La masacre de Pataz: tortura, ejecución y fuego en una mina tomada por delincuentes

No hubo rescate ni liberación. Uno a uno, los 13 trabajadores mineros de la empresa R&R fueron asesinados a sangre fría por sus secuestradores, quienes no se inmutaron ante sus desesperadas súplicas de piedad. El crimen ocurrió dentro de un socavón minero ubicado en Pataz, región La Libertad. Ayer, la minera Poderosa informó que la Policía halló los cadáveres de los trabajadores, quienes habían sido secuestrados el pasado sábado 26 de abril durante una incursión armada perpetrada por un grupo de delincuentes en el centro de operaciones de un minero artesanal en proceso de formalización, con el cual Poderosa mantenía un contrato de explotación.

Las víctimas brindaban servicios de seguridad a dicho minero artesanal. Según información de medios locales, el día del secuestro un grupo de criminales, presuntamente miembros de la organización ‘Los Parqueros’, irrumpió en el área de operaciones de la empresa R&R, ubicadas en el anexo Pueblo Nuevo, nivel 2025. Su objetivo era apoderarse del oro y del control de la zona, en complicidad con mineros ilegales. Durante el ataque, capturaron al grupo de trabajadores, quienes luego fueron maniatados, torturados y ejecutados con disparos en el cuello. Además, imágenes obtenidas por este Diario revelan que los cuerpos también fueron calcinados.

Un video difundido en redes sociales, probablemente grabado por los propios asesinos, muestra cómo coordinaron la forma en que llevarían a cabo los homicidios. Provistos de un fusil, cometieron este acto atroz dentro del socavón. Medios locales también denunciaron la demora de la empresa en reportar el secuestro a las autoridades.

Las víctimas han sido identificadas como Nilver Joel Pérez Chuquipoma, César Rospigliosi Arellano, Frank Jesús Monzón Valeriano, Jhon Cristian Facundo Inga, Franklin Vicente Facundo Inga, Josué Carbonell Beltrán, Alexander Domínguez, Juan Ñaupari Salva y Darwin Javier Coveñas Panta. La familia de este último confirmó su fallecimiento y señaló que los restos de todas las víctimas serán trasladados a la morgue de Trujillo.

Lamentablemente, esta masacre eleva a 39 el número de colaboradores, mineros artesanales y trabajadores asesinados por bandas criminales en Pataz, según confirmó la minera Poderosa en un comunicado oficial. La empresa lamentó profundamente la muerte de los 13 trabajadores y denunció que estos hechos continúan ocurriendo a pesar del estado de emergencia declarado en la zona y la presencia de un considerable contingente policial, el cual “no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona”.

“Es por ello que volvemos a hacer un llamado urgente al gobierno a fin de que replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de los delincuentes que vienen operando en Pataz. Para ello hace falta fortalecer el trabajo de inteligencia y trabajar de la mano con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin embargo, no será posible derrotar la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales; y cuya ubicación está plenamente identificada y georeferenciada”, indicó Poderosa.

Asimismo, Poderosa exhortó al Congreso de la República a no seguir ampliando el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al considerar que esta medida ha servido de cobertura para que los mineros informales e ilegales sigan operando impunemente en un proceso que “ha demostrado ser un rotundo fracaso”.

Medios locales han difundido testimonios de personas cercanas a las víctimas, quienes señalaron a un individuo identificado como Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, como principal sospechoso. Según audios enviados a los familiares por un trabajador que logró escapar, los secuestradores mantenían a los trabajadores cautivos en la bocamina conocida como “Los Galindo”.

“Esa mina está cerca de la nuestra. Son vecinos y siempre han querido quitarnos la zona. Esta vez se metieron. Son delincuentes. Hagan la denuncia”, relató el sobreviviente.

El pasado martes 29 de abril, el general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, declaró que no existía una denuncia formal sobre el secuestro; sin embargo, se había enviado un equipo policial para verificar la información. La Policía Nacional activó operativos en la zona de Pataz, altamente afectada por conflictos derivados de la minería ilegal.

En paralelo, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, expresó sus dudas sobre la veracidad del secuestro: “Sobre el supuesto secuestro de trabajadores en Pataz, se había dicho que pertenecían a la minera Poderosa. La propia empresa ha descartado que se trate de sus trabajadores. Nos preocupa que esta información sea cierta. Sin embargo, nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Pataz y no tienen noticia que el suceso que se informó ayer (29 de abril) sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento”, indicó el pasado miércoles en conferencia de prensa.

En diálogo con Canal N, Aldo Carlos Mariño, alcalde de Pataz, señaló que su jurisdicción carece de inteligencia policial y que, hasta la fecha, no se ha identificado a ninguna organización criminal. “El gobierno central tiene que enviar el servicio de inteligencia, a la Depincri. Hasta ahora no han identificado ni capturado a ninguna banda criminal. Ya llevamos más de un año en estado de emergencia”, declaró.

Pataz ha sido escenario de constantes hechos de violencia relacionados con la extracción ilegal de oro. La madrugada del sábado 3 de mayo de 2025, un enfrentamiento armado entre policías y mineros ilegales dejó ocho heridos, incluidos dos agentes y varios trabajadores de la minera Caravelí, luego de que un grupo intentara tomar la planta procesadora y retuviera a unos 20 empleados.

El 29 de marzo, dos personas murieron y 10 resultaron heridas tras un ataque a un vehículo que transportaba agentes de seguridad y trabajadores de la empresa Poderosa, en las inmediaciones de la quebrada La Ciénaga. Según el comunicado de la compañía, un grupo de mineros ilegales coludidos con elementos criminales emboscó al personal cuando se trasladaban a sus campamentos, disparando contra ellos sin piedad.

Cabe resaltar que la medida de estado de emergencia en Pataz está vigente desde el 13 de febrero de 2024, con varias prórrogas aprobadas. La más reciente fue dictada el 7 de marzo de este año, estableciendo su vigencia por un periodo de sesenta días calendario a partir del 10 de marzo.

Pedro Yaranga, experto en temas de seguridad y minería artesanal, indicó a El Comercio que los delincuentes que habrían perpetrado la masacre no serían parte de una organización criminal estructurada, sino un reducido grupo de facinerosos que vieron en el espacio una oportunidad.

“Esto no es una organización grande. Estos que han secuestrado al grupo van con unas cuantas personas, se planifican y están ahí. Además, conocen la zona, tienen contactos y eso es lo que han hecho”, dijo.

Explicó que, en este contexto, algunos de los delincuentes son jóvenes captados y trasladados a la fuerza por otros, a cambio de algunos soles, para que se conviertan en criminales al servicio de una o dos personas.

“La policía no está en el lugar de la explotación minera, sino a casi dos horas y media en la zona de Vijus. Obviamente, de día hace una vigilancia, pero de noche todo el lugar es tierra de nadie”, explicó.

Asimismo, resaltó que en Pataz lo que se necesita es “una buena calidad de policías e investigadores para poder desarrollar un trabajo sostenido de investigación criminal con mucha inteligencia”, concluyó.

En tanto, el exministro del Interior y general PNP en situación de retiro, Carlos Morán, declaró que se percibe una clara falta de compromiso e inacción por parte de las autoridades para atender la emergencia que significó inicialmente el secuestro de los 13 trabajadores mineros. “El crimen organizado grafica con esta acción su cara más violenta y de falta de respeto a la vida humana, solo comparable con lo que pasa en México y también en Ecuador”, señaló.

Morán resaltó que no se debe declarar el estado de emergencia sin una estrategia, visión y planificación sobre qué se tiene que hacer. “No solo es poner a la policía y que las Fuerzas Armadas estén haciendo como una labor decorativa”, subrayó. Asimismo, indicó que se deben fortalecer los equipos especiales con tecnología e inteligencia, y también se debe trabajar en la articulación del sistema de justicia.

El Gobierno Regional de La Libertad expresó sus condolencias hacia las familias afectadas y exigió a las autoridades del gobierno central que realicen una actuación firme contra la criminalidad. “Solicitamos al Poder Ejecutivo que evalúe decretar el estado de sitio en la provincia de Pataz”, indicó en un comunicado oficial.

Por su parte, el Ministerio del Interior comunicó que se ha dispuesto el despliegue inmediato de equipos de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, así como de las divisiones especializadas de Investigación de Secuestros y Extorsiones, y de Investigación de Homicidios de la Dirincri con la finalidad de ubicar y capturar a los responsables de estos crímenes.