Autoridades tenían información sobre el sospechoso, pero no actuaron: menor de 12 años fue asesinada pese a las advertencias

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La familia indicó que los agentes de la comisaría de José Gálvez sí prestaron ayuda en la búsqueda de la adolescente, pero que no profundizaron en la investigación cuando les proporcionaron el número del celular de Juárez Tapia, quien en ese momento era principal sospechoso del caso.

Un tema crucial en este caso, según los familiares, es la geolocalización, pues consideran que, si se hubiera usado esa herramienta tecnológica, se podría haber ubicado al entonces sospechoso y, eventualmente, rescatar con vida a la menor.

Este martes, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, ordenó siete días de detención preliminar contra Jerson Alexander Juárez Tapia, confeso asesino de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo. Él había sido capturado en la escena del crimen, pero fue llevado al hospital María Auxiliadora debido a que los familiares y vecinos le propinaron una golpiza.

La madre de la menor señaló que, si los policías de la comisaría de José Gálvez hubieran reaccionado de inmediato cuando le entregaron el número de celular del sospechoso y aplicado la geolocalización, herramienta que detalla la ubicación de un teléfono, quizás su hija en ese momento de la búsqueda aún estaba viva.

“No niego la ayuda policial que me dieron, solamente el único detalle fue de repente reaccionar ahí mismo, buscar la localización, en el momento que dimos el número mi hija tal vez estaba viva, quizás pudo haber sido otra la historia”, expresó.

“Yo no estoy en desacuerdo en nada con lo que me apoyó la Policía, sí me apoyó la Policía, solamente el único detalle, entiendo que de repente hayan tenido trabajo y no lo hayan podido localizar en el momento”, agregó.

La mujer reiteró que a través del número celular del sospechoso fue que una persona allegada a la familia pudo obtener datos clave, como su dirección y su nombre completo, pero que ya habían transcurrido cerca de 7 horas desde que le entregaron la información inicial a la Policía.

Por su parte, el padrastro de la menor asesinada cuestionó que la Policía señale que consiguió la ubicación de la Policía, cuando, según dijo, la familia fue la que buscó información del sujeto a través de su número celular. Incluso, afirmó que obtuvieron por su cuenta las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la llegada de un mototaxi al lugar donde fue asesinada la menor.

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“Primero, cuando fui a la comisaría sí actuaron de inmediato, pero cuando nosotros dejamos el número del sujeto, entre la 1 y 2 de la tarde (del último domingo), ahí han debido hacer una geolocalización de inmediato, la verdad que eso no demora mucho, lo cual no lo hicieron. Una amiga lo hizo, lo sacó rápidamente, entre 15 a 20 minutos, y a las 8 de la noche ya teníamos toda esa información, su nombre, su dirección, cuantos años tiene”, manifestó.

“La Policía dice que ellos han dado esa información para poder capturarlo, pero eso es totalmente mentira, la información la dimos nosotros. Ahí recién nosotros pedimos apoyo para poder intervenir, ahí nos dieron la mano, pero en ningún momento nos dieron la información de ese número y a quién pertenecía”, agregó.

“En ese momento que dejamos los números, yo creo que inmediatamente el policía ha debido hacer eso, de explicarnos, de vamos a hacer la geolocalización de ese número, un rastreo total, pero no lo hicieron. De nuestra parte, sí tratamos de buscar de donde sea, pero no sabíamos cómo sacar la información hasta que una persona nos brindó esa ayuda”, manifestó.

Mario Arribas, abogada de los deudos, indicó que hubo en la Policía una supuesta demora en la emisión de la alerta sobre la desaparición de la menor, por lo que consideró que no hubo celeridad para investigar. Remarcó que la PNP debió abordarlo como un posible caso de desprotección de menor, secuestro o de trata de personas y no como una simple desaparición.

“En la desaparición de un niño o adolescente o cualquier persona tiene que haber una alerta, la cual no se dio de forma célere y acá el factor tiempo es determinante”, precisó.

Además, Arribas aclaró al jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, que la denuncia por desaparición de la menor la interpusieron en la comisaría solo horas después de ocurrido el hecho y no “al día siguiente”, como lo expresó dicho oficial PNP.

Explicó que la menor salió de su casa la noche del sábado, a pocos minutos de la medianoche, y que sus familiares, tras no obtener resultados en la búsqueda, acudieron solo horas después a la dependencia policial y no 24 horas luego.

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En diálogo con El Comercio, Arribas informó que la necropsia ha determinado que la causa de muerte de la menor es “asfixia mecánica por extrangulamiento” y que se analizará cada órgano del cuerpo para establecer si se le suministró alguna sustancia o si fue víctima de violación sexual.

También pidió que se profundicen las indagaciones del homicidio, pues aseguró que, a su parecer, habría dos personas más involucradas en el crimen, tal como se evidencia en las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la llegada de dos sujetos en mototaxi a la escena del crimen. Enfatizó que la Policía debe enfocarse en determinar la placa para ubicar el vehículo y obtener pruebas sobre el asesinato.

El jefe de la Región Policial de Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, indicó que, según el acta policial sobre el caso de la adolescente desaparecida y posteriormente asesinada por Jerson Juárez Tapia, los agentes de la comisaría de José Gálvez sí prestaron el debido apoyo a la familia de la víctima apenas se interpuso la denuncia. No obstante, advirtió que, de encontrarse inacción o ineficiencia de parte del personal policial, se sancionará de manera drástica.

El oficial PNP afirmó que los agentes policiales estuvieron informando de las acciones de búsqueda a la madre, pese a que ella, según, dijo, no proporcionó en un inicio un número de celular porque se lo habían robado. Incluso, aseguró que el padrastro del menor no acudió a la comisaría.

Además, remarcó que el último fin de semana también se reportó cerca de dicha zona de Villa María del Triunfo la desaparición de otra menor de 12 años, que sí pudo ser ubicada, pero que fue víctima de violación sexual, y que la Policía atendió ambos casos.

En ese contexto, indicó que los agentes policiales de la comisaría de José Gálvez sí pudieron contactarse con Jerson Juárez y que lograron dar con su paradero, sin embargo, no quiso entrar en “contradiccines” con la familiares.

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“Se inicia todo el protocolo que corresponde a toda desaparición. Se presenta la denuncia, se hace la hoja de alerta para comunicar a nivel nacional, se sube al sistema de desaparecidos y se comunica a Desaparecidos de la Dirincri. Todo el accionar policial se ha realizado”, argumentó el general PNP Enrique Felipe Monroy.

“Lo que en línea estamos estableciendo está en investigación. Como consecuencia de ello, el personal policial insiste en la llamada hasta que logra comunicarse con esta persona (Jerson Juárez), quien, en una forma sospechosa y temerosa, empieza a dar respuestas no coherentes”, añadió.

“El padrastro nunca se ha apersonado a la comisaría, siempre ha estado solamente la señora y a quien se le ha dado el apoyo correspondiente las veces que lo ha requerido. Como le manifesté, en un principio la señora no brindó un número telefónico para comunicarnos, toda vez que manifestó que se le había perdido o ha sido robado. Más bien, el personal policial al tomar conocimiento insiste y va a su domicilio para continuar con la búsqueda”, anotó.

“Al tomar conocimiento de que la abuela de la niña habría recibido la llamada desconocida es que se insiste, ya que se presumía de que podría haber intentado comunicarse la menor. Delante de la madre se han comunicado y estaba como apagado (el celular). Personal policial ha insistido hasta que ha logrado comunicar con esta persona”, refirió.

El comandante general de la Policía Nacional, teniente general PNP Víctor Zanabria, aseguró que la familia de la adolescente de 12 años que fue asesinada en Villa María del Triunfo contrató a un hacker para obtener información de Jerson Juárez, que en ese momento era el principal sospechoso y que posteriormente confesó el crimen.

En un evento, Zanabria afirmó que la Policía requiere de una “aprobación social” y lamentó que se insulte y se cuestione el trabajo de los agentes PNP.

“El apoyo que requiere la Policía Nacional no es logístico, no es de personal, no es económico, es de aprobación social porque tenemos un severo problema de salud mental. Como le dice usted a un hombre o una mujer que trabaje 24 horas si todo el día lo insultan, si todo el día le dicen que su trabajo está mal, que los 14 muertos en este año por enfrentamientos contra delincuentes han sido en vano, que los 260 mil detenidos en flagrancia los trajo Papá Noel, reconozcamos el esfuerzo que hacen los buenos policías”, expresó el jefe de la Policía.

“Este es el momento de quebrar esta pasividad que tiene la sociedad, donde una niña, que ha sido violentada, se escapa de su familia, la asume un depredador sexual y la mata. Dan su teléfono, la Policía lo solicita para su ubicación, demora dos días (el trámite), la familia paga un hacker y se la da en seis horas. ¿Cómo funciona este sistema así? La Policía es culpable, así en esta sociedad donde lo legal es difícil”, manifestó.

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Cabe precisar que los padres de la adolescente señalaron que una persona allegada a la familia les entregó la dirección del domicilio y el nombre completo del propietario del celular desde el cual llamaron a la abuela de la víctima antes de ser asesinada

La Ley 31284, publicada el 16 de julio de 2021, establece que las operadoras de líneas móviles deberán responder en 24 horas las solicitudes de la Policía sobre geolocalización de celulares.

La Ley 31284 modifica el decreto legislativo Nº1182, más conocido como Ley Stalker, que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

El contenido del decreto legislativo Nº1182 recibió críticas, ya que le permitía a la Policía Nacional de Perú a acceder en tiempo real a los datos de locación o geolocalización de los teléfonos móviles o dispositivos electrónicos de las personas investigadas sin orden judicial previa con el fin de combatir el crimen.

Con la modificación realizada, los requisitos para habilitar a la policía a solicitar los datos de geolocalización han sido ampliados para incorporar a las investigaciones preliminares por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; delitos contra la libertad; delitos contra el patrimonio; delitos contra la administración pública; delitos de lavado de activos; delitos de trata de personas; delitos de tráfico ilícito de drogas; delitos de minería ilegal; más aquellos delitos comprendidos en la Ley 30077, ley contra el crimen organizado.

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Además, la modificación incorporada en el artículo 4, que corresponde al procedimiento, señala que la entrega de los datos de la geolocalización o rastreo a la Policía debe darse en un plazo máximo de 24 horas de solicitada la información y durante las 24 horas del día de los 365 días del año.

En el contexto del caso de la adolescente de 12 años asesinada por Jerson Juárez, el Poder Judicial informó que sanciona con la cadena perpetua, el delito de violación sexual a un (a) menor de edad (niño o adolescente), sin que el condenado tenga derecho a ningún tipo de beneficio penitenciario ni la prescripción del delito.

El juez Omar Ahomed Chávez explicó que si a consecuencia de la violación el menor es asesinado, la pena seguiría siendo la cadena perpetua, al ser considerada la máxima sanción en nuestro país.

“El hecho de cometer un delito de violación en agravio de un(a) menor constituye de por sí una cadena severa, la cadena perpetua. La legislación es clara en ese sentido”, aclaró.

Respecto a los beneficios penitenciarios, Ahomed Chávez aseveró que la ley restringe esta gracia a los condenados a violación de menores. Lo cual incluye también que este delito nunca prescribe.

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“La legislación restringe los beneficios. Es decir, estos condenados no pueden redimir la pena por el trabajo, no pueden obtener un beneficio de liberación condicional, ni obtener un beneficio de semilibertad. Además, por la naturaleza de este delito las penas son imprescriptibles”, aseguró.

Por último, el magistrado afirmó que, por el tipo de este delito, al ser la condena mayor de 5 años y por ende existir un mayor peligro de fuga, los procesados enfrentarán el proceso en prisión.

Frente al crimen de la menor de 12 años, la presidenta Dina Boluarte propuso abrir el debate sobre la posibilidad de aplicar la pena de muerte para los criminales que cometan violaciones sexuales a menores de edad.

“Ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles en cualquier sociedad, es momento de tomar medidas drásticas. Debemos abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que individuos como estos sigan caminando libres por nuestras calles”, indicó la mandataria durante la ceremonia de inauguración del nuevo sistema de comunicación satelital de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Boluarte Zegarra exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a no tener contemplación e impedir que los violadores sexuales permanezcan en las calles o acceda a algún tipo de beneficio.

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Asimismo, invocó a la Policía Nacional a reforzar sus herramientas y acciones con el fin de proteger a los más vulnerables, sobre todo a los niñas y niñas de todo el Perú.