(Foto: GEC)
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Pedro Ortiz Bisso

se unió ayer al cada vez menos selecto club de autoridades detenidas por la justicia. Quien fuera primer ministro durante el segundo gobierno de Alan García es investigado por presunto lavado de activos y colusión por el Caso Olmos.

A cambio de favorecer a , habría recibido US$300 mil en el 2006 para su campaña de reelección como gobernador regional de Lambayeque.

Aunque tenemos un expresidente preso, otro con detención domiciliaria y otro con impedimento de salida del país, además de dos exalcaldes de Lima y una excandidata presidencial en la cárcel, no deja de llamar la atención que un personaje de la estatura de Simon se encuentre en esta situación.

Tras ser indultado por el presidente Paniagua, luego de purgar prisión acusado de apología al terrorismo, se convirtió en agente pastoral e hizo de la honestidad el centro de su prédica política. Pese a que su responsabilidad en el ‘Baguazo’ enrareció su carrera, hasta antes de que estallara el escándalo Odebrecht, su imagen era ajena a temas ligados con la corrupción.

La controversia alrededor de las prisiones preventivas (en el caso de Simon, una detención preliminar) se mantiene viva y continuará así por mucho tiempo más. Pero más allá de quienes la critican por considerarla abusiva y de aquellos que defienden su legalidad – y destacan su valor como expresión de justicia-, hay algo que es cierto: no hace distinciones ideológicas. Tras la detención de Simon solo queda preguntarse quién será el siguiente. Porque esto no termina aún.


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