Blindaje en caso Gálaga: gerente de la ONPE no entrega su celular y habrá nueva citación

A pesar de asegurar que es inocente y que reportó todas las fallas a sus superiores, José Samamé, decidió poner sus comunicaciones bajo llave. Tras obtener su libertad, el exgerente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dejó una pieza clave sin resolver. No autorizó a la Fiscalía para que visualice y lea el contenido de su celular.

Esta negativa bloquea, por ahora, el rastreo de los chats de Whatsapp donde se habrían gestionado las órdenes de la crisis y la renuncia informal del funcionario que percibía S/14.000 mensuales.

Este blindaje informativo ha forzado a la Dircocor a escalar la investigación de inmediato. La policía anticorrupción ha citado a Piero Corvetto para este viernes 17 de abril, buscando en la cabeza de la institución las respuestas que Samamé prefirió no abrir en su equipo móvil.

La mira está puesta en el contrato de S/ 6.3 millones con la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., un servicio que, según la propia manifestación de Samamé, nació con vicios operativos que él mismo detectó el sábado previo a la elección.

En su manifestación de ocho páginas ante el fiscal Tulio Ysla, Samamé intentó deslindar responsabilidad técnica. Aseguró que la elección de la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C. fue tarea de la Gerencia de Administración y señaló a la Subgerencia de Producción, a cargo de Juan Phang, por fallas en la supervisión del cronograma.

No obstante, el investigado admitió que el sábado previo a los comicios detectó los camiones varados en Lurín y coordinó telefónicamente un gasto extra de S/ 48.000 para intentar salvar el despliegue sin éxito.

La salida de José Samamé de la sede fiscal responde a un límite estrictamente normativo. Fuentes del Ministerio Público precisaron que el delito de omisión de funciones tiene una pena no mayor a dos años, lo que impide legalmente solicitar una prisión preventiva o medida mayor tras cumplirse las 48 horas de detención en flagrancia.

Sin embargo, la institución enfatizó que eso no significa el archivamiento del proceso ni una declaración de inocencia. Samamé mantiene la condición de investigado y será citado en los próximos días para continuar con las diligencias que buscan determinar su responsabilidad penal en el colapso del sufragio.

El contrato de S/ 6.3 millones con la empresa Gálaga incluía multas de 2% de la UIT por cada hora de retraso injustificado, el cual la ONPE evitó aplicar tras el caos electoral.

Cómo se recuerda, la jornada electoral del 12 de abril de 2026 en Lima estuvo marcada por una grave falla logística que impidió el inicio oportuno de la votación en decenas de locales. El principal problema fue la tardía entrega del material electoral —ánforas, cédulas y equipos— atribuida a la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., contratada por la ONPE para el transporte.

Desde antes de las 7:00 a.m., ciudadanos y miembros de mesa reportaron retrasos en la instalación de mesas, especialmente en Lima Sur. En total, al menos 75 locales y 211 mesas se vieron afectados, lo que generó largas colas, locales cerrados y malestar generalizado. Incluso, hacia la tarde, cerca del 13% de mesas en Lima Metropolitana aún no estaban operativas, afectando potencialmente a alrededor de un millón de electores.

La magnitud del problema obligó a las autoridades a tomar medidas excepcionales. El Jurado Nacional de Elecciones amplió el horario de votación y dispuso que las mesas no instaladas pudieran operar al día siguiente. Además, la ONPE activó un plan de contingencia que incluyó el uso de sus propios vehículos, la contratación de servicios de emergencia e incluso el traslado en taxis.

Según la ONPE, Gálaga incumplió el cronograma de distribución: ejecutó parcialmente el primer turno de entregas, pero no completó el segundo. Días antes de la elección, la empresa incluso buscaba alquilar hasta 400 vehículos, lo que evidenciaría que no contaba con la flota necesaria.

El contrato con la ONPE ascendía a más de S/ 6,3 millones y la empresa ya tenía antecedentes de incumplimientos. Tras el caos electoral, se anunciaron acciones legales contra la compañía, mientras el caso abrió cuestionamientos sobre la contratación y supervisión del servicio.