Caral: ¿por qué se canceló la diligencia para restituir terreno de más de 4 hectáreas al sitio arqueológico?

El viernes 7 de enero el Ministerio de Cultura (Mincul) anunció que se llevaría a cabo el desalojo de Alejandro Ramón Saliz Saveedra de un terreno de más de 4 hectáreas ubicado en el Sitio Arqueológico Ciudad Sagrada de Caral - Chupacigarro. La diligencia debió empezar cerca de las 9:00 a.m. pero conforme avanzó el día, esta se fue dilatando debido a la protesta de varios grupos que impidieron que las autoridades lleguen hasta la zona ocupada ilegalmente.

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Según la información que pudo recopilar este Diario y que fue corroborada por el mismo Mincul, varios grupos pusieron troncos de árboles y piedras en las vías de acceso al sitio arqueológico. Además, se registró que más de 70 personas incluyendo a niños y personas mayores también impidieron que los procuradores del ministerio y los cera de 100 agentes PNP puedan llegar hasta el lugar, dilatando la diligencia hasta el mediodía.

“En esas circunstancias se conversó con la parte demandada y ante su propuesta de retirarse voluntariamente en los próximos meses se hizo la consulta necesaria y se aceptó el trato para evitar un enfrentamiento con la población”, señaló a El Comercio el procurador público del Ministerio de Cultura, Henmer Alva Neyra.

El funcionario detalló que se firmaron actas de compromiso para que el próximo 31 de mayo, sea la fecha límite para que los ocupantes del predio puedan salir. “No son invasiones de familias que estarían viviendo allí, son espacios en los que desarrollan su actividad de siembra de paltas y la justificación que ellos expusieron es que se les permita un tiempo prudencial hasta que puedan cosechar esos productos. La evaluación se hizo para evitar conflictos y la exposición de las personas a algún peligro”, detalló Alva Neyra.

En contra de la decisión

Por su parte, Ruth Shady, quien trabaja desde hace más de 25 años el sitio arqueológico de Caral, sostiene que esta es una estrategia de los invasores para dilatar el proceso de desalojo y mantener la ocupación ilegal del predio. De acuerdo con los cálculos de la mujer que ha dedicado su vida a proteger la ciudadela, los Saliz Saavedra tendrían en su poder una 30 hectáreas del sitio arqueológico que estarían repartidas entre Alejandro Ramón, su hermano Luis Alberto Saliz Saavedra y su sobrino Pablo César Mejía.

Shady también informó que durante la diligencia personas con armas de fuego, pistolas y piedras amenazaron a los arqueólogos de Caral. Uno de ellos fue golpeado mientras que otro se encerró en un predio para evitar ser atacado por la turba de gente que llegó al lugar.

“Es indignante que no se haya respetado la disposición de la Corte Suprema de retirar al invasor y no considerar las leyes y normas de protección del Patrimonio Cultural. La misma Constitución indica que el Patrimonio Cultural de la Nación es intangible, inalienable e imprescriptible. Caral fue declarado patrimonio de la nación en 2002 y fue registrado por el Estado como bien nacional el 2005. Ese invasor no tiene ningún documento que le dé derechos sobre esas tierras sino al revés tiene la orden judicial de ser retirado en seis días”, resaltó Shady quien junto con su equipo, continúan recibiendo amenazas por trabajar en tierras arqueológicas.

Asimismo, Shady enfatizó que la siembra en esa zona podría afectar los trabajos de excavación y el material que se encuentra enterrado en la zona. A su vez, pidió a las autoridades corroborar la antigüedad de los sembríos y de la actividad que se realiza en el terreno.

En ese sentido, el procurador Alva Neyra dijo que se mantienen reuniones de trabajo y coordinación con todas las partes involucradas y fue enfático en resaltar que las plantas de palto se habrían sembrado desde hace años en la zona. “En el análisis costo beneficio que me compete realizar frente a la situación que hemos enfrentado, se vio por conveniente hacer la consulta y aceptar la propuesta. Este caso y los otros se deben cerrar en los próximos meses, nosotros venimos implementando acciones como denuncias y acciones de recuperación”.

Más datos

• La diligenciase realizó en cumplimiento de la ejecución de las sentencias favorables al Ministerio de Cultura (expediente N° 00283-2012-0-1301-JR-CI-01): Primera Instancia (resolución N° 24-2015), Segunda Instancia (resolución N° 32-2016) y la Corte Suprema de Justicia de la República Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente (CAS. N° 8285-2016)
• Los ocupantes se encuentran en un predio del Estado, inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) como propiedad del Ministerio de Cultura con el código N° 80027096.
• El área en cuestión es un sitio arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2002, mediante Resolución Directoral Nacional N° 720/INC, ratificada mediante la Resolución Viceministerial N° 256-2011-VMPCIC-MC del 3 de marzo de 2011, inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO durante la convención del Centro de Patrimonio Mundial, realizada en junio de 2009 (Decisión 33 COM 8B.38), por su valor universal excepcional que resulta de la expresión material de sociedades andinas prehispánicas que ocuparon este territorio hace 5000 años, forjando el centro de civilización más antiguo de América.

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