La Comisaría de Mujeres Bertha Gonzales Posada Eyzaguirre, ubicada en el pasaje Buenaventura, Cercado de Lima, fue una de las supervisadas por la Defensoría del Pueblo. (Juan Ponce / El Comercio)
La Comisaría de Mujeres Bertha Gonzales Posada Eyzaguirre, ubicada en el pasaje Buenaventura, Cercado de Lima, fue una de las supervisadas por la Defensoría del Pueblo. (Juan Ponce / El Comercio)
Yasmin Rosas

No conocer el protocolo de atención al ciudadano, la falta de ambientes adecuados que garanticen la seguridad y privacidad de las víctimas de violencia familiar, y la demora en los procedimientos son las tres principales falencias de las comisarías, en el ámbito nacional, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo.

El informe arrojó que el 76% de agentes de la Policía Nacional que laboran en comisarías básicas (CB) y el 82% en comisarías especializadas en familia (CEF) no conocen el protocolo elaborado por el Ministerio del Interior (Mininter) para garantizar los procedimientos de buen trato a las personas, en especial a las víctimas de agresiones físicas, sexuales y psicológicas.

En Lima, la defensoría realizó la labor de supervisión en 30 dependencias policiales en las zonas centro (5), este (6), norte (9) y sur (10) de la capital.

En cuanto a la falta de ambientes adecuados para recibir las denuncias, el 57% de las CB y el 71% de las CEF no cuentan con áreas de uso exclusivo. Esta carencia de espacios hace que las víctimas se sobreexpongan y se atente contra su dignidad.

Asimismo, se detalló que el 33% de CB y 21% de CEF exceden el plazo de 24 horas para enviar un informe al juzgado de familia correspondiente, en casos específicos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

—Sin respuesta—
De acuerdo con la Resolución Ministerial 173-2017-IN, que aprobó la Estrategia para la Mejora de la Calidad de la Atención Prestada a la Ciudadanía en el Mininter con miras al 2021, se reconoce la “orientación a la persona como uno de los principios fundamentales”.

En esa línea, según la defensoría, se debe instaurar una nueva estructura organizacional, implementar tecnología eficiente y de calidad, y optimizar los procesos de gestión para “recuperar la confianza de la comunidad en la calidad de trabajo que [se] realiza”.

Nataly Ponce Chauca, viceministra de Seguridad Pública, resaltó que se deben poner en marcha lineamientos específicos para atender a los ciudadanos en comisarías y en las sedes del Departamento de Investigación Criminal, que son las instancias que dan una primera atención a la población.

“Esperamos que en 60 días calendario se apruebe el nuevo protocolo especializado. La prioridad es brindar un servicio eficiente y una respuesta rápida a la ciudadanía”, dijo.

La funcionaria enfatizó que en este año, se ha capacitado a 2.310 agentes en derechos fundamentales, atención adecuada en materia de género, uso racional de la fuerza y atención de calidad en comisarías. De ellos, 1.270 son de 75 comisarías de Lima Metropolitana y 1.040 de otras 62 dependencias del país. A fin de año, se espera llegar al 100% de comisarías de Lima, Callao y de 18 regiones del país.

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, recomendó que se incorpore un enfoque de género y de derechos humanos en el plan curricular de formación de los policías. “Este es un hallazgo inquietante si se trata de defender a la mujer, la familia y la niñez. En las comisarías empieza el servicio de justicia”, enfatizó. 

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