Robert Martínez está detenido en el Departamento de Investigación Criminal de Independencia. La fiscal cuestionada es Soraya Soplin Tello.
Robert Martínez está detenido en el Departamento de Investigación Criminal de Independencia. La fiscal cuestionada es Soraya Soplin Tello.

Nadie se explica cómo Robert Martínez Pinto nunca fue encarcelado a pesar de tener denuncias desde hace tres años por robo agravado y violación sexual de mujeres a quienes captaba para someterlas a abortos clandestinos por S/250. Dos venezolanas fueron las últimas víctimas de este sujeto.

Ambas estaban angustiadas porque querían interrumpir sus embarazos y no sabían a dónde acudir. En el Perú, abortar está penalizado. Las extranjeras no se conocen, pero vivieron la misma pesadilla.

Una de ellas, de 23 años, señaló el viernes de la semana pasada en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) que vio un aviso pegado en un poste en Independencia que decía: “Atraso menstrual, solución inmediata” con un número telefónico y llamó. Estos anuncios abundan en Lima.

Martínez citó a la joven cerca del mercado Santa Luzmila, en Comas. “Dos tipos me esperaban en un auto. Cuando entré, me pidieron que tomara una pastilla. Perdí el conocimiento. Dos horas después, desperté en un descampado, me habían violado y robado mis cosas”, narró llorando. La otra joven dijo a los policías que ella pasó por lo mismo recientemente.

—Fiscal cuestionada—
Un oficial de la Dirincri precisa que, con la colaboración de una de las jóvenes, se montó una operación para capturar a Martínez. Se lo detuvo en la Panamericana Norte, en Independencia. Él hasta el momento niega los cargos. Se le incautaron diez pastillas de clonazepam y siete pastillas abortivas que se venden en farmacias y mercados informales con impunidad, como corroboró El Comercio. También se le encontraron envoltorios de cocaína, una pistola cargada y anuncios sobre “retrasos menstruales”.

La Defensoría de Lima Norte informó ayer que el resultado de los exámenes de Medicina Legal concluyó que las dos extranjeras fueron violadas.

Los agentes llamaron al Ministerio Público para iniciar las investigaciones y se designó a la fiscal adjunta Soraya Soplin Tello, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte. La actitud de la magistrada con las venezolanas, de acuerdo con lo que indagamos y verificamos, fue hostil al extremo que les hacía preguntas como: “¿De dónde han sacado dinero para comprarse ese celular?”.

“En todo momento, parecía que minimizaba la denuncia de violación, de que las habían dopado para atacarlas. No preguntaba del ultraje, se centraba en atacar a las muchachas. Mi jefe tuvo que llamarle la atención inclusive”, comenta indignado un agente de la Dirincri que tuvo a cargo el caso y cuya identidad pidió que fuera mantenida en reserva.

Soraya Soplin además dispuso que el caso no fuera visto por la Dirincri, sino por el Departamento de Investigación Criminal de Independencia. “No sabemos por qué nos remitieron el caso. Fue una decisión de la fiscal. Nos ha dado diez días para investigar”, resaltó el jefe de ese departamento policial, comandante Armando Romero. La intención de la magistrada, según fuentes de la Dirincri, era que Martínez fuera investigado por robo y tenencia ilegal de arma, mas no por violación.

Una suboficial que también trabaja en esa unidad llamó a la línea gratuita de la Defensoría del Pueblo [0800 15170] y contó lo que pasaba. De inmediato, la defensora de Lima Norte, Estela Lozano, se acercó a la Dirincri y recogió la queja de las extranjeras.

“La fiscal habría estado en todo momento malhumorada y revictimizaba a las chicas. Ellas estaban atormentadas, llorando me dijeron que ya no querían denunciar nada”, detalló Lozano. Debido a eso, solicitó a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público que investiguen a la magistrada, quien fue separada del caso. Cuando le solicitamos una entrevista ante las quejas, dijo que su jefa respondería.

Según Lozano, son ocho las mujeres que habrían sido violadas por Martínez. Según la policía, llegarían a 15.

“A veces las víctimas de violación que quedan embarazadas no denuncian al agresor porque se someten a abortos clandestinos, arriesgando sus vidas. Tienen miedo porque el aborto está penalizado en el Perú y pueden ser denunciadas”, dijo la defensora.

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