La Libertad: acto “terrorista” contra sede del Ministerio Público en Trujillo demuestra inutilidad del estado de emergencia

La región La Libertad vive su momento más alto de terror tras el reciente atentado contra la sede del Ministerio Público. Los vecinos calificaron, en sus múltiples apariciones en los medios de comunicación, dicho ataque como un acto terrorista. Este hecho ocurre cuando la ciudad de Trujillo se encuentra actualmente en pleno estado de emergencia, medida excepcional que el Gobierno ha ido ampliando cada mes desde el 13 de febrero del 2024. Pese a esta declaratoria, los crímenes no se han detenido y la región norteña es una de las cuatro con mayor cantidad de homicidios durante el año pasado.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que dos sujetos en moto dejan, a las 12:25 a.m. del lunes 20 de enero, en el frontis de la sede fiscal, ubicada en el cruce de la calle Alcides Carrión y la avenida Jesús de Nazareth, una caja de delivery que contenía el artefacto explosivo. Segundos después ocurren la detonación que rompió lunas y puertas de los inmuebles aledaños.

De tal magnitud fue el ataque que la detonación se escuchó a más de cinco cuadras y dejó un forado en la pista, incluso los propios vecinos pensaron, en un inicio, que se trataba de un coche bomba. Dos personas, entre ellas el vigilante de la sede del Ministerio Público y un taxista, resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un hospital. Se conoció que se encuentran estables y fuera de peligro.

Una versión señala que la detonación del artefacto ocasionó que el tanque de gas del vehículo del taxista también explote, por lo que algunos habitantes señalaron que se escucharon dos estruendos. El automóvil se encontraba estacionado en el semáforo esperando el cambio de luz.

Entre los locales que resultaron dañados por la onda expansiva están, además de los siete pisos de la sede fiscal, la heladería Casa Fría, el hospital Luis Albrecht de EsSalud, la Universidad Nacional de Trujillo, la Casa de Retiros “San José de Tarbes” y las viviendas de varios vecinos.

Tras ello, el Ministerio Público informó que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo ha iniciado la investigación del caso. Por su parte, los ministros del Interior, Juan José Santiváñez; de Defensa, Walter Astudillo; y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, así como la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, viajaron el lunes a La Libertad para participar junto al gobernador César Acuña en el Consejo de Estado Regional.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, indicó que el ataque contra la sede del Ministerio Público en Trujillo habría sido perpetrado con dinamita procedente de la minería ilegal y que sujetos que se dedican a dicha actividad serían perpetradores del acto violento, por lo que advirtió que la criminalidad organizada sigue operando y que “las autoridades responsables” no están haciendo nada.

“De los primeros indicios que estamos recibiendo es que esta dinamita procedería de la minería ilegal. Eso nos confirma que la criminalidad organizada está operando”, afirmó la magistrada en RPP.

“Es lo que se tiene como una de las primeras hipótesis (sobre un presunto ataque de mineros ilegales). Se maneja la hipótesis de minería ilegal por el material explosivo utilizado (dinamita)”, agregó.

Además, Espinoza señaló que el atentado formaría parte de las amenazas que ha venido recibiendo una fiscal que investiga un caso “muy grave y delicado de criminalidad organizada”. Incluso, le hicieron llegar fotos de su familia para amedrentarla. Por tal motivo se ha reforzado su seguridad.

“También se nos ha informado que la fiscal que está siguiendo un caso muy grave y delicado de criminalidad organizada ha sido amenazada. Está siendo amenazada desde días antes, incluso, pareciera, de que esto tiene total relación o vinculación con lo que acaba de ocurrir”, manifestó la fiscal de la Nación.

En ese contexto, cuestionó al Ministerio del Interior por no implementar “acciones concretas” contra la criminalidad y lamentó que solo se escuchen “ataques y ataques contra el Ministerio Público”. Pidió que se ponga a buen recaudo a los trabajadores, fiscales, así como a las sedes, porque “están corriendo riesgo”.

“Pedimos al Ministerio del Interior que asigne inmediatamente la seguridad en todas las sedes del Ministerio Público a nivel nacional. Pedimos públicamente que se resguarde la integridad de nuestros fiscales y personal administrativo poque a nivel nacional estamos llevando casos muy delicados”, expresó Delia Espinoza.

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También instó al Gobierno a transferir a la Policía recursos económicos para desplegar acciones de “inteligencia operativa” y que se restituya la norma sobre la detención domiciliaria en casos de no flagrancia para poder investigar el reciente atentado.

“Nosotros tenemos la información de primera mano, de los propios miembros de los equipos técnicos de la Policía Nacional, con quienes nos hemos reunido semanas pasadas, y nos han expresado, con toda sinceridad, que no tienen presupuesto para desplegar y fortalecer su inteligencia operativa, no tiene presupuesto para su plan cerco, que dicen que lo deben reactivar. No hay inteligencia, eso significa que no hay prevención, que no nos anticipamos a la criminalidad que está en todo el Perú. Por eso, nosotros queremos pedir al Gobierno que brinde toda la logística, todo el presupuesto necesario para estas labores que son esenciales porque, de lo contrario, no se va a poder hacer retroceder, o por lo menos contener, esta ola delincuencial que está empezando ya a cobrar visos más graves”, manifestó.

“Este tipo de hechos nos demuestra claramente la necesidad urgente de que se restituya en su versión original la figura de la detención preliminar porque si nosotros, que ya pasó la flagrancia, encontramos presuntos responsables que se vinculan directamente con lo que ha ocurrido no vamos a poder detenerlos para esclarecer aún más los hechos. Eso es un grave obstáculo que se sigue manteniendo con la renuencia, terquedad de no querer aprobar o restituir esta herramienta procesal que es muy importante para poder brindar la seguridad de que hay una investigación oportuna”, agregó.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmó que el cabecilla de la banda ‘Los Compadres’, conocido con el alias de ‘Pequeño’, sería el autor del ataque a la sede del Ministerio Público, pues contó que dicho sujeto se ha atribuido dicha acción violenta a través de un mensaje amenazante.

En conferencia de prensa junto a diversas autoridades en La Libertad, Santiváñez señaló que agentes allanaron la celda del sospechoso en la cárcel de Cajamarca e incautaron su celular, el cual será analizado para determinar si desde dicho teléfono móvil salieron las frases amenazantes. Él será trasladado al penal de Challapalca.

El titular del Mininter confirmó que el atentado a la sede del Ministerio Público fue para amedrentar el trabajo de la fiscal, quien sustentará en los próximos días un pedido de ampliación de prisión preventiva contra los integrantes de la banda ‘Los Compadres’.

“Fue dejado un artefacto explosivo en las instalaciones del Ministerio Público, específicamente para amedrentar el trabajo de la fiscal Ludeña, quien prontamente tiene a su cargo la sustentación de una ampliación de prisión preventiva contra una organización criminal llamada Los Compadres”, manifestó Santiváñez.

“El cabecilla de dicha organización criminal, que es conocido como ‘Pequeño’, se ha atribuido ese accionar criminal enviando incluso un mensaje desafiante, que ya está en poder de las autoridades. Inmediatamente lo que ha hecho el Ministerio del Interior, conjuntamente con el Poder Judicial, es allanar la celda de este presunto delincuente y, en el momento del allanamiento, se han encontrado no solo cargadores de celulares, sino también un celular, que ha sido lacrado por la autoridad judicial y fiscal, e inmediatamente será sometido a peritaje para poder determinar su relación con los mensajes amenazantes a esta señora fiscal”, agregó.

El ministro del Interior también anunció la remoción inmediata de más de 100 agentes de Inteligencia y de la Depincri de Trujillo que tengan “referencias disciplinarias de estar presuntamente vinculados con organizaciones criminales”. Ellos serán reemplazados, en los próximos 10 días, por igual cantidad de policías. Un primer grupo de 10 integrantes de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior llegará el próximo viernes y luego 10 más.

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Además, indicó que se brindará seguridad policial a los jueces y fiscales que tienen a su cargo los procesos contra los miembros de las bandas criminales.

Identifican a sospechoso del ataque

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, teniente general PNP Víctor Zanabria, confirmó que el sospechoso del ataque y de las amenazas contra una fiscal es Jimmy Larry Bazán Valderrama, sindicado como cabecilla de la banda ‘Los Compadres’, que se dedica a la extorsión y al secuestro.

“Hace un tiempo (Jimmy Bazán) fue retirado del penal de Trujillo y derivado al penal de Cajamarca precisamente por sus vinculaciones con estas organizaciones criminales. Hoy la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad determinó su vinculación a las amenazas a una fiscal de Trujillo, motivo por el cual se allanó su celda en Cajamarca, encontrando en uno de los sanitarios el celular escondido al igual que dos cargadores y dos baterías, así como anotaciones de teléfonos que estarían vinculados a extorsiones y amenazas”, señaló el oficial PNP al programa “Cuentas Claras” de Canal N

“Casi en paralelo a la explosión comenzaron las amenazas insistentes a la fiscal de Trujillo vinculado a una investigación en la cual está la organización criminal de esta persona y que buscaría intimidar a la representante del Ministerio Público”, agregó.

Más temprano, el Ministerio del Interior señaló que el reciente atentado “es una respuesta criminal para amedrentar a las autoridades e intimidar a la ciudadanía”, y anunció que se enviará un contingente de 100 agentes policiales a La Libertad.

“Este hecho, suscitado hoy, representa una respuesta criminal para amedrentar a las autoridades e intimidar a la ciudadanía. Sin embargo, la Policía Nacional no va a retroceder y pondrá tras las rejas a todos los responsables, incrementará los operativos contra el crimen y se reforzará la presencia policial con un contingente de 100 efectivos Grecco (Grupo Especial Contra el Crimen Organizado) y Dinoes (Dirección Nacional de Operaciones Especiales proveniente) de Lima”, expresó el Mininter en un comunicado.

La Presidencia de la República informó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) tomarán el control de la ciudad de Trujillo a fin de garantizar la seguridad ciudadana y calificó de “terrorismo urbano” el atentado contra la sede fiscal de Trujillo.

“Ante el cobarde acto de terrorismo urbano ocurrido en Trujillo, el Gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, anuncia que las Fuerzas Armadas y la Policía tomarán el control de la ciudad en el marco del estado de emergencia”, expresó Presidencia de la República de la República en redes sociales.

“Condenamos estos ataques terroristas de bandas criminales y aseguramos a la población que no descansaremos ni flaquearemos ante estos viles atentados. Reafirmamos el trabajo conjunto del Gobierno central, gobierno regional y autoridades municipales para garantizar el orden, proteger a las familias de La Libertad y conseguir un futuro con justicia para todos los peruanos”, agregó.

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, cuestionó al Gobierno central por no realizar los cambios en la Policía que él había solicitado a inicios del 2024, por lo que consideró que el Ejecutivo no quiere invertir en seguridad.

“Lamentamos lo que ha pasado. Por eso es que a primera hora de la mañana (del lunes) yo he hablado con el ministro del Interior (Juan José Santiváñez) y fui claro en decirle que él tiene que venir con propuestas concretas. He conversado con el ministro del Interior, de Defensa (Walter Astudillo), con el premier (Gustavo Adrianzén) y he conversado con la misma presidenta de la República (Dina Boluarte). Por eso, ellos vienen acá y tenemos una reunión de Consejo de Estado (Regional)”, expresó Acuña ante la prensa.

“Primero le voy a hacer recordar al Gobierno que desde el año pasado, como esta época, hemos pedido que se cambie a los de Inteligencia y nunca lo hicieron, que se cambie a los de Investigación y nunca lo hicieron, eso significa que el Gobierno no quiere invertir en seguridad, nadie puede tapar sol con un dedo”, agregó.

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Por su parte, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, resaltó que el ataque con dinamita a la sede del Ministerio Público de La Libertad representa el primer atentado contra una institución pública. Por ello, planteó que apruebe el toque de queda en la ciudad y la aplicación de la pena de muerte para los criminales.

“Aquí lo más significativo y relevante es que el ataque ya, por primera vez, es a una institución pública, del Estado, llámese Ministerio Público o Fiscalía, lo que sí es bastante preocupante. La situación sigue desbordándose, ya van varios años atrás en los cuales no ha podido controlarse el tema de la inseguridad ciudadana, que hoy se pone una vez más de manifiesto, inclusive en contra del mismo Estado peruano”, expresó la autoridad edil.

“Yo lo que propondría de manera inmediata es que se aplique de una vez una legislación especial para estos casos, inclusive llegando a la pena de muerte y ya lo he dicho en reiteradas oportunidades”, agregó.

Alfonso Medrano, expresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad y actual vicepresidente de Perú Cámaras, advirtió que si el atentado contra el Ministerio Público de Trujillo hubiera ocurrido en el transcurso del día, se hubieran registrado cientos de muertos, tal como ocurrió en la calle Tarata, en Miraflores, en 1992 por parte de Sendero Luminoso.

El exministro del Interior José Élice señaló que el ataque perpetrado en Trujillo puede ser considerado como un acto de terrorismo de parte de organizaciones criminales vinculadas a economías ilegales.

“Tiene todas las características de terrorismo, es decir, generar el terror. No hay que esperar que esto crezca y que esto nos termine de cercar, como ya nos ha ocurrido en el pasado. Además tenemos esta ola de sicariato, una serie de acciones violentas a lo largo del país que, complementadas con actos como este, podría ser el inicio de una escalada que nos lleve a una situación de neoterrorismo, distinto al que hemos visto antes, ya no por razones políticas, sino que básicamente es por efecto de los planes y actividades de organizaciones criminales que tienen que ver con las economías ilegales y con el crimen organizado”, indicó Élice.

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Por su parte, Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), argumentó que los estados de emergencia en ciudades de La Libertad, como Trujillo, no han servido para combatir la criminalidad. Coincidió con Élice en que lo ocurrido en Trujillo es un acto de terrorismo.

“El narcotráfico y la minería ilegal son dos pilares inseparables en las economías ilegales en Latinoamérica, están relacionados con redes criminales transfronterizas y atacan a estados débiles como el Perú”, manifestó.

“Están empleando el terrorismo como forma de acción principal; generan muerte, violencia y temor en forma sistémica”, agregó.

José Baella, exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), cuestionó que se desborde la criminalidad en pleno estado de emergencia en Trujillo y que se pretenda aplicar la misma fórmula, pese a que no ha dado resultados.

“En pleno estado de emergencia están ocurriendo cosas que implican un desborde de la criminalidad, que nos tiene que hacer reflexionar en estos momentos porque ya no se está atentando con una simplicidad normal, sino ahora que ya está en peligro, inclusive, la seguridad del Estado”, afirmó Baella.

“La herramienta de declarar estado de emergencia ya se hizo y ya vimos que no funciona”, añadió.