
La madrugada de ayer, delincuentes colocaron una granada de guerra acompañada de una misiva en los exteriores del penal Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho. El mensaje iba dirigido a un interno que estaría involucrado en casos de extorsión desde el interior del recinto. “Por culpa del asesino Víctor Hugo Criado Zanelly, del pabellón 11, hay celulares para llamar, extorsionar y matar inocentes. Vamos a volar el penal si el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) o la policía no hace nada”, se leía en el papel. Aunque el INPE condenó el hecho, resulta alarmante el creciente uso de explosivos en los recientes crímenes registrados en el país.

En los primeros 22 días del año, este Diario ha contabilizado al menos 26 atentados a nivel nacional en los que se detonaron explosivos o estos se colocaron como amenazas en viviendas, negocios, torres de alta tensión e incluso en una entidad estatal. El Comercio buscó obtener declaraciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) para conocer cifras oficiales sobre atentados con explosivos durante este periodo, pero no obtuvo respuesta.
Expertos consultados por El Comercio advirtieron que el país enfrenta una grave crisis de inseguridad ciudadana en la que el crimen organizado y la delincuencia común recurren a actos terroristas para amedrentar a la población, mantener el dominio territorial e imponerse sobre otras bandas criminales en actividades como la extorsión, el tráfico ilícito de drogas, entre otros.
Hechos
El caso más grave de los últimos días ocurrió en la sede del Ministerio Público de Trujillo, la madrugada del lunes, cuando una carga explosiva detonó en los exteriores del edificio afectando no solo la estructura, sino también a un conductor que estaba cerca del lugar y a varias viviendas. Vecinos de la zona calificaron el ataque como un acto terrorista.

Sobre el caso mencionado, la Presidencia del Perú, a través de su cuenta oficial de la red social X, también calificó el atentado como un ataque terrorista. “Condenamos estos ataques terroristas de bandas criminales y aseguramos a la población que no descansaremos ni flaqueamos ante estos viles atentados”, informó.
Ante el cobarde acto de terrorismo urbano ocurrido en Trujillo, el Gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, anuncia que las Fuerzas Armadas y la @PoliciaPeru tomarán el control de la ciudad en el marco del estado de emergencia.
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 20, 2025
Condenamos estos…
En tanto, el exministro del Interior José Elice señaló que el ataque puede ser considerado como un acto de terrorismo de parte de organizaciones criminales vinculadas a economías ilegales. “Tiene todas las características de terrorismo, es decir, generar el terror. No hay que esperar que esto crezca y que esto nos termine de cercar, como ya nos ha ocurrido en el pasado. Además tenemos esta ola de sicariato, una serie de acciones violentas a lo largo del país que, complementadas con actos como este, podría ser el inicio de una escalada que nos lleve a una situación de neoterrorismo, distinto al que hemos visto antes”, dijo.

Datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) evidencian que, entre el 1 y el 20 de enero, se registraron 113 asesinatos en el país, lo que equivale a un promedio de cinco homicidios diarios. Esta cifra confirma la preocupante tendencia de crímenes que se observa desde el año pasado. Lamentablemente, en las últimas semanas se han registrado casos de sicariato violentos con más de 10 disparos contra la víctima.
Un caso reciente ocurrió este martes en Ate, cerca del Real Plaza Puruchuco, donde una joven de 25 años fue acribillada dentro de su vehículo. Testigos reportaron que sujetos a bordo de motocicletas abrieron fuego contra la víctima mientras el vehículo estaba en movimiento. Liz Betzabet Ramos Quispe recibió 13 impactos de bala y fue trasladada al Hospital de Vitarte, donde fue ingresada a la unidad de Trauma Shock.

El debate
José Baella, exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), explicó que actualmente las organizaciones criminales ejecutan acciones “tipo terrorista” con el objetivo de causar alarma y temor en la población. A diferencia del terrorismo, que busca la toma del poder y la desestabilización del Estado con fines políticos o ideológicos, las organizaciones criminales emplean la violencia extrema para imponerse sobre otras bandas y mantener el control territorial de espacios donde se practican actividades ilegales como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, con el objetivo final de asegurar el lucro.
“El crimen organizado o bandas criminales utilizan explosivos con el objetivo de causar alarma y temor en la población. Los objetivos son diferentes. Los terroristas tenían como objetivo la toma del poder a través de actos de terrorismo (sabotaje, aniquilamiento selectivo, agitación y propaganda, y combate guerrillero), para causar el miedo en la personas para que apoyen la revolución y desestabilizar en Estado”, precisó.
En esa línea, Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), afirmó que los atentados criminales registrados a inicios de este año, en los cuales se utilizaron explosivos, pueden ser calificados como actos terroristas. “La modalidad empleada y su finalidad son claras: estos atentados con explosivos, acompañados por el aumento de muertes sangrientas y la violencia registrada, filmada y viralizada a través de medios de comunicación y redes sociales, buscan generar terror en la población. Su objetivo principal es amedrentar, neutralizar e imponerse sobre las fuerzas de seguridad del Estado como objetivo político”, señaló Liendo.
Indicó que detrás de estas acciones están bandas criminales trasnacionales que utilizan la violencia, la captura de sectores geográficos -como sucede en Pataz, el Alto Amazonas y la Rinconada- y de personas para asegurar sus economías ilegales relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal. “Para mantener esas economías ilegales que son fronterizas necesitan debilitar las estructuras políticas de un Estado”, dijo. Además, agregó que los efectos son sobre la sociedad, logrando obtener más recursos y medios que las Fuerzas Armadas.
El experto agregó que en Trujillo las organizaciones criminales están en proceso de consolidarse, tomando por epicentro la capital de la ciudad. “Estamos rumbo directo y sin pausa a estar como México o Colombia, donde están atrapadas las personas por bandas criminales trasnacionales. Aquí el Ministro del Interior no quiere entender. Si no es capaz entonces todo el gran esfuerzo que hace la policía sirve de poco. El tema de hoy es de seguridad nacional”, enfatizó Liendo.
El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia indicó que Juan José Santiváñez, el actual ministro del Interior, es un abogado que no entiende de seguridad. “Está tratando un tema de seguridad nacional solo con una visión policial. En consecuencia, se debe convocar de inmediato al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para dictar medidas de excepción que incluyan declarar el crimen como organización terrorista y enemigos del Estado”, resaltó.
El exdirector de la policía Eduardo Pérez Rocha declaró a El Comercio que en la actualidad no existe el terrorismo en términos constitucionales, pero sí bajo el significado de la palabra que es causar terror. Dijo que si bien el Ejecutivo presentó un proyecto de ley donde se mencionaba la creación del delito de terrorismo urbano, este se debería modificar a “terrorismo a causa de violencia delincuencial”.
Por su parte, el exministro del Interior Rubén Vargas informó que el delito de terrorismo es usado para difundir miedo e inseguridad en la población con la finalidad de desestabilizar a la sociedad y el sistema, con objetivos religiosos, políticos, sociales o económicos, y financiándose a través de delitos comunes.
Indicó que aunque las Naciones Unidas no ha logrado concretar una definición universal sobre el terrorismo, expertos como el investigador Jean-Marc Balencie ha resaltado su carácter de planificación enfocado en objetivos no militares. En esa línea, pese a compartir el uso de la extrema violencia, las organizaciones criminales cuentan con una finalidad distinta, ya que sus fines son netamente económicos.
“Juzgar al delito común como terrorismo los favorece porque podrían salir en libertad por violar el debido proceso. Pasó en la década del noventa al convertir el delito de terrorismo agravado en traición a la patria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional ordenaron al Estado peruano hacer nuevos juicios porque se vulneró el derecho al debido proceso de los terroristas”, dijo.