Emergencia en Lince y Cercado: el impacto en las calles, el municipio y los comerciantes

A través del Decreto Supremo 114-2023-PCM, publicado este martes en el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno oficializó la extensión del estado de emergencia a los distritos de Lince y Cercado de Lima, con miras a reducir los índices de delincuencia y crimen organizado. Dicho documento modifica el anterior decreto que estableció la medida solo para los distritos de San Juan De Lurigancho, San Martín de Porres y otros siete de Sullana, en Piura.

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El primer ministro Alberto Otárola sostuvo el pasado lunes que con esta decisión se busca preservar la seguridad y la vida de los peruanos, así como combatir de manera radical y frontal el proxenetismo, la prostitución clandestina y la trata de personas en ambas jurisdicciones.

Al respecto, El Comercio conversó con los alcaldes y gerentes de seguridad de los distritos de Lima donde rige esta medida de excepción, a fin de conocer las coordinaciones que se hicieron y se vienen llevando a cabo con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior (Mininter) y el Gobierno central en el marco de esta disposición.

Las autoridades también se manifestaron sobre la posible afectación al rubro comercial, ya que muchos negocios y establecimientos no podrán funcionar debido a la restricción horaria entre la medianoche y las 4 de la mañana.

Abdul Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de Lima, indicó que la decisión de solicitar una declaratoria de emergencia surge a raíz de la última reunión que sostuvo con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). “Luego de la evaluación que hizo la Policía Nacional se determinó que el estado de emergencia se extienda hasta el Cercado de Lima, a partir de las 00 horas de este miércoles”, dijo a este Diario.

Afirmó que el personal municipal mantuvo reuniones con el Mininter para conversar sobre los detalles de esta medida. “Vamos a apoyar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas con toda la logística y recursos humanos que necesiten para mejorar los niveles de seguridad, sobre todo con un adecuado funcionamiento de las cámaras de seguridad durante la noche”, acotó.

Miranda resaltó que el principal motivo para establecer la declaratoria fue la inseguridad ciudadana en el distrito, en especial, la alta incidencia de la trata de personas y explotación sexual. “A pesar de que hemos intervenido y se han clausurado varios hostales dedicados a la explotación sexual, todavía continúa este problema”, aseguró.

Precisó, además, que el estado de emergencia abarcará la totalidad del Cercado de Lima, incluido los emporios comerciales del Mercado Central y Mesa Redonda. “Estamos hablando de cerca de 21 kilómetros y medio”, dijo.

El funcionario señaló también que como parte de la medida excepcional se restringirá el derecho a la reunión social, pero aclaró que no se trata de un toque de queda donde se prohíbe el tránsito peatonal. Esta disposición impactará sobre todo en los establecimientos que operan durante la noche y madrugada. Añadió que los pequeños comercios no se verán perjudicados.

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“Lo que se restringe es el derecho a la reunión social, como discotecas o espacios de entretenimiento nocturno. Desde la media noche hasta las 4 de la mañana. En las bodegas no hay reuniones, ahí no habrá restricción”, aclaró.

Por otro lado, a través de las redes sociales, la alcaldesa de la Municipalidad de Lince, Malca Schnaiderman, contó que se reunió con representantes de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso de La República para exponer la problemática de la inseguridad ciudadana en el distrito.

Asimismo, señaló que su gestión ha instalado 100 cámaras de videovigilancia en las avenidas Petit Thouars, Arequipa y Arenales; así como entre los jirones Bernardo Alcedo, Tomas Guido, Risso, y Las Heras; entre otras zonas.

“Las imágenes registradas a través de estas cámaras servirán como pruebas, facilitando el trabajo de las autoridades policiales y judiciales. Una de las características de estas cámaras es el reconocimiento facial (…). En Lince se ha puesto como política el principio de autoridad y de lucha frontal contra la delincuencia”, dijo la burgomaestre.

Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, contó a El Comercio que solicitó la declaratoria de emergencia en su distrito por los altos niveles de delincuencia y muertes por encargo. “Llegamos a nuestro pico más alto, esto no podía ser detenido por los serenos, el control territorial era importante”, sostuvo.

Indicó que el segundo motivo fue que había una necesidad de que el presupuesto sea mejor distribuido. “El Ministerio del Interior tiene presupuesto, pero la burocracia es tan grande que entorpece el accionar de la policía (…). Estamos esperando el presupuesto, una declaratoria sin eso solo es un saludo a la bandera”, mencionó.

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Maldonado confirmó que su municipio no ha tenido mayores coordinaciones con las entidades del Gobierno, más que con la dirección de la policía de San Juan de Lurigancho. “Venimos trabajando de manera colaborativa, pero con algunas limitaciones. Después de la declaratoria ha mejorado el nivel de articulación. El Ministerio de Justicia estuvo desinstalando antenas de Internet que servían para dar el servicio de llamadas extorsivas. Además, ahora hay una dotación mayor de policías (1.800 efectivos)”, dijo.

Destacó que la única restricción está dirigida a los locales de diversión social, ya que estos solo pueden funcionar desde la media noche hasta las 4 de la mañana. “Le he pedido al Mininter que debemos capacitar a nuestros policías, algunos piensan que es un toque de queda y no es así. La gente puede salir en la noche a comer y los comerciantes pequeños pueden trabajar”, aseguró.

Por su parte, Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, precisó a este Diario que no solo solicitó un estado de emergencia en su jurisdicción por los delitos contra el patrimonio, sino también por los constantes homicidios y casos de sicariato que se vivieron durante los últimos meses. “Muchas veces se piensa que el alcalde debe batirse a balazos con los criminales, no es así, pero sí hay una preocupación profunda sobre los temas de seguridad”, mencionó.

Resaltó que tuvo una reunión protocolar tanto con la presidenta de la República como con los ministros de Gobierno. “Es así como se hizo posible la medida, pero más allá de eso hay que recalcar que el estado de emergencia no se da en base a un pedido de mi persona como alcalde, sino por un informe de inteligencia donde se especifica que San Martín de Porres es uno de los distritos donde están más asentadas las bandas criminales”, dijo.

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Sobre las restricciones, manifestó que, al igual que otros distritos, los locales deben cerrar de media noche a 4 de la mañana, sin embargo, estos solo pueden ser restaurantes, bares, restobares o discotecas. Además, informó que otra de las medidas que se acatará es que la policía podrá solicitar la identidad de cualquier ciudadano.

“Se está haciendo bastante control de identidad en las calles. Los vecinos deben guardar la calma. Desde el estado de emergencia no se han registrado homicidios. Antes teníamos un asesinato cada tres días. Los asaltos se están reduciendo hasta en un 18%”, expresó.

Dania Vila, presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Lince, consideró perjudicial la medida del estado de emergencia en dicho distrito, pues existe gran cantidad de establecimientos que atienden durante la noche y parte de la madrugada. Estos, debido a la restricción horaria, no van a poder funcionar de manera normal, viéndose impactados económicamente.

“En Lince tenemos un aproximado de 170 hoteles, 250 restaurantes, 10 tragamonedas y 25 discotecas, pubs y karaokes. Los trabajadores atienden normalmente en la noche, pero durante el día consumen en los centros de abasto. En ese sentido, no solos los negocios nocturnos se verán perjudicados sino toda la estructura económica del distrito”, detalló.

La empresaria comentó que algunos locales han eliminado el turno completo y se encuentran a la espera de un pronunciamiento oficial y ver si finalmente se adopta la restricción horaria como parte del estado de emergencia.

“Por lo menos el 50% de todos nuestros ingresos eran nocturnos. En restaurantes se perdió ya el 50%, en el caso de discotecas se ha perdido el 100% porque ya no pueden abrir por una hora, eso es imposible, el público está acostumbrado a llegar a las 10 u 11 de la noche. Las reservas en los hoteles de turistas extranjeros se están cambiando a otros hoteles, están cambiando disponibilidad, y muchos han anulado su reserva”, relató.

Vila agregó que ni el municipio ni el Gobierno les ha consultado previamente sobre esta decisión. Sostuvo que el estado de emergencia se podría reemplazar con mayor presencia policial y un trabajo más táctico y de inteligencia por parte de la Policía Nacional. “El municipio todavía no nos han comunicado formalmente nada. Sabemos que es una medida que la alcaldesa ha solicitado porque no ha tenido otra opción”, dijo.

Señaló también que los comerciantes de Lince han solicitado a la municipalidad del distrito que pueda realizar trabajos en conjunto con el gremio empresarial, teniendo en cuenta que debió haber existido una mesa de diálogo ya desde hace tiempo. “Para combatir estas bandas criminales se necesita otro tipo de estrategias. Con un estado de emergencia finalmente no se va a solucionar nada y esto va a seguir”, opinó.

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Salvador Ode, propietario de tiendas de ropa y dirigente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Lima, consideró que sí es necesaria una medida como el estado de emergencia a fin de combatir la delincuencia, aunque, sostiene que esta debe extenderse a toda Lima Metropolitana.

“Debería declararse en toda Lima Metropolitana y el Callao el estado de emergencia, no se puede hacer por distrito porque las fronteras son muy cortas. Es necesario poner orden de una vez por todas y que la policía haga su trabajo. Espero que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial apoyen la medida y no suelten a un delincuente luego de un par de horas”, resaltó.

El señor Ode comentó que si todo marcha bien y se hace un efectivo control del orden interno, para el mes de diciembre las cosas podrían estar más tranquilas y los índices de inseguridad ciudadana habrán disminuido. “Yo creo que en el mes de diciembre vamos a pasar un mes tranquilo, como lo merecemos todos”, dijo.

Respecto a los turistas que frecuentan el Cercado de Lima, indicó que siguen llegando con normalidad, tanto nacionales como extranjeros. Criticó, sin embargo, la presencia de rejas que rodean a la Plaza Mayor de Lima e impiden el paso.

El empresario también se pronunció sobre la situación de inseguridad que atraviesa Lince. “Me da mucha pena lo que está ocurriendo en Lince, un distrito tan lindo que estaba creciendo comercialmente, sin embargo, se está viniendo abajo por la delincuencia”, lamentó.

Por su parte, algunos trabajadores de bares y restaurantes ubicados en los alrededores de la Plaza San Martín, como el Zela, Cosmos, entre otros, expresaron su preocupación y total desacuerdo con la medida tomada por el Gobierno. Manifestaron que esta les afecta directamente, tanto a los empleados como a los dueños, porque estos locales reciben mayor cantidad de gente durante la noche y parte de la madrugada.

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“Si no se vende no hay ingresos y no hay pagos tampoco. Los dueños podrían hasta cerrar el local y nosotros nos quedaríamos desempleados. Vienen bastantes turistas durante la noche. No estamos de acuerdo con esta medida”, sostuvo una trabajadora.

En tanto, un joven de nacionalidad extranjera manifestó que los más perjudicados son ellos, quienes verdaderamente trabajan honradamente, y no los delincuentes, pues estos pueden mudar su accionar a otros distritos.

“No estamos de acuerdo porque nos va afectar demasiado. El permiso del local es hasta las 3 am y ahora vamos a tener que cerrar a las 11 pm. Puede llegar un momento en que los dueños nos manden a la calle. Estoy preocupado, si me quedo sin empleo quién me va a dar trabajo. Más difícil aún en mi condición de extranjero”, agregó.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, Abdul Miranda, descartó que las próximas salidas del Señor de los Milagros, programadas para los días 18, 19 y 28 de octubre, así como el 1 de noviembre, se vean afectadas por la medida del estado de emergencia.

“Sobre la procesión del Señor de los Milagros, tampoco habrá ninguna prohibición. Las personas pueden salir para formar parte de este movimiento. La prohibición es dentro de locales comerciales”, aclaró Miranda.

En tanto, el ministro del Interior, Vicente Romero, indicó que el estado de emergencia impedirá únicamente las actividades comerciales que se desarrollen entre la medianoche hasta las 4 de la mañana.