El objetivo más importante de la política de seguridad para el próximo gobierno será la refundación de la policía. No es posible un Perú seguro, próspero y moderno, en el que todos estemos sometidos al estado de derecho, sin una policía profesional y eficiente, a la que le confiemos nuestra protección y la aplicación de la ley. La experiencia internacional demuestra que esta es la única receta para vivir civilizadamente; no hay otra.
La refundación policial demandará un esfuerzo político, administrativo y presupuestal tal, que obliga a concentrar en ella toda la atención y la energía, en lugar de distraerse en medidas paliativas, onerosas, peligrosas y supuestamente temporales, como recurrir a los militares para labores de seguridad ciudadana o constituir una milicia de 50 mil licenciados de las Fuerzas Armadas.
Para hacer realidad esta transformación, es menester restablecer la exclusividad del servicio policial, asegurando una remuneración adecuada que permita acabar con el servicio a particulares. Las bonificaciones otorgadas anualmente desde el 2013 nos acercan a esa meta; el próximo gobierno debería incorporarlas al básico. Una policía a tiempo completo es la precondición fundamental para contar con una institución seria y competente, pero para lograrlo se requieren otras medidas, todas importantes.
Destaca la depuración de las manzanas podridas. En el corto plazo, se debe pasar a retiro a los efectivos sobre los que existan fundadas razones de involucramiento en hechos de corrupción o delitos. De manera permanente hay que fortalecer las inspectorías y tribunales civiles, y establecer un sistema aleatorio de control de confianza e integridad, como los que funcionan en los servicios de inteligencia y antidrogas de los países más avanzados.
Otra gran tarea es dotar a los agentes de las condiciones de trabajo de una policía del siglo XXI. La infraestructura, el equipamiento y la conectividad de las dependencias, incluyendo las escuelas de formación, dan pena. Superar esta brecha solo será posible si se constituye en el sector Interior uno de los mejores equipos de gerentes públicos, que diseñe e implemente una estrategia con la activa participación del sector privado.
El propósito de estas acciones transversales es la mejora de la vigilancia y el patrullaje, y de la investigación criminal, las dos funciones policiales básicas, las que solo se harán realidad si son acompañadas de un intensivo proceso de reentrenamiento y de una reingeniería en los procesos, la organización y el despliegue institucional. La nueva policía no puede seguir funcionando como la vieja.
Uno de los mayores desafíos organizativos es adecuar la estructura policial a la del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que se organiza distrital, provincial y regionalmente, de manera que en cada circunscripción política exista una autoridad policial única, responsable de rendirle cuentas del trabajo institucional a los alcaldes, gobernadores regionales y otras autoridades, en el marco de los comités de seguridad. Así, la nueva policía se beneficiaría de un efectivo sistema de vigilancia ciudadana, que contribuirá a que dé lo mejor de sí.
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