Los controversiales dichos del jefe de la Policía sobre el atroz crimen de la menor: cifras y testimonios lo refutan

En medio del caso de la menor de 12 años que fue asesinada por Jerson Alexander Juárez Tapia tras salir de su casa, en Villa María del Triunfo, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, teniente general PNP Víctor Zanabria, emitió unas declaraciones sobre dicho tema que podrían causas reacciones.

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Actualmente, la Policía es cuestionada por una inacción para atender la denuncia de la desaparición de la joven Sheyla Cóndor, quien fue hallada muerta y descuartizada en el departamento de propiedad del agente PNP Darwin Condori, así como por no profundizar en la indagación del número de celular del sospechoso del crimen de la menor en Villa María del Triunfo.

Durante su participación en un evento, el jefe de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, había cuestionado los insultos que se lanzan contra los agentes PNP y remarcó que ellos requieren de “aprobación social”, ya que tienen “un severo problema de salud mental”.

“El apoyo que requiere la Policía Nacional no es logístico, no es de personal, no es económico, es de aprobación social porque tenemos un severo problema de salud mental. Como le dice usted a un hombre o una mujer que trabaje 24 horas si todo el día lo insultan, si todo el día le dicen que su trabajo está mal, que los 14 muertos en este año por enfrentamientos contra delincuentes han sido en vano, que los 260 mil detenidos en flagrancia los trajo Papá Noel, reconozcamos el esfuerzo que hacen los buenos policías”, expresó el jefe de la Policía.

Zanabria dio dichas declaraciones durante su participación en la II Mesa de Trabajo “Comprometidos por la Seguridad Ciudadana”, realizada en la sede de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Sin embargo, hay que recordar que los cuestionamientos hacia la Policía están basados en cifras, pues, tal como lo evidenció El Comercio en un informe, desde el 1 de enero hasta el 20 de noviembre de 2024, se reportaron 28 casos de denuncias por violencia, violaciones y desapariciones de mujeres que fueron desestimadas por la PNP.

Además, según el portal Desaparecidos en Perú, del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, entre enero y octubre de este año se reportaron 14.919 personas desaparecidas, incluyendo niñas, niños, adolescentes y adultos. De este total, 7.446 han sido localizadas y 144 fueron reportadas como fallecidas, mientras que 7.302 con vida.

Cuestionan expresiones del jefe de la Policía

Al respecto, el general (r) PNP Juan Carlos Sotil, exjefe de la Dirincri, indicó que los cuestionamientos contra los agentes policiales por no atender de manera debida las denuncias sobre desaparición de personas se debe a que personal policial de menor rango no se encuentra preparado para abordar ese tipo de casos.

“Definitivamente hay un problema en la Policía sobre procedimientos y protocolos en caso de personas desaparecidas. Hay una costumbre que hasta ahora no se llega a desterrar, pese a las diversas capacitaciones e instrucciones, que se suelen dar al respecto de que cuando alguien va a denunciar la desaparición de una persona no se tiene que decir hay que esperar 24 horas o 48 horas para recién denunciar”, expresó Sotil a El Comercio.

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“Hay un desinterés de los policías de menor rango, en este caso de suboficiales de tercera, principalmente, en atender este tipo de situaciones que son gravísimas. Cómo una niña reportada y con los padres ahí dando indicios y algún tipo de pistas no se le va a hacer caso, eso es inconcebible, por más que se diga que los procedimientos, que la geolocalización demora, que las gestiones ante la empresa telefónica, pero tienes que hacer algo”, agregó.

Sotil lamentó la expresión de Zanabria respecto a que la Policía tiene un “problema severo de salud”. “Eso no se puede decir de esa forma. (Quiere decir) que estamos trabajando con una Policía que no está sana psicológicamente”, indicó.

“El examen psicológico de los policías debería ser absolutamente serio para evitar este tipo de dramas que estamos pasando actualmente con policías que no están en el nivel que la sociedad requiere”, agregó.

Por su parte, el general (r) PNP Carlos Tuse se mostró más crítico con lo manifestado por el comandante general de la Policía, pues consideró que tales expresiones no son propias de una persona que dirige la institución policial.

Remarcó que el tema de la “aprobación social” se lo debe ganar la Policía con resultados y productividad. Incluso, cuestionó que pida confianza en la PNP cuando “todos los días salen policías cometiendo delitos”.

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“Qué pobreza mental, por eso la Policía está como está porque quien conduce los destinos de una organización no tiene capacidad para ser un CEO y esto es lo que nos espera”, señaló Tuse a El Comercio.

“Las expresiones de este señor son por demás salidas de contexto que no guardan coherencia con una lógica y con las capacidades que debería tener un comandante general de la Policía. Buscar la aprobación social no se exige, se gana la aprobación social y se gana con productividad, con resultados”, agregó.

“Me parecen lamentables los comentarios de ese señor y con eso está demostrando que definitivamente no tiene capacidad para estar al frente de la institución”, enfatizó Tuse.

En un intento de, tal vez, justificar la razón por la cual los agentes de la comisaría de José Gálvez no intensificaron en la búsqueda de información del número del celular del sospechoso del crimen de la menor, el comandante general de la Policía afirmó que los familiares pudieron obtener datos de Jerson Juárez Tapia debido a que pagaron a un hacker.

“Este es el momento de quebrar esta pasividad que tiene la sociedad, donde una niña, que ha sido violentada familiarmente, se escapa de la familia, la asume un depredador sexual y la mata. Dan su teléfono, la Policía lo solicita para su ubicación, demora dos días (el trámite), la familia paga un hacker y se la da en seis horas. ¿Cómo funciona este sistema así? La Policía es culpable, así estamos en esta sociedad donde lo legal es difícil y lo ilegal es lo más fácil”, indicó.

Cabe recordar que los familiares de la adolescente señalaron que una amiga de la madre les entregó la dirección del domicilio y el nombre completo del sujeto tras rastrearlo a través de su número de celular., negando que se trate de un hacker.

Además, Mario Arribas, abogado de los deudos, contó a El Comercio que los videos que registran la llegada de dos sujetos en mototaxi al predio donde fue hallado el cuerpo de la menor fueron obtenidos por los propios familiares y no por la Policía.

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Posición de expertos

Juan Carlos Sotil consideró que los agentes de la comisaría de José Gálvez, en Villa María del Triunfo, pudieron hacer algo más que solo recibir la denuncia de la desaparición de la menor y de llamar al número de celular del asesino de la menor.

“Cuando hay este tipo de casos hay procedimientos rápidos. No puede ser una justificación que se haya dado ese tratamiento (de pedir la geolocalización). La familia debió ser atendida de forma inmediata. Si no cuentas con la tecnología, por lo menos hacerle un acompañamiento de sus actividades de búsqueda, para eso se tiene no solamente la unidad preventiva, que es la comisaría, y de la unidad de investigación en los distritos, como el Depincri, y se tiene la especializada, que es la Dirincri”, expresó.

Otra declaración que llamó la atención y ha despertado la indignación de la familia fue la frase sobre la supuesta violencia que se ejerció sobre la menor en su entorno familiar y que según el jefe de la policía fue seguida de la huida de la menor.

“Este es el momento de quebrar esta pasividad que tiene la sociedad, donde una niña, que ha sido violentada familiarmente, se escapa de la familia, la asume un depredador sexual y la mata”, dijo Sanabria.

Según la propia familia hubo una discusión y producto de ello, la menor luego se va de casa. Sin embargo, según el entorno de la niña no se ejerció violencia y rechazaron que se quiera establecer una relación de causalidad entre el desencuentro familiar y el lamentable hecho.

“La noche del último sábado, (la madre) tuvo una discusión con su hija y que le hizo saber que le aplicaría un castigo por no cumplir sus órdenes. Ante ello, la menor optó por salir de la casa”, dijo un familiar.

La mujer, al percatarse de que su hija no estaba en la vivienda, comenzó a buscarla por los alrededores y llamó a familiares para preguntar el paradero de la adolescente, pero nadie sabía nada. Por lo que decidió poner la denuncia en la comisaría de José Gálvez.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, teniente general PNP Víctor Zanabria, también se vio envuelto en una polémica tras considerar como “un éxito” que haya aumentado el número de denuncias de extorsión y sicariato en 10 de los 14 distritos de Lima declarados en estado de emergencia, tal como se evidenció en un informe de El Comercio de fines de noviembre.

Zanabria afirmó que “posiblemente” el número de homicidios ha aumentado en la capital, pero remarcó que “no es mucha diferencia”. En cuanto a la extorsión, aseguró que " están controlando” dicho delito.

Sin embargo, el oficial PNP dijo desconocer si han bajado el número de extorsiones y el sicariato, pues alegó que “no tenemos un número exacto de cuántos hay”. Incluso, aseguró que el estado de emergencia ha funcionado, pues así lo señalan los reportes de inteligencia que reciben.

Llama la atención la afirmación del comandante general de la Policía respecto a que es un “éxito” el aumento de las denuncias por extorsión y sicariato, pero, a su vez, dice que no existe un número exacto de esos delitos, pues sí existe información sobre dicho tema, incluso está almacenada en una página de la propia PNP. Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), las denuncias en Lima Metropolitana aumentaron de 649, en setiembre, a 796, en octubre.

En referencia a este punto, Carlos Tuse afirmó que no se puede considerar como un indicador la cantidad de denuncias sobre un delito para tratar de sustentar un supuesto mejor trabajo frente a la delincuencia y criminalidad.

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“Es absurdo que se quiera hacer una cuantificación sobre cantidad de denuncias, sabiendo que en un país, que ya está en zozobra, el 30% de las víctimas no denuncia. Entonces, sobre lo que tiene, debe agregarle el 30%. Lo que tiene que activar son los medios de inteligencia para, incluso, ubicar a ese 30% que por temor no denuncia, y hay entre 10 a 20% que, por la serie de trabas que pone la Policía y otros organismos, no logra asentar la denuncia”, precisó el especialista.

“Ese no es un indicador para decir que la seguridad ciudadana está mejor que antes. Los indicadores son las muertes, son los delitos, son la cantidad de teléfonos que te roban al día. Se tiene que deplorar los comentarios de ese señor, ya que denigran tremendamente a la institución policial”, añadió.

No obstante, el especialista resaltó que las denuncias son positivas pues es un punto de partida para que la policía investigue y arrincone a los delincuentes. No obstante, agregó que si solo son cifras decorativas sin un trabajo secundado por la inteligencia la data no sirve de nada.

La Defensoría del Pueblo detalló, en su reporte “¿Qué pasó con ellas?”, que -hasta octubre de 2024- se registraron 5.518 notas de alerta por mujeres desaparecidas. De esta cifra, solo en el mes de octubre se han registrado 603 casos: 413 (68%) son niñas y adolescentes mujeres; y 190 (32%) adultas.

En el caso de las mujeres adultas, las regiones donde se presentaron mayor número de notas de alerta fueron Lima (86), Arequipa (16), Junín (12), Puno (9), Cusco (9), y Piura (8). En el caso de niñas y adolescentes las regiones son Lima (118); le siguen La Libertad (33), Junín (28), Huánuco (25), Callao (23), Cusco (21), Piura (19), Arequipa (18), entre otras.

En cuanto a los feminicidios, de enero a octubre se han producido 133. Además, solo en ese mismo mes se registraron 10 casos: en Madre de Dios (2), Junín (2), Lima Metropolitana (1), Áncash (1), Apurímac (1), Arequipa (1), Cajamarca (1), y Cusco (1). Cabe indicar que, dos de las víctimas fueron reportadas como desaparecidas previamente.

Para la Defensoría del Pueblo estas alarmantes cifras obligan al Estado a reforzar las acciones de atención y prevención, y a adoptar medidas encaminadas a garantizar que las actuaciones policiales en las denuncias de desaparición de mujeres se realicen de forma oportuna, iniciando inmediatamente las acciones de búsqueda y ubicación, a fin de evitar consecuencias fatales.

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“Los casos de desapariciones tienen conexión con los feminicidios, y la muerte de Sheyla Cóndor lo evidencia. Necesitamos acciones firmes, eficaces y diligentes de parte de las autoridades. La actitud indiferente de algunos integrantes de instancias llamadas a atender y velar por la seguridad revictimiza”, señaló la adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Luz Mejía.

El Programa Nacional Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), reportó que, hasta el 31 de octubre de este año, han ocurrido en el país 132 casos con características de feminicidio.

Además, en su reporte estadístico indicó que se han registrado 189 casos de intento de feminicidio.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el año 2023 se registraron 146 casos de feminicidio en el Perú. En el periodo comprendido entre 2015 y 2023 se registraron 1.191 casos, siendo el mayor número de casos en el año 2018, con 150 víctimas.

Asimismo, se informó que, en el 2023, en Lima Metropolitana ocurrieron 11 casos de feminicidios menos respecto al 2022. Sin embargo, en Junín se incrementaron los casos en 12, y en Arequipa aumentaron en 9 casos, respecto al año anterior.

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En el documento “Perú: Feminicidio y Violencia contra la Mujer, 2015 - 2023″, se indica también que la tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres se mantuvo en 0,9 el año pasado. Las tasas más altas de feminicidios se registraron en los departamentos de Huancavelica (2,9), Arequipa (2,5), Junín (2,3), Huánuco (2,2) y Pasco (1,5).

El Ministerio Público informó que, hasta el 31 de octubre de este año, se han ingresado 298.523 casos de delitos violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar en los 21 distritos fiscales que cuentan con fiscalías especializadas en materia de violencia contra la mujer.