilización en el Congreso fue un momento clave, ya que los manifestantes plantearon sus exigencias directamente a sus representantes. Con pancartas y gritos de protesta, pidieron al Gobierno que tome medidas más efectivas contra la delincuencia y que garantice un entorno seguro para trabajar.

El paro no solo impactó al sector del transporte, sino que también tuvo repercusiones en el ámbito educativo. En La Libertad, se suspendieron las clases en cinco provincias —Trujillo, Chepén, Pacasmayo, Ascope y Virú— debido a la falta de transporte público, lo que afectó a miles de estudiantes.

El Ministerio de Trabajo, consciente de la situación, exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles, como priorizar el teletrabajo y ofrecer tolerancias en los horarios de ingreso. Esta recomendación fue bien recibida por muchos trabajadores que, debido a la paralización del transporte, enfrentaban dificultades para llegar a sus lugares de trabajo.

En medio de la crisis, las autoridades intentaron calmar la situación. El general Iván Lizzetti, Director Nacional de Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú, informó que el 40% del transporte público estaba operando con normalidad a pesar del paro. Destacó que el tránsito vehicular se iría normalizando a lo largo del día, a pesar de los bloqueos.

Sin embargo, la percepción de seguridad en la población sigue siendo baja. La policía reportó algunos incidentes menores en Collique y Jicamarca, pero no se registraron altercados graves ni detenciones.

Las demandas de los manifestantes fueron claras y contundentes. Uno de los principales pedidos es que el Gobierno implemente medidas efectivas contra la delincuencia y la extorsión. A pesar de que actualmente rige un estado de emergencia en 14 distritos de Lima, los índices de criminalidad no han mostrado signos de mejora.

Los manifestantes también pidieron la derogación de la Ley Nº 32108 y el archivo de proyectos relacionados con el terrorismo urbano, considerándolos inadecuados para abordar la creciente criminalidad. Estos proyectos, según los protestantes, favorecen al crimen en las calles en lugar de facilitar la imputación de cargos a los delincuentes.