José Jerí y su posición sobre la lucha contra el crimen organizado cuando fue congresista

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El hasta entonces jefe del Congreso para el período 2025-2026, sin embargo, parecía haber olvidado que durante su gestión parlamentaria ha sido un voto seguro en las controvertidas leyes que han debilitado la capacidad de las autoridades para enfrentar la creciente delincuencia en el país.

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Y es que si algo ha marcado al Congreso 2021-2026 de nuestro país es la serie de leyes catalogadas como pro crimen organizado o facilitadoras del delito. Pese a las alertas y reclamos del Ministerio Público, organismos de derechos humanos, el Poder Judicial y hasta la Corte Suprema, los parlamentarios han insistido vehementemente en aprobar estos proyectos de ley.

José Jerí ha votado a favor de al menos una decena de ellos, según pudo confirmar El Comercio a través del archivo público del Congreso. Entre ellos se encuentran, por mencionar algunos, los que se convirtieron en normas como la Ley N° 32181, que eliminó la detención preliminar en casos sin flagrancia y que limitó gravemente el trabajo de la policía en sus investigaciones; la Ley N° 32326, que modifica el régimen de extinción de dominio; la Ley N° 31990, que aplicó una serie de restricciones a la colaboración eficaz; la Ley N° 32104, que redujo los plazos de prescripción del delito; o la Ley N° 32108, que exige la presencia del abogado del imputado en los allanamientos.

EL VOTO DE JERÍ

ANTE LAS "LEYES PRO CRIMEN"

Ley 31388

Amplió nuevamente el plazo para la formalización minera, permitiendo que miles de mineros informales continúen operando sin control efectivo del Estado. Diversos expertos consideran que la medida favorece el avance de la minería ilegal.

Ley 31990

Modificó el proceso de colaboración eficaz, imponiendo nuevos límites y plazos que han reducido la utilidad de esta herramienta clave en investigaciones por corrupción y crimen organizado.

Ley 32104

Acortó el tiempo de suspensión de la prescripción de los delitos a solo un año. Según fiscales y penalistas, esta reforma incrementa el riesgo de impunidad en casos complejos de corrupción y lavado de activos.

Ley 32107

Redefinió los alcances de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Organismos de derechos humanos advirtieron que podría excluir violaciones cometidas antes de 2002 y limitar la persecución penal.

Ley 32108

Modificó la Ley contra el Crimen Organizado y el Código Penal, cambiando la definición de organización criminal y exigiendo la presencia de abogados de los imputados durante los allanamientos, lo que ha dificultado la labor del Ministerio Público y la Policía.

Ley 32130

Reformó el proceso penal, restando autonomía a los fiscales y dando mayor protagonismo a la PNP durante las investigaciones preliminares. Especialistas advirtieron que restaba autonomía al Ministerio Público y alteraba la cadena de mando.

Ley 32181

Eliminó la detención preliminar en casos sin flagrancia, impidiendo que la Policía capturara a sospechosos en investigaciones criminales. La norma fue finalmente derogada tras fuertes críticas del Ministerio Público y el Poder Judicial.

Ley 32182

Estableció sanciones para jueces y fiscales que dispongan la liberación de detenidos en flagrancia. El Poder Judicial consideró que la norma vulnera su independencia y genera presión política.

Ley 32326

Reformó la Ley de Extinción de Dominio, elevando los requisitos para confiscar bienes vinculados a la corrupción, el narcotráfico y la minería ilegal. La Fiscalía advirtió que la norma debilita una de las principales herramientas para golpear las finanzas del crimen organizado.

Todas estas leyes, sin duda, han allanado el camino para que el país llegue a esta nueva crisis política, social y de inseguridad.

Así lo alertaba Human Rights Watch en su informe “Legislar para la impunidad”, presentado en julio de este año y en el que denuncia que este tipo de leyes “han debilitado de forma sistemática la capacidad del Estado Peruano para investigar delitos graves y desmantelar redes criminales”.

El analista de datos Juan Carbajal traduce esta realidad en cifras al mostrar que en promedio cada 19 minutos se presenta una denuncia por extorsión en el país o que en los últimos tres años se han registrado 5.424 homicidios, “el mayor registro históricamente y con el mayor promedio diario que cualquier anterior gobierno desde el 2017”.

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“Estamos ante el mayor desborde criminal de nuestra historia y es consecuencia de varios factores. Entre ellos, la forma tan indolente e irresponsable con la que enfrentó el gobierno de Dina Boluarte este problema, y también la modificación y el debilitamiento de un marco normativo que era utilizado como herramienta importante en la lucha contra el crimen tanto por el Ministerio Público como por la PNP. Yo diría que tanto a la policía como a la fiscalía se les ha maniatado”, comenta a El Comercio el exministro del Interior Rubén Vargas.

“Estas llamadas leyes pro crimen organizado están vigentes y han ayudado a una expansión mayor de extorsiones y de otro tipo de criminalidad organizada”, agrega.

En ese sentido, Vargas considera que “la primera responsabilidad del nuevo presidente es que plantee la inmediata derogación de estas leyes. El crimen organizado está ametrallando a choferes, a conjuntos musicales, en eventos públicos y mercados, con absoluta impunidad. Lo hace todos los días. Enfrascarnos en un debate metafísico [en el Parlamento, sobre la conveniencia de derogar estas leyes] sería irresponsable y hasta doloso".