Hialmar Laynes: el acosador de periodistas que fue capturado por sus víctimas y protegido por la impunidad

La mañana del último miércoles, aproximadamente a las 10:50 a.m., fue detenido por personal de la comisaría Laura Caller Iberico, en el asentamiento humano San Martín de Porres. Los policías que lo intervinieron declararon que se encontraba en actitud sospechosa cerca de un centro de salud mental comunitario. Una vez cercado, verificaron que en el sistema policial contaba con una requisitoria vigente por el delito de extorsión.

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Tan solo cinco días antes, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Lima Centro logró una sentencia de 18 meses de prisión preventiva contra el sujeto. Según la fiscalía, durante la investigación se recabó información respecto a los grupos creados por Laynes, donde agregaba sin consentimiento a periodistas para enviar mensajes extorsivos y contenido sexual.

Pese a que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior comunicaron a través de sus redes sociales la captura como un hecho positivo producto de su trabajo, la historia es otra. Por meses, la periodista Manuela Camacho —víctima de acoso y amenazas— tuvo que asumir un rol que no le correspondía: el de investigadora, protectora y denunciante constante, mientras las autoridades peruanas fallaban una y otra vez en cumplir con su deber.

Todo inició en agosto del año pasado, cuando se revocó la sentencia de prisión suspendida del agresor y se ordenó su captura. “Desde ese momento debió haber una orden de captura activa”, explica Manuela. Pero el procedimiento se vio empañado por la lentitud y la corrupción. La abogada recibió de parte de la policía que custodiaba el lugar una solicitud de un incentivo económico.

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Cuando finalmente se consiguió una orden de allanamiento —un mes después— la policía no lo encontró, pese a que declararon estar custodiando su domicilio para evitar una posible fuga. “Milagrosamente nadie sabe cómo, voló por los techos (...) fugó. No estaba en su casa”, contó Camacho.

Frente a la inacción policial, las víctimas tomaron la iniciativa para poder capturarlo. Con temor a que el sujeto cumpliera sus amenazas y sin saber su paradero, contrataron servicios privados de investigación. Una situación a la que ningún ciudadano debería verse obligado, cuando es la policía y la fiscalía quienes deben encargarse de ello.

Pese a reiteradas solicitudes, el Mininter nunca lo incluyó en la lista de los más buscados. Ni siquiera le contestó los mensajes a la periodista. En ese contexto, Hialmar siguió mostrándose en público, confiado en su impunidad. A finales del año pasado, se conectó virtualmente a una audiencia.

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“Ahí es cuando nosotros empezamos a cuestionarnos que el Ministerio del Interior y la policía no lo está buscando (...) podrían triangular la locación y ubicarlo”, expresó. Camacho no recibió apoyo. Al contrario, recibió una carta de una fiscal prohibiendole hablar públicamente del caso. Por ello decidió no hacerlo más porque tenía miedo.

Pasaron los meses hasta que, el 30 de mayo de este año, el acosador volvió a aparecer en otra audiencia desde la misma casa desde la que se había conectado siempre, es decir, su domicilio real. Ese mismo día, el juez declaró fundado el pedido de prisión preventiva en su contra.

La captura de ese miércoles no hubiera sido posible sin el apoyo de una fuente humana que se contactó directamente con Manuela y le brindó la ubicación exacta del agresor. No obstante, antes de eso, enfrentaron otro obstáculo. El lunes 9, Camacho ya había sido alertada sobre su paradero. Al contactar a la policía, descubrió que el sujeto —sobre el cual ya pesaba una sentencia de cinco años de prisión efectiva— no tenía requisitoria vigente por ninguno de los dos procesos.

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“No figuraba ninguna de sus sentencias. Era en teoría un hombre libre”, declaró la periodista. Según le informaron, esto se debió a un error administrativo. La requisitoria por la prisión efectiva venció el 16 de febrero y no fue renovada. En tanto, la de prisión preventiva aún no había sido ingresada al sistema. A la fecha, no existe requisitoria por la sentencia de cinco años, por lo que únicamente será recluido en un penal bajo la medida de prisión preventiva de 18 meses.

Finalmente, el 11 de junio, la policía actuó. Pero no por iniciativa propia. “Yo llamo primero a la comisaría de Sol de Oro y me dijeron que no podían seguir el dato porque no tenían patrulleros, además que estaba fuera de su jurisdicción. Luego en Laura de Caller sí actuaron, pero no como dijeron en la conferencia de prensa, eso es mentira”, enfatizó Camacho.

Tanto Manuela como las otras periodistas víctimas de Laynes exigen que se aplique, en paralelo a la prisión preventiva, la sentencia de prisión efectiva que recae en su contra. “Lo que queremos es una condena por el delito de acoso sexual”, concluyó Camacho.

Antes de ser conocido en redes sociales como acosador y criminal prófugo, era señalado en grupos de protección animal como maltratador de perros. En un grupo de vecinos del Cono Norte de Lima, una mujer lo denunció por golpear a un perro que mantenía en cautiverio, al que solo le daba de comer tripas y cabezas de pollo podridas. El olor era insoportable y provocaba plagas, contó la usuaria.

La denunciante lo señaló junto a su hermano, John Denis Laynes, y pidió intervención porque el perro lloraba constantemente por los golpes que recibía. “Esas personas han tenido otros tres perros, al parecer tanto los maltrataban que los han matado. Este es el cuarto perro, para llorando y ladrando tanto que lo golpean”, dijo.

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Hialmar Enrique Laynes Sánchez, de 56 años, acosaba a las periodistas desde 2023. En julio del año pasado, Manuela denunció que hasta el momento no le brindaban medidas de protección. A otra víctima, Trilce Reyes, le desestimaron su denuncia en septiembre del mismo año.

Ximena Carrasco, también periodista y víctima, lo confrontó en 2024, luego de que Laynes le enviaba mensajes amenazando con matar a dos menores y a ella. En ese momento, el agresor se excusó diciendo que le habían suplantado la identidad.

El hombre amenazaba con violarlas, asesinarlas y las espiaba. Decía conocer sus trayectos y se obsesionaba con la idea de atacarlas sexualmente. Creaba grupos virtuales donde enviaba imágenes pornográficas, fotos de sus genitales y amenazas explícitas.

Aunque contaba con una sentencia de cinco años de prisión efectiva, esta no había sido registrada en el sistema judicial por un error administrativo. Actualmente, enfrenta una orden de prisión preventiva por 18 meses dictada por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, por el delito de extorsión. Sin embargo, aún no ha sido procesado formalmente por acoso sexual, el otro delito que denuncian las periodistas. “El delito de acoso sexual tiene una pena privativa de libertad que llega hasta los cinco años, según la legislación actual”, explicó Liz Meléndez, directora de la organización feminista Flora Tristán.

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La experta agregó que no solo se requiere reafirmar la prisión preventiva, sino también iniciar un proceso penal específico por acoso sexual, incluyendo sus modalidades digitales, como establece la ley. “Este caso muestra la debilidad de nuestro sistema para hacer frente a la violencia hacia las mujeres”, dijo.

De momento, Laynes permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por extorsión. No obstante, desde Flora Tristán se exige que el Ministerio Público avance con celeridad en el caso y que se garantice la seguridad de las víctimas durante todo el proceso judicial. La expectativa es que esta vez el Estado sí actúe con la diligencia que no tuvo desde el inicio del caso.