Sin policías y militares: zonas con más extorsiones no son patrulladas durante horas| FOTOS

Esta vía, que une la avenida Túpac Amaru con la avenida Universitaria, alberga a lo largo de sus cuadras dos centros educativos y más de una decena de locales comerciales que, hasta hace un par de años, lucían ocupados y activos. Hoy, sin embargo, la realidad es muy distinta. El restaurante marino ubicado en la cuadra 5, víctima del ataque reciente, permanece con las puertas cerradas. Otros locales atienden detrás de rejas o con portones entreabiertos para evitar cualquier ataque por parte de los extorsionadores que acechan la zona.

Durante una hora de recorrido, El Comercio no observó patrullaje policial, militar ni del serenazgo, pese al estado de emergencia vigente. Un comerciante aseguró que el tramo comprendido entre la cuadra 4 y la cuadra 6 está controlado por los extorsionadores. En ese mismo sector, varios locales muestran carteles de alquiler, mientras otros simplemente han cerrado.

Este no ha sido un hecho aislado. Un mes antes del último ataque contra la cevichería, extorsionadores detonaron un explosivo en una pollería ubicada en la misma avenida. Según los vecinos, tras estos atentados, al menos cuatro pollerías han cerrado sus puertas y tres colegios dejaron de brindar clases presenciales. “Sí, últimamente todo aquí está movido, peligroso… por las extorsiones, los ataques”, relata un transportista.

Los asesinatos se han vuelto también parte del paisaje cotidiano. El 20 de febrero, Jhonatan Mallco Ore, vigilante de la pollería ‘Machis’, fue asesinado a balazos luego de que el dueño del local se negara a pagar cupos a una banda criminal liderada por ‘Monstruo’, de ‘Los Injertos del Cono Norte’. Solo días antes, el 15 de febrero, Roger Rojas Ormaza, vendedor de colchones, también fue asesinado tras recibir panfletos extorsivos. El crimen ocurrió en la cuadra 7 de la avenida y fue presenciado por una clienta y su hija dentro de su tienda.

Además de la nula presencia policial y de la autoridad municipal, otros factores agravan el problema. El tráfico vehicular y la escasa señalización han convertido a la avenida Maestro Peruano en una vía ideal para el crimen. Motorizados aprovechan la congestión para usar las veredas como vía auxiliar y avanzar con mayor velocidad. Este escenario, en una eventual persecución policial, podría dificultar el accionar de los agentes y poner en peligro a transeúntes y conductores.

A pesar de la prolongada permanencia de nuestro equipo en la zona, solo se pudo constatar el paso de una patrulla policial, que usó sus circulinas únicamente para acelerar el tránsito en medio del caos vehicular. En su interior, los policías permanecían distraídos con sus celulares, sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Poco después, un portatropas del Ejército cruzó una calle transversal a la avenida, pero tampoco realizaba ningún tipo de patrullaje.

Lejos de Comas, ese mismo día, verificamos que en San Juan de Lurigancho la situación es similar por zonas. En una primera parada realizada por los alrededores de Metro Hacienda -lugar que hasta hace un par de años estaba abarrotado por el comercio ambulatorio, la informalidad y la criminalidad- hoy luce totalmente despejado y monitoreado por cámaras del distrito. Durante la estancia, pudimos contabilizar el paso de al menos tres unidades policiales y una del serenazgo.

En la estación del tren Los Jardines, se pudo observar presencia militar; sin embargo, para las personas que se dedican a vender pasajes del metro en ese lugar, las autoridades no representan algo importante ni disuasivo y continúan operando. Cabe resaltar que en los últimos meses han asesinado a diversas personas dedicadas a la venta de pasajes y mafias tarjeteras.

En el Mercado 10 de Canto Grande, el panorama también es medianamente controlado por las autoridades: entre fiscalizadores de tránsito, serenos, fiscalizadores generales y policías del Escuadrón de Emergencia —contamos el paso de cinco policías motorizados en menos de una hora—. Trabajadores de la zona indicaron que el municipio realiza constantes operativos con la finalidad de contrarrestar el comercio informal, por lo que las calles lucen libres para el tránsito de personas y vehículos.

La sensación de orden es diferente para los mototaxistas. En medio de la avenida San Martín, los conductores se forman en línea a la espera de posibles usuarios que necesiten trasladarse. Siempre están atentos, mirando a todos lados. Tienen dos posibilidades: pueden ser desalojados por la municipalidad porque muchos son ‘piratas’, o identificados y posteriormente atacados por extorsionadores que los esperan cerca del asentamiento humano Huáscar, donde no hay presencia policial, militar ni del serenazgo.

Cerca del paradero 7 de Huáscar, a partir de las 10 de la noche, los mototaxistas dejan de transitar. El miedo a ser asaltados o asesinados los obliga a retirarse temprano. Denuncian la ausencia total de presencia policial o militar, incluso cuando llaman por emergencias. “Yo he llamado, señorita, pero nunca suben”, narra uno de ellos.

Un conductor de aproximadamente 40 años cuenta que, producto de las extorsiones, han disuelto las asociaciones formales de mototaxis. Muchos prefieren trabajar como piratas, sin identificación ni rutas fijas. “Preferimos enfrentarnos a la municipalidad antes que a los sicarios”, dice con la voz quebrada. En casa lo esperan sus hijos, y cada noche teme no regresar con vida.

En los paraderos de Huáscar reina el silencio. Los mototaxistas trabajan con cautela, evitando cualquier conversación con desconocidos. “Aquí se paran a vigilarnos simulando ser clientes... ya no sabemos quién es quién”, agrega el hombre mientras observa a su alrededor. Un silbido de sus compañeros lo interrumpe. Él voltea, pero recibe como respuesta una señal de silencio. Nadie quiere que hable. Todos temen ser vistos por la persona equivocada. Un paso en falso puede convertirlos en la siguiente víctima mortal.

“He visto cómo los matan. Ahí, tirados. Las balas caen por todos lados”, cuenta apurado, sin levantar la mirada del suelo. Luego pide disculpas y se retira. No puede decir más. Antes de irse, señala con la mano hacia el fondo de la calle, donde nadie quiere subir, incluso la policía.

Una realidad igualmente alarmante se vive en Barrios Altos y Mesa Redonda. “Los comerciantes han estado extorsionados por ‘Los Mexicanos’”, cuenta una fuente. En las profundidades de los jirones y calles angostas de este histórico sector de Lima, las bandas criminales han encontrado un bunker perfecto para coordinar sus operaciones delincuenciales, guardar armamento y vehículos robados.

Nos adentramos para verificar qué tanto es el grado de peligrosidad y abandono. Lo visto fue claro: no hay policías, no hay militares, no hay cámaras de videovigilancia y tampoco control. Con el campo libre, pese a las intervenciones que se realizan, ‘Los Mexicanos’ saben que pueden resurgir y mantener bajo control sus actividades ilícitas, como el cobro de cupos.

Durante poco más de una hora permanecimos rondando la zona. En el único sector donde pudimos verificar la presencia de autoridades fue en las cercanías del Mercado Central, Mesa Redonda y el Ministerio Público.

En el jirón Ayacucho, un sector bastante conocido por la comercialización de animales que son mantenidos en cautiverio y en pésimas condiciones, el negocio no ha cesado. Todo funciona frente a los fiscalizadores. Los pobres cachorros, expuestos a los peatones, son trasladados desde almacenes clandestinos dentro de mochilas y vendidos desde los S/ 200, a vista y paciencia de las autoridades.

A pocos metros de esta zona de comercio clandestino de mascotas, el comercio informal y ambulatorio sin regular reina, mientras los fiscalizadores están bastante ocupados viendo sus celulares y los policías no están. No se puede avanzar. El jirón Ucayali y Andahuaylas lucen tomados en su totalidad.

En los alrededores, continúan operando los almacenes clandestinos sin control municipal. Una fuente de este Diario comentó que son precisamente estos los negocios más afectados por los extorsionadores, quienes solicitan dinero a cambio de dejarlos descargar su mercadería o no atentar en contra de ellos. Muchos empresarios han decidido cerrar sus negocios o incluso huir de la ciudad por temor a represalias.

Estos sectores de la capital, duramente golpeados por la criminalidad organizada, no son patrullados por horas, pese al estado de emergencia. En tanto, la ciudad continúa desangrándose a manos de los extorsionadores y sicarios que afectan a la población y a la economía local. En menos de 24 horas, entre el último viernes y el sábado —día en el que realizamos este largo recorrido—, diez personas fueron asesinadas en Lima y Callao.