Liceo Naval Almirante Guise: adultos identificados, su futuro legal y de qué se les puede acusar

Una vez que se conocieron las identidades de los tres adultos - dos profesores y un chofer- que viajaban en la unidad vehicular donde se perpetró la violación sexual a un escolar del Liceo Naval Almirante Guise surge la pregunta sobre cuál será el futuro legal de dichas personas y de qué delitos se les puede acusar.

Un documento fiscal, al que accedió El Comercio, detalla que Juan Carlos Apaza Flores fue quien condujo el bus aquel 15 de septiembre, mientras que Rafael Ludeña Valdivia era el entrenador y Víctor Pablo Muñoz fue el profesor que acompañó a la selección de futsal del Liceo a disputar un encuentro deportivo en el colegio Santa Teresita.

También se les cuestiona que no hayan cumplido con su deber de “garantizar la integridad personal de todos los adolescentes involucrados”. Por ello, se indica que se remitirá la investigación de las autoridades a las mesas de partes de las fiscalías provinciales penales de Lima Centro para que actúen conforme a sus atribuciones ante la “presunta comisión del delito de exposición al peligro o abandono de personas en peligro”.

El contraalmirante AP Antonio Vildoso, director de Comunicación Estratégica e Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú (MGP), indicó que el Liceo Naval Almirante Guise, por su parte, denunció a los tres adultos en la comisaría de San Borja.

Jorge Petrozzi, defensa legal de la víctima, indicó que al chofer y los profesores se les puede acusar de la comisión del delito de violación sexual en la modalidad de omisión al no haber impedido el acto y teniendo la obligación jurídica en su calidad de profesores y cuidadores. Afirmó que ellos podrían recibir hasta 31 años de prisión y se adiciona el delito de omisión de actos funcionales al ser (los profesores) funcionarios públicos.

El letrado indicó que se pedirán medidas restrictivas o incluso prisión para los adultos cuando sean denunciados ante el fiscal especializado en lo penal.

Lo llamativo del caso es que los profesores que viajaron junto a la delegación eran suplentes, es decir, fueron en reemplazo de los titulares, por ello es que todos los menores dijeron no conocerlos ni recordar sus nombres. Además, algunos de los menores indicaron que uno de los profesores estuvo durmiendo durante el trayecto y el otro tenía puestos audífonos.

Denuncia no alcanzaría al chofer del bus

James Rodríguez, abogado penalista y presidente de la Sociedad Peruana de Defensa Legal, señaló a El Comercio que la denuncia que interpondría el Ministerio Público contra los adultos que viajaban en el bus del Liceo Naval Almirante Guise solo alcanzaría a los dos profesores y no al chofer.

El especialista explicó que el conductor no sería procesado debido a que él se encontraba dedicado al manejo de la unidad y que cualquier distracción o abandono de su puesto pondría en peligro a los pasajeros.

En el caso del entrenador y del profesor, Rodríguez opinó que ellos sí tenían la responsabilidad de cautelar la integridad física de los menores que iban en el bus. Por ello, señaló que serían denunciados por los delitos de exposición al peligro y de comisión por omisión, pues consideró “poco creíble” que no hayan escuchado los pedidos de auxilio de la víctima.

“El Ministerio Público tiene que investigar y determinar si estas dos personas incurrieron en una omisión al no impedir el hecho o no auxiliar al menor porque es poco creíble de que no sabían lo que estaba pasando, ya que el menor ha estado gritando y pidiendo auxilio, lo cual, desde mi punto de vista, podría derivar en denuncias penales por los delitos de exposición al peligro, comisión por omisión y omisión criminal”, precisó.

“La exposición al peligro o abandono de persona al peligro es, desde mi punto de vista, el delito principal que el Ministerio Público debe investigar”, agregó.

No obstante, advirtió que no se les podría aplicar a los profesores una medida restrictiva, como la prisión preventiva, debido a que la pena de los delitos que se les imputaría no supera los cinco años.

“En el delito de exposición o abandono de persona en peligro y comisión por omisión están estipulados con penas de entre uno a cuatro años. La ley indica que para pedir una posible prisión preventiva los delitos tienen que superar los cinco años. Desde el punto de vista procesal penal, no corresponde pedir una prisión preventiva”, refirió.

¿Por qué fueron liberados los cuatros menores?

La decisión del Tercer Juzgado de Familia de dictar internamiento preventivo de cuatro meses para seis de los menores implicados en un ataque sexual a un compañero en un bus del Liceo Naval Almirante Guise causó controversia, pues en un inicio se había intervenido a 10 escolares, por lo que muchos se preguntaron cuáles fueron los motivos para que los otros cuatro sean liberados.

De las declaraciones que dieron los adolescentes a las autoridades, se estableció que un grupo de menores se sentó en la parte delantera del bus, mientras que otros se ubicaron en zona posterior. Al lado del chofer viajó un profesor y el otro docente se situó detrás del asiento del piloto.

Uno de los escolares que fue liberado fue el arquero de la selección de futsal del Liceo Naval Almirante Guise, ya que durante el cotejo que disputaron en el colegio Santa Teresita recibió el impacto del balón en el rostro, lo que lo dejó aturdido, incluso recibió atención en el tópico. Él se sentó en la primera fila para estar alejado de sus compañeros

Durante el viaje de regreso al Liceo, uno de los amigos del arquero se le acercó y se sentó a su costado para consultarle por su estado de salud. Otro de los escolares indicó que no se percató de lo sucedido porque se colocó unos audífonos. Ambos también fueron entregados a sus padres.

El otro menor liberado había indicado que, cuando se inició el forcejeo entre sus compañeros que derivó en el ultraje a la víctima, estaba sentado en las últimas filas, pero luego se trasladó hacia los asientos delanteros debido a la trifulca que se armó y no tuvo ninguna participación.

Los cuatro menores permanecieron cerca de 48 horas en la Comisaría de Familia, ubicada en el Cercado de Lima, pero fueron liberados momentos antes de que sus seis compañeros fueran puestos a disposición del Poder Judicial. Ellos tienen la calidad de citados hasta que se culminen de realizar “los actos complementarios que descarten su participación” en la agresión sexual.