Garantías del Mininter en espectáculos: ¿Cómo funcionan y pudieron evitar el ataque contra Agua Marina?

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Pocas horas antes, el general Felipe Monroy, jefe de la región policial Lima, aseguraba al noticiero de América Televisión que “no hubo una evaluación de riesgo” del evento debido a que los organizadores solicitaron permisos como si se tratara de un evento privado y no uno masivo.

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No obstante, desde la Municipalidad de Chorrillos, distrito donde tuvo lugar el ataque, señalaron en un comunicado que los organizadores “solicitaron el permiso por la vía regular. Subrayando que se trataba de un evento particular”.

El presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú (Aseap), Walter Dolorier, argumentó por su parte que el local ya contaba con licenciamiento municipal, por lo que no era necesario un trámite de garantías adicional.

Pero, ¿qué son las garantías y quién las otorga?

“En realidad, para cualquier evento público se deben realizar ciertos trámites para recabar autorizaciones de diversos sectores. La autorización municipal es una, la de Defensa Civil es otra y la del Ministerio del Interior es otra adicional”, explica a El Comercio el exministro del Interior, Rómulo Pizarro.

En el ámbito de la seguridad, estos trámites sirven para constatar formalmente que la Policía y el Ministerio del Interior tienen conocimiento sobre el evento, resume el exviceministro del Interior y director del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos.

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Para Pizarro, la responsabilidad detrás de la tragedia de Agua Marina recae sobre diferentes actores.

“Los organizadores deben ser responsables de tener su propia seguridad dentro del recinto. La (seguridad) externa es otra cosa, pero la interna incluye, por ejemplo, arcos de seguridad para evitar que ingresen con armas o algún otro tipo de metal. Hablamos de Agua Marina, un evento totalmente público, no es que nadie supiera que se iba a realizar. La primera sorpresa para mí es cómo se puede realizar un evento si no hubiese contado con los permisos. Cuando no se tienen las garantías, el evento no se realiza y no sería la primera vez que suceda”, comenta el exministro a El Comercio recordando que esta medida ya se ha tomado en el pasado en otros conciertos o eventos deportivos.

“Sin embargo, eso no quita que para mí estamos llegando al límite de ser un país donde la criminalidad impera y no tenemos respuestas. No se trata de que dejemos de contestar el teléfono. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieren que nos quedemos en nuestra casa y no salgamos? Es un grave problema”, alerta Pizarro.

Para Zevallos, por otro lado, la pregunta de fondo detrás del atentado reside en la capacidad de reacción por parte de las autoridades. “En el supuesto de que el evento no haya tenido garantías, igual queda la pregunta sobre cuánto tiempo le tomó a la Policía tomar conocimiento del suceso y llegar al lugar de los hechos”, señala.

“Queda preguntarse qué se necesita para que la Policía y otros servicios de emergencia puedan llegar en el menor tiempo posible a estas situaciones”, reflexiona el experto.

Sumado a ello, el exministro Pizarro incide en otro punto grave: el control de armas.

“De dónde salen esas armas, cómo pueden circular con tanta libertad. Las armas no crecen de un árbol. La primera tarea que debería hacer el Estado sería ver por dónde están ingresando estas armas, que además son modernas, por dónde se vulneran las fronteras. Esas armas vienen por la minería ilegal, por la tala ilegal y por el narcotráfico. Pero hasta ahora vemos que no tenemos ni siquiera un plan estratégico y los candidatos tampoco traen alguno”, lamenta.