¿Cómo será la ‘desaparición’ del INPE?: el futuro de los presos, el manejo de los penales y las dudas que genera el cambio

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“Por eso es que, dentro de las facultades que hemos pedido al Congreso, está la reorganización, el cambio de concepto, de tratamiento, de forma que tiene que ver con el INPE. El INPE va a desaparecer. Eso lo hemos pedido en las facultades. Estamos esperando que el Congreso apoye ello. El INPE, como lo hemos conocido, inicia el proceso de cambio a raíz de las facultades que hemos pedido para reorganizarlo y que ese concepto que se tenía se extinga”, afirmó.

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Fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, el que explicó la medida anunciada por el presidente José Jerí respecto al INPE. El integrante del Gabinete Ministerial detalló que se plantea la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que absorberá al INPE y al Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).

“La estructura organizacional del INPE está desfasada y no se encuentra acorde con la realidad delictiva actual, planteamos para ello la creación de la Sunir, ente rector que absorberá al INPE y al Pronacej. Bajo dicha superintendencia se materializará una estructura organizacional moderna, especializada y eficiente que fortalecerá la seguridad y el tratamiento penitenciario, y lo más importante es que reducirá la incidencia delictiva y de infracción de la ley penal”, afirmó Martínez en su presentación ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.

“Lo que pretende la Sunir es integrar dos políticas nacionales que ahora se encuentran fragmentadas, el INPE y el Pronacej, ya que estas trabajan por separado, con normas, procesos y estructuras distintas. Lo que buscamos es eliminar las duplicidades y crear un sistema que sea funcional, coherente y moderno”, agregó.

El titular del Minjusdh detalló que la creación de Sunir permitirá que se le haga un seguimiento a las personas que cometen infracciones o delitos desde que son adolescentes hasta que lleguen a la adultez, a fin de evitar la reincidencia de delitos y fortaleciendo la prevención en los jóvenes.

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También aseguró que con Sunir se podrá realizar una mejor gestión de la inversión, sobre todo en la construcción de penales, ya que hay un déficit desde el 2016.

Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE y exministro del Interior, dijo que el cambio de nombre del Instituto Nacional Penitenciario y su paso a convertirse en una superintendencia se trata de una “reforma administrativa”, pero que no tendrá impacto en el hacinamiento en los penales y la corrupción que cometen los trabajadores y presos.

“Si quieren hacerlo en buena hora, es una opción, una decisión del Gobierno, pero que eso va a significar una reducción automática de la corrupción o que haya menos delincuencia en los penales, eso es una fantasía”, expresó el especialista a El Comercio.

“Es un evento que puede tender a modernizar la institución, pero no va a tener, desde ningún punto de pista, ninguna incidencia sustantiva en la corrupción ni en los males que se tienen en la cárcel”, agregó.

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Pedraza indicó que el INPE, al pasar de ser un instituto a una superintendencia, deberá mantener su autonomía normativa, económica y técnica.

No obstante, remarcó que esa reforma administrativa en el INPE no debe significar un despido de trabajadores sin motivo aparente, ya que las personas “con vínculo estable solo pueden ser despedidos en el contexto de un proceso administrativo y por una causa determinada, sino retornarán rápidamente por mandato judicial”.

Además, precisó que si bien el INPE cambiará de nombre, mantendrá sus funciones actuales. “Los que hemos participado en reformas del Estado sabemos que los nombres son poco relevantes, lo que importa son las funciones, y la realidad es que, en el marco de las funciones, casi nada va a cambiar, puede cambiar el nombre de las gerencias, pero respecto a las funciones específicas esas son universales y eso no van a variar”, agregó.

La propuesta del Gobierno de convertir al INPE en una superintendencia no logró ser entendida por Leonardo Caparrós, exjefe de dicha entidad, pues remarcó que no se ha establecido cuál es el objetivo y beneficio de la iniciativa y que existen temas más importantes que abordar en el sistema penitenciario. “Lo que no termino de entender cuál es el aporte que le puede dar esta nueva estructura al INPE”, apuntó.

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Caparrós indicó a El Comercio que la función de una superintendencia es supervisar y regular a otros órganos, que en el caso del INPE serían las cárceles, pero estas no son entidades autónomas o independientes. “El nombre superintendencia no nos dice mucho. En principio parece que va a supervisar a alguien, pero no tiene ningún sentido que una entidad se supervise a sí misma”, refirió.

Explicó que los actuales retos del INPE son obtener más presupuesto, la implementación de grilletes electrónicos, extremar la seguridad en los ingresos a los penales para evitar la filtración, adoptar un estricto régimen disciplinario para retirar a los trabajadores y funcionarios no aptos para la labor y mejorar los salarios del personal penitenciario.

En lo que sí se mostró en desacuerdo Caparrós fue en que se integren el INPE y el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), pues consideró que sería un “grueso error”. “Deberían mantenerse por cuerdas separadas. Tratar con delincuentes curtidos y que tienen varios ingresos no es lo mismo que tratar con jóvenes, quienes requieren otro tipo de tratamiento. Lo que se debería hacer es fortalecer los centros juveniles, que se cree una institución para los centros juveniles, ya que actualmente es una dirección del Ministerio de Justicia y desde ahí es muy complejo manejarlo”, aseveró.

José Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos y presidente del Instituto AKLLA Perú, consideró que el Gobierno de transición debería enfocarse en terminar de construir los penales de Huánuco, Arequipa e Ica antes que lanzar iniciativas en materia penitenciaria que, tal vez, no concluyan.

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Tello explicó que la propuesta para convertir al INPE en una superintendencia es más idónea para un gobierno que está de entrada y no para un régimen que está de salida. “Se pueden tomar acciones inmediatas con lo que ya hay. Un gobierno de transición debe ser consciente de su rol”, afirmó.

En ese contexto, señaló que dos temas que podría abocarse de manera inmediata la gestión de José Jerí son la implementación de los grilletes electrónicos y la evaluación de una posible liberación de los cinco mil hombres que están encarcelados por deudas alimentarias, lo que ayudaría a reducir el hacinamiento en los penales.