La violencia volvió a golpear al transporte informal. Bryan Anthony Conrado Marcos, un joven conductor de 28 años, fue asesinado a balazos en pleno ejercicio de su labor, mientras estacionaba su combi en la intersección de las avenidas Pachacútec y Paseo Atahualpa, en Villa El Salvador. El crimen, perpetrado a plena luz del día, fue presenciado por pasajeros que ya se encontraban dentro del vehículo.
La violencia volvió a golpear al transporte informal. Bryan Anthony Conrado Marcos, un joven conductor de 28 años, fue asesinado a balazos en pleno ejercicio de su labor, mientras estacionaba su combi en la intersección de las avenidas Pachacútec y Paseo Atahualpa, en Villa El Salvador. El crimen, perpetrado a plena luz del día, fue presenciado por pasajeros que ya se encontraban dentro del vehículo.
Según testigos, el asesino fingió ser un pasajero más. Una vez dentro de la combi, desenfundó un arma y disparó dos veces en la cabeza de Bryan, provocando pánico entre los presentes. El joven fue trasladado de emergencia al hospital del distrito, pero lamentablemente no sobrevivió a las heridas.
El atacante fingió ser pasajero y disparó a quemarropa antes de huir a pie entre la multitud. (Foto: @photo.gec)
Colegas de la víctima señalaron que Bryan había decidido no pagar los cupos que mafias locales cobran a conductores que operan en rutas informales. Su negativa habría sido el motivo detrás del ataque, en una zona donde el transporte informal y la extorsión van de la mano.
La familia de Bryan evitó brindar declaraciones a la prensa por temor a represalias. La Policía Nacional ha iniciado una investigación desde la comisaría de Tablada de Lurín y espera obtener pistas de las cámaras de seguridad de la zona. Se sabe que el atacante huyó a pie y aún no ha sido identificado.
Familiares temen represalias y Policía analiza cámaras para identificar al responsable. (Foto: @photo.gec)
Conductores del área han exigido mayor presencia policial y justicia para su compañero asesinado. La violencia, aseguran, se ha vuelto parte del día a día en las rutas que recorren.
El gobierno peruano declaró recientemente el estado de emergencia en Lima y Callao debido al incremento de la criminalidad. Esta medida permite la suspensión de ciertas libertades civiles y la realización de arrestos sin órdenes judiciales durante 30 días. Se han desplegado 1,000 soldados adicionales y se han incrementado las patrullas en estaciones de tren y autobús.
Según estadísticas gubernamentales, en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en Perú, en comparación con los 674 de 2017. Además, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que en 2017.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la declaración del estado de emergencia no es suficiente para enfrentar la inseguridad ciudadana y ha instado a implementar medidas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.
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