Tres bomberos murieron el 18 de octubre del año pasado cuando intentaban sofocar un incendio en una de las sedes del Minsa, en El Agustino
Tres bomberos murieron el 18 de octubre del año pasado cuando intentaban sofocar un incendio en una de las sedes del Minsa, en El Agustino
Ana Briceño

El 18 de octubre del año pasado, carbonizados cuando luchaban por sofocar un voraz incendio originado en los almacenes del Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), del Ministerio de Salud, en El Agustino. Alonso Salas, Raúl Sánchez y Eduardo Jiménez habían ingresado a la zona más crítica, alertados sobre personas atrapadas, pero no volvieron a salir con vida del lugar. El siniestro empezó a las 6.50 p.m.

Después de varios meses de indagaciones, la División de Investigación de Delitos contra la Seguridad del Estado (Dirseg) ha establecido que el incendio quizá se pudo evitar si los funcionarios del Cenares hubiesen tomado en cuenta las advertencias de una empresa de seguridad sobre el inminente peligro que corrían y de las que fueron alertados con varios meses de anticipación. La falta de agua también jugó en contra.

En el Cenares habían dos almacenes cuyos techos eran de calaminas, uno de ellos era utilizado para los medicamentos que debían estar a una temperatura de 20 grados centígrados, mientras que en el otro solo se guardaban medicinas, equipos clínicos e insumos utilizados en los diferentes centros de salud.

“El incendio fue originado por un corto circuito en los conductores eléctricos trifásicos [con tres conexiones] que pendían sobre una varilla metálica del techo de los almacenes y afectó a la fábrica de suelas Pionnisan, colindante al Cenares”. Ese es el resultado del peritaje realizado por la policía, a la que tuvo acceso este Diario.

En medio de la desesperación porque las calaminas de los almacenes ardían en llamas, dos trabajadores del Cenares rompieron el vidrio del gabinete contra incendios, pero cuando sacaron la manguera no salía nada de agua.

La policía ha establecido que Maria De los Ríos, entonces directora general del Cenares, tiene responsabilidad en el incendio por “no haber considerado y subsanado el informe de análisis de riesgo presentado por la empresa de seguridad Alfil Security” el cual advertía que existía el riesgo de producirse un incendio en cualquier momento porque habían cables eléctricos expuestos, no se contaba con extintores en el pasadizo, las luces de emergencia estaban inoperativas, al igual que el sistema contra incendios.


Éricka Mori, quien fue jefa del almacén de Cenares, también se le halló responsable por haber permitido que se “apilen cajas con medicinas hasta el techo de los almacenes, por donde pasaban tubos con cables eléctricos”.

Según el testimonio de Julio Velásquez, encargado de servicios generales del Cenares, en marzo de ese año, cortaba el fluido eléctrico en uno de los almacenes y que solo se cambió la llave térmica porque estaba malograda, pero nunca se detectó el origen de la falla. Él también fue hallado responsable. Según la policía, los tres funcionarios afrontan un proceso judicial por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro común.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que el 24 de febrero de 2017, la Segunda Fiscalía Provincial Mixta del Agustino formuló denuncia contra los presuntos responsables del incendio ante el Poder Judicial. Sin embargo, el 26 de mayo se llevó a cabo una audiencia de presentación de cargos, “en la cual el juez encontró deficiencias en la investigación” y devolvió el caso a la fiscalía.

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