Cómo la fuga de un reo expuso al INPE y removió la estructura penitenciaria del país: ¿Qué viene a partir de ahora?

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El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 p.m. del pasado lunes. Javier Sebastián abandonó su celda en el pabellón 10 durante el conteo e identificación de internos -un procedimiento rutinario que el INPE realiza antes del cierre nocturno de celdas- y, aprovechando el movimiento, recorrió casi todo el penal hasta llegar al extremo opuesto, donde finalmente logró escapar.

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A pesar de que los agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del serenazgo de San Juan de Lurigancho, desplegaron un operativo de búsqueda, no lograron ubicar al fugitivo. Lo único que se encontró fue una hoja de cuaderno cuadriculado con números telefónicos de sus familiares y de su abogado, miembro de la Defensa Pública.

En declaraciones a diversos medios, el abogado de Jhon Kennedy, William Figueroa, afirmó que no tenía contacto con su defendido desde hace varios meses. No obstante, relató que el joven le había manifestado haber sido víctima de robos y maltratos durante su tiempo en prisión. También aseguró que, mientras lo representó, el interno nunca mencionó intenciones de escapar.

Como consecuencia inmediata del escape, se dispuso la destitución del director del penal de Lurigancho, Víctor Santos Huapaya, así como el relevo del personal de seguridad implicado y el refuerzo de la seguridad tanto interna como externa del establecimiento penitenciario.

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Este insólito hecho, que no ocurría desde 2017, no solo provocó la destitución del jefe del penal de Lurigancho, sino también la renuncia del presidente del INPE, Javier Llaque Moya. Esta salida fue confirmada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en una conferencia de prensa el pasado miércoles, y luego oficializada a través del diario El Peruano.

Adrianzén explicó que Llaque Moya dejó el cargo por una “responsabilidad funcional” derivada de la crisis provocada por la fuga. Añadió que ya se está gestionando la designación de un nuevo titular para el INPE. “El director del establecimiento penitenciario de Lurigancho ha sido destituido y el presidente del INPE, el señor Llaque, ha presentado su renuncia, la cual será aceptada. Se designará a un nuevo titular. Entendemos que hay una responsabilidad funcional, y la renuncia es la medida más inmediata para enfrentar esta situación”, concluyó.

Esta situación se produjo en medio de la grave crisis de inseguridad ciudadana que enfrenta el país, así como también el hacinamiento en los penales a nivel nacional. Una entrega anterior realizada por la Unidad de Investigación (UI) de este Diario alertó que desde mayo del 2020, el Tribunal Constitucional estableció en un fallo que existe “existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue”.

Por lo que declaró que, si en cinco años no se adoptaban medidas para mejorar este estado, las seis prisiones más sobrepobladas del país debían cerrarse cuando se venza el plazo. Ello implica “el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos, el cierre temporal [...] con traslado de los internos a otros establecimientos penitenciarios sin hacinamiento, entre otras medidas”.

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Según el informe de la periodista de la UI de El Comercio, Graciela Villasís, el periodo vence en mayo de este año y debe cumplirse. Alertó que, si la decisión del TC no es acatada, deben asumir la responsabilidad de omisión o deficiencia de las respectivas instituciones públicas, empezando por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cartera que desde setiembre de 2023 está a cargo de Eduardo Arana.

Según un informe de enero del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en las 68 prisiones del país hay 94.911 reclusos, cuando la capacidad de albergue es de 41.019. La sobrepoblación penitenciaria es de 53.892. La misma fuente detalló que a junio de 2023, 48 de los 69 penales del país estaban hacinados. El E.P Callao y E.P Castro Castro de Lima, funcionan con una sobrepoblación que supera el 400% de su capacidad.

Leonardo Caparrós, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sostuvo que quizá uno de los errores de Javier Llaque fue mantenerse durante tanto tiempo al frente de la institución sin contar con un respaldo concreto del Ejecutivo. “Se necesita liderazgo desde la Presidencia del Consejo de Ministros. La única manera de lograr un cambio importante en el INPE, en temas de seguridad, entre otros, es que desde la PCM se articule un plan integral que incluya al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a fiscales y jueces, en una sola mesa de trabajo”, afirmó.

Sobre el plazo establecido por el fallo del Tribunal Constitucional que obliga a cerrar penales en situación de hacinamiento, Caparrós advirtió que se debe encontrar una formula para llegar a un acuerdo. “Si se cierran los penales como se plantea, lo que va a ocurrir es que explotarán de sobrepoblación los establecimientos penitenciarios a los que se traslade a los internos. La única salida razonable es que el Ejecutivo proponga un plan serio para ampliar plazas penitenciarias, implementar grilletes electrónicos y establecer un mecanismo eficiente que permita regular esta situación en un plazo de un año y medio”, precisó.

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Además, Caparrós propuso que se considere la tercerización del control de accesos en los penales, como medida para fortalecer la seguridad. Señaló que, con apoyo del sector privado, se podría dotar a los establecimientos penitenciarios de equipos tecnológicos y personal altamente calificado para detectar e impedir el ingreso de objetos prohibidos, como celulares, armas de fuego, armas blancas o drogas.