Desde venta de placas madre hasta billetes falsos y mascotas sin control: los negocios ilícitos del Cercado de Lima

El Comercio recorrió las principales avenidas y jirones de la ciudad y logró identificar hasta seis actividades ilegales, de las cuales al menos cinco se desarrollan a escasos metros de aproximadamente seis sedes policiales, lo que demuestra la impunidad con la que actúan estos comerciantes.

Varios vendedores han convertido la reventa de placas madre de celulares desmantelados en un negocio ilícito en expansión. De acuerdo con Ricardo Elías, abogado penalista especializado en cibercrimen y socio del Estudio Elías Puelles, estas piezas pueden ser utilizadas para hackeos, extorsiones y otros delitos digitales, ya que permiten el acceso no autorizado a información personal y la manipulación de dispositivos electrónicos.

Además, estas placas madre suelen ser adquiridas para el minado ilegal de criptomonedas, donde los delincuentes ensamblan computadoras con componentes obtenidos en el mercado negro. En algunos casos, recurren al cripto hacking, infectando dispositivos ajenos para utilizarlos sin el conocimiento de sus propietarios. Asimismo, se ha detectado su uso en granjas de clonación de voz, lo que incrementa los riesgos de fraude digital.

El comercio ilegal de animales en el jirón Ayacucho continúa siendo un problema persistente. A pesar de los constantes operativos de la MML, los vendedores han encontrado nuevas formas de burlar la fiscalización, trasladando a los cachorros en maletas desde almacenes hasta la vía pública.

En un reciente operativo liderado por el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal, en conjunto con la Municipalidad Metropolitana de Lima, se logró rescatar a varios perros, gatos, entre otros animales que se encontraban en condiciones de maltrato. Sin embargo, según pudimos presenciar, los vendedores simplemente se reubican en otros puntos del centro de Lima, retomando su actividad ilícita con rapidez.

Durante un recorrido por la avenida Garcilaso de la Vega, este diario constató la venta clandestina de bases de datos personales. Un sujeto ofreció información judicial actualizada hasta 2024 de todos los peruanos, una grave violación a la privacidad y la seguridad ciudadana.

A tan solo 500 metros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), cualquier persona con el dinero suficiente puede acceder a estos datos en dispositivos USB o documentos digitales. Según el abogado Ricardo Elías, el tráfico ilegal de datos personales es un delito sancionado con penas de entre dos y cinco años de prisión cuando se comercializa información privada, como antecedentes crediticios, datos tributarios y laborales. En caso de comprobarse que los implicados operan como parte de una organización criminal, la pena podría elevarse hasta siete años y medio.

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Además, Elías advirtió sobre la venta de software para hackear y bases de datos utilizadas en llamadas spam, lo que constituye el delito de abuso de mecanismos informáticos, castigado con entre uno y cuatro años de prisión. “Lo que se castiga es la venta, la fabricación, el diseño y la distribución de cualquier medio que facilite la comisión de fraudes informáticos, suplantaciones de identidad, accesos ilícitos y sabotajes”, informó.

En tanto, sobre la venta de softwares adulterados, resaltó que se estaría cometiendo el delito de piratería.

La zona conocida como Las Malvinas, en la Av. Argentina, se ha convertido durante los últimos años en uno de los principales puntos de venta de celulares robados en Lima. Precisamente a este lugar recurren diversos delincuentes luego de arrebatarlos durante el día. Ahí ofrecen dispositivos de alta gama a precios muy por debajo de su valor comercial. Compradores adquieren los móviles, sin más detalles, o sabiendo, y proceden a desbloquearlos. Estos, una vez alterados, son vendidos sin garantía. Los compradores que llegan a este punto, muchas veces desconocen o ignoran su origen ilícito, pese a las advertencias de las autoridades.

Cabe resaltar que la venta de celulares con el IMEI alterado, reemplazado o duplicado, está penada con una pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Se reprime a todo aquel tenga bajo su disposición, en exhibición para su distribución, o para la venta o comercialización, equipos terminales móviles, número de línea, o de serie electrónico o mecánico, o de IMEI lógico o físico, alterado, reemplazado, duplicado o de cualquier modo modificados.

El abogado penalista subrayó que no solo los vendedores están cometiendo delitos, sino también quienes adquieren estos productos. Aquellos que compran placas madre, componentes electrónicos y otros dispositivos en mercados negros pueden ser procesados por el delito de receptación, cuya pena oscila entre dos y cuatro años de prisión.

El comercio ilegal en el Centro de Lima sigue siendo una problemática latente que desafía los esfuerzos de las autoridades. Mientras las acciones de fiscalización no sean constantes y efectivas, estos negocios ilícitos continuarán operando con total impunidad, afectando la seguridad de miles de ciudadanos.

El jirón Zepita y parte de la avenida Alfonso Ugarte siguen siendo zonas donde mujeres son explotadas sexualmente por bandas criminales. Durante un recorrido por la zona, se pudo constatar la presencia de hombres que vigilaban a las víctimas, acercándose a ellas de manera recurrente, en lo que parece ser un sistema de control y supervisión de su actividad forzada.

Este delito se perpetra a tan solo 1.25 kilómetros de seis sedes policiales, entre ellas la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú. La proximidad de estas instituciones resalta la falta de acciones contundentes para erradicar esta forma de explotación humana. A pesar de operativos esporádicos, las redes de trata continúan operando con impunidad, trasladando a sus víctimas de un punto a otro para evadir las intervenciones de las autoridades.

Según información de las fiscalías especializadas en el delito de trata de personas, más de 5.000 víctimas fueron identificadas entre el 2023 y el 2024. Asimismo, durante ese periodo han recibido 4.425 casos, de los cuales se obtuvieron 355 prisiones preventivas, 465 sentencias y se desarrollaron 497 operativos de investigación.

Es preciso resaltar que entre los años 2021 y 2022 las mismas fiscalías recibieron 1.814 denuncias de trata de personas, que permitieron identificar a 1.908 víctimas. Del total de víctimas, el 85 % fueron mujeres, el 43 % eran adolescentes y el 16 % eran de nacionalidad extranjera. Esto, evidenció que el Perú es un país de origen y destino de víctimas de trata y que este delito afecta a personas de todas las edades, según la Defensoría del Pueblo.

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Ricardo Valdés, presidente ejecutivo de CHS Alternativo, explicó que las mujeres migrantes de nacionalidad venezolana son vulnerables a la explotación por parte de bandas criminales debido a diversos factores estructurales que dificultan la reducción de su victimización.

En cuanto a las demás actividades ilícitas que ocurren en el centro de Lima, Valdés señaló que la presencia de productos tanto lícitos como ilícitos en estos mercados informales fomenta que los delincuentes se trasladan a distintos puntos de la ciudad para diversificar sus ingresos.

El Comercio solicitó un pronunciamiento a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para conocer las acciones de fiscalización que se están llevando a cabo con el fin de erradicar estas actividades ilegales. Sin embargo, la comuna respondió que dicha responsabilidad recae en la policía.