Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La madrugada del miércoles, la criminalidad volvió a cobrarse un par de vidas. En Carabayllo, un chofer y un cobrador de la empresa Emptonsa, que cubre la ruta San Luis–Carabayllo, fueron asesinados con más de diez disparos cuando apenas terminaban su jornada de labores. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Ríos y Edgar Durán, quienes recibieron cuatro y diez impactos de bala, respectivamente.
Según testigos de los hechos, la unidad de transporte estaba llegando al paradero Huascarán, el último de su ruta, cuando unos sicarios a bordo de una motocicleta los interceptaron. Una vez que el bus se detuvo, ingresaron y abrieron fuego contra sus víctimas. Fue un disparo tras otro. Querían asegurarse de concretar su cometido. No buscaban dejarlos heridos, sino sin vida.
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Uno de los vecinos que presenció el hecho esperó a que los criminales se retiraran del lugar para acercarse a la unidad de transporte público y verificar el estado de las personas. Al verlas ensangrentadas y en un estado crítico, decidió tomar el control del vehículo y avanzar unos metros con la intención de socorrerlas.
Lamentablemente, al poco tiempo el bus sufrió un desperfecto mecánico y dejó de funcionar, lo que obligó a trasladar a las víctimas en un taxi hasta el Hospital Sergio Bernales, donde se confirmó que ambas habían llegado sin vida. La unidad de transporte público, en tanto, tuvo que ser remolcada por una grúa.
Trabajadores de la empresa Emptonsa, también conocida como 11 de Noviembre, vienen denunciando desde junio de este año que son víctimas de extorsionadores que les exigen un pago diario de S/5 a cambio de permitirles trabajar. Los 120 buses que conforman la flota de la empresa pagan dicho monto cada día antes de salir a operar, lo que representa un aproximado de S/18.000 mensuales en cupos entregados a los criminales, aunque la cifra podría ser mayor.
“Suben a los buses y nos amenazan con armas de fuego. Dicen los extorsionadores que no se están pagando los cupos. Pero nosotros sí cumplimos: son cinco soles diarios los que abonamos”, declaró un trabajador de la empresa que prefirió mantener en reserva su identidad por temor a represalias.
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El crimen de Ríos y Durán se suma al de Jonathan Silva Padilla, también trabajador de Emptonsa, asesinado el 21 de junio por sicarios mientras llevaba una unidad al paradero. Tres muertes en menos de un mes, en una sola empresa, sin que hasta ahora exista un plan estatal articulado de protección ni detenciones clave tras los asesinatos.
Trabajadores de la empresa han denunciado ante la prensa que otros dos compañeros también han resultado heridos en situaciones similares durante el año 2024. Es decir, desde ese periodo, vienen siendo víctimas de extorsión. Pese a lo expuesto, tres personas han perdido la vida a manos de los criminales, y aún no cuentan con respuestas ni garantías por parte de las autoridades.
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Luego del asesinato de Silva Padilla en junio, los trabajadores de la empresa decidieron no salir a brindar servicios y protestaron por la inseguridad a la que se exponen día a día. En ese entonces, denunciaron que ni la Policía Nacional del Perú ni el serenazgo del distrito de Carabayllo los apoyaban con medidas de seguridad, mientras que la gerencia de la empresa tampoco les brindaba soluciones. El panorama actual sigue siendo igual de preocupante.
Este reciente doble asesinato se suma a una larga lista de crímenes en el sector del transporte público a manos de organizaciones extorsionadoras. En lo que va del año, 22 trabajadores de dicho rubro han perdido la vida en la capital, lo que demuestra un alarmante panorama, con casi tres asesinatos mensuales en los primeros siete meses del año.
Sin acciones claras
El comandante PNP en situación de retiro, Francisco Rivadeneyra, expresó su indignación ante este crimen y la falta de reacción estatal. “Esto ocasiona un sentimiento de indignación. Vemos que algunas autoridades se cruzan de brazos (...) la gente sigue pagando montos de S/5, S/10, S/20 soles diarios, otros hasta S/10.000 soles mensuales, y eso no ha parado”, afirmó.
“Deberíamos ver un trabajo firme, con policías que salgan a hacer una cacería a gran escala, como tanto se reclama cuando se menciona el modelo de Bukele. No se trata de que intervenga un presidente o una autoridad en particular. Sabemos que la Policía tiene autonomía funcional, y ya deberían estar actuando. Basta con cruzar la pista, coordinar con la Fiscalía y el Poder Judicial, y tomar las medidas necesarias para acabar con esto”, agregó Rivadeneyra.
Para el comandante, el problema debe atacarse en tres niveles: desarticular los grupos operativos (como los sicarios), identificar y capturar a los cabecillas mediante colaboración eficaz, y desmantelar las redes de cobro de cupos que permiten el funcionamiento económico de las bandas criminales.
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Por su parte, el especialista en seguridad y políticas públicas Frank Casas advierte que la falta de capacidad del Estado ha empujado a las empresas a negociar directamente con los criminales. También subrayó que el fenómeno de la extorsión se ha fragmentado. “Existen varios agentes extorsionadores a la vez. Lo que hace ineficaz pagar por seguridad, porque puede llegar otro grupo y volver a exigir dinero”, sostuvo.
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Además, criticó las medidas débiles que ha implementado el Ejecutivo para enfrentar la criminalidad. “Se ha planteando medidas sacadas del sombrero, ¿no? Como el tema de establecer la numeración y codificación de los conductores de motocicletas entre otras cosas que no han tenido ningún resultado y los estados de emergencia que también continúan”, dijo Casas.
Entre enero y junio de este año, se han registrado 5.735 denuncias por extorsión en Lima Metropolitana, superando ampliamente las 3.826 del mismo periodo en 2023. De hecho, en todo el año pasado se reportaron 4.953 denuncias por este delito, lo que evidencia un alarmante crecimiento en apenas seis meses, según el Ministerio del Interior.
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