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Esta tarde, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao sustentará el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva en contra de 11 investigados, entre policías y civiles, por la presunta comisión de delitos de corrupción en la compra de 35 mil mascarillas y otros equipos de bioseguridad para la Dirección de Aviación Policial (Diravpol), valorizados en más de 2 millones de soles. El director de Aviación Policial, el general Alfredo Vildoso Rojas, figura entre las personas sujetas a la indagación.
Mira: detienen al director de la Aviación Policial por presuntas irregularidades en compra de mascarillas
El Ministerio Público informó que la audiencia virtual está programada a las 4 p.m. La solicitud formulada por el fiscal provincial Francisco Alarcón Solis forma parte de la apertura de investigación preparatoria por los delitos de colusión agravada, crimen organizado, falsedad ideológica, obstrucción a la justicia y exposición a peligro de persona dependiente.
La audiencia virtual será conducida por el juez Renzo Arturo Subiria Ruiz, del Primer Primer Juzgado de Investigación preparatoria Transitorito del Callao.
Entre los once del total de 21 investigados contra quienes se sustentará el pedido de prisión preventiva figuran los funcionarios y servidores de la Diravpol de la Policía Nacional: general Alfredo Andrés Vildoso Rojas (Director); coronel Enrique Fernando Samamé Sánchez, (jefe de la Unidad de Administración); Comandante Omar Romell Puente Auccapoma, (jefe de área de Logística); Comandante Óscar Aronés Canova (Jefe de la División de Seguridad Aérea); mayor Jesús Ernesto Benancio Cisneros (Jefe de Almacén General); al igual que el teniente Leonardo David Oblitas Bozovich, el alférez Pool Jhansen Olórtegui Yauli (jefe del Área Legal de Contrataciones) y José Vivanco Jaime, abogado del (área Legal de Contrataciones).
Asimismo, están incluidos Patrick Alonzo Oblitas Bozovich, gerente de ventas de la empresa Ka’linson S.A.C. y los abogados particulares Miguel Eduardo Vásquez Neyra y Luisa Fabiola Carrillo Vásquez.
A todos ellos se les atribuye haber participado en el presunto direccionamiento para la contratación de la empresa Ka´linson Perú SAC, durante el inicio del estado de emergencia por la COVID-19. De acuerdo con la indagación fiscal, esta compañía habría servido como fachada de la real contratante Bozovich y Asociados Safety.
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Tesis
Según la tesis fiscal, las gestiones para los dos procesos de contratación se habrían realizado a través del Tnte PNP Leonardo David Oblitas Bozovich, hermano del propietario de dicha firma, Patrick Alonzo Oblitas Bozovich.
Otro de los presuntos hechos delictivos que se habrían cometidos es la cuestionada calidad de los insumos y bienes adquiridos, los mismos que se encuentran en peritaje.
El Ministerio Público indicó que también se evidenció a través de audios peritados por el Ministerio Público, que los miembros de esta organización criminal habrían ejercido presión sobre los testigos e intentado eliminar y alterar documentación incriminatoria.
Señaló que estos hechos en proceso de investigación se sustentan hasta el momento en un total de 53 elementos de convicción. Entre ellos: actas, correos, informes, comprobantes de pago, cuadernos de registro de ingreso peatonal y vehicular, y otros documentos recopilados durante las diligencias de exhibición y recojo de dichos elementos en la Diravpol.
También constan pericias fonéticas, video vigilancia transcripciones, declaraciones y testimonios, entre otros.
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